20 de septiembre 2008. - El ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, usó recursos económicos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para armar un aparato represivo y enriquecer a integrantes de su familia y su entorno de amigos y afines políticos.

“Toda la familia de Fernández estaba contratada en la Prefectura del departamento, estaba pagada por los dineros del IDH, con los mejores sueldos, en los mejores lugares, en los espacios más privilegiados de esta instancia departamental”, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Los familiares más cercanos de Fernández estaban apegados a la estructura administrativa de la Prefectura de Pando, en las secretarias departamentales como la de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Educativo y Productivo; esta misma situación se repetía con la familia de la esposa del ex Prefecto, Pilar Soria de Fernández.

Quintana denunció la ausencia de trabajos en beneficio de la ciudadanía de este departamento debido a este tipo de administración irregular de los recursos económicos destinados para esa región, los que fueron a beneficiar a pocas personas.

“Los más beneficiados fueron los hermanos, los cuñados, la suegra, el suegro, el padre, las hijas, los sobrinos, los nietos y que en realidad los recursos del IDH se distribuyó en toda la familia”, apuntó Quintana con muestras de indignación.

Los lugares más privilegiados eran ocupados por las siguientes personas:

-Evelin Ferreira Salvatierra, prima de Leopoldo Fernández, responsable de protocolo de la prefectura.
-Tatiana Ferreira Revollo prima del ex Prefecto, subsecretaria con ítem número 18 y un salario de 4.800 bolivianos (635 dólares).
-Eldín Ferreira Montero, primo del ex Prefecto que cobraba un sueldo sin asistir a la Prefectura.
-Roberto Enrique Soto Ferreira, primo del ex Prefecto, fungía como consultor con un salario de 19.720 bolivianos (2.608 dólares) superior al salario que percibe el presidente de la República, Evo Morales, que gana 15 mil bolivianos (1.984 dólares) , lo que viola el decreto supremo que regula la escala salarial en todo el Poder Ejecutivo.

Los parientes de Fernández también eran los mayores contratistas de las obras públicas y se beneficiaban con los contratos para el mantenimiento de caminos, construcción de postas de salud y núcleos educativos, entre otros.

Miles de dólares para obras fantasma

Juan Ferreira Filgueira, tío de Leopoldo Fernández Ferreira y Ricardo Ferreira Mejido, primo del ex Prefecto, contratistas de obra, contaban con un contrato por un monto de 159.491 bolivianos (21.096 dólares) pagados para realizar una posta de 40 metros cuadrados. Romeo Ferreira Mejido, primo de Fernández, recibió un contrato por el mismo monto para realizar la misma posta de 40 metros cuadrados.

“Estas obras no se construyeron, no existen, son obras fantasmas por lo tanto los parientes del anterior Prefecto también fueron los más grandes timadores, ladrones que se llevaron la plata sin construir un metro de las obras para el cual fueron contratados”, apuntó Quintana.

La esposa de Leopoldo Fernández Ferreira, Pilar Soria de Fernández, también tenía su cuota de poder en la Prefectura. Un hermano suyo trabajaba como chofer, una prima en la secretaría de Infraestructura, y un primo ocupaba el cargo de subprefecto de la provincia Nicolás Suárez.

Una parte de la familia de la esposa de Fernández ocupaba cargos en las provincias del departamento de Pando para controlar política y territorialmente los municipios, las comunidades, las centrales campesinas, entre otras.

La corrupción en el Comité Cívico

La segunda estructura de corrupción y nepotismo es el Comité Cívico del departamento de Pando. La ex presidenta de esta instancia Ana Melena de Suzuki también contaba con un grupo de parientes que se beneficiaban con altos salarios.

Adriana Rodríguez Melena, prima de la presidenta del Comité Cívico, técnico profesional en la Prefectura; Carlos José Suzuki de la Fuente, esposo de la presidenta del Comité Cívico, contratado en la Prefectura como funcionario profesional, administrador del programa de micro empresa, con un sueldo de 3.000 bolivianos (unos 400 dólares), pero con un gran poder de decisión.

“El esposo de la presidenta del Comité cívico manejaba 2.500 funcionarios en la Prefectura del departamento de Pando que era el brazo represivo de la esta instancia”, añadió Juan Ramón Quintana.

Los primos de la presidenta del Comité cívico eran contratistas de la prefectura. Un primo de su esposo, Ronald Camargo Suzuki, es diputado de Podemos, propietario del canal de televisión Unitel-Pando y dueño de la mayor constructora de Pando.

Los primos de Ana Melena se adjudicaron más de 40 obras de infraestructura física, de las que no se concluyó ni el 50 por ciento de estas obras y el número de estos contratos representa la mayor inversión de los recursos del IDH destinado a esta región.

“Leopoldo Fernández enriqueció a los más ricos del departamento, concentró el IDH, el patrimonio de los bolivianos y pandinos entre sus familiares, entre la bancada de Podemos, entre sus primos y parientes”, enfatizó Quintana.

Ana Malena de Suzuki se benefició directamente de los recursos de la Prefectura. Quintana afirmó tener los números de 60 cheques que recibió de la Prefectura por un valor superior a 4 millones de bolivianos (más de medio millón de dólares).

El líder de la masacre cobraba sueldo

El vicepresidente del Comité Cívico y funcionario de la Prefectura, Ricardo Shimokawa Ramos lideró la masacre en el Porvenir, Filadelfia y ganaba un sueldo por coordinar la masacre en contra de campesinos, y también contaba con su propia estructura familiar instalada en la Prefectura.

La señora Constansa Shimokawa, prima de Ricardo Shimokawa, como supervisora de obras contaba con un sueldo de 4.200 bolivianos (555 dólares). Ricardo Shimokawa Neira, padre de Ricardo Shimokawa, asesor del Consejo Departamental de Pando con un sueldo de 5.227 bolivianos (691 dólares), nunca se presentó en oficinas del consejo para trabajar.

Natai Shimokawa, tío de Ricardo Shimokawa, era asesor general de la Prefectura; su prima, Sandra Shimokawa, trabaja en el hospital de la Prefectura.

Quintana dijo que se intervino dos oficinas, una en Riberalta y otra en La Paz, ambas pagadas por la Prefectura de Pando. La primera contaba con 70 funcionarios fantasmas ganando sueldos sin trabajar.

Aseguró que 30 funcionarios estaban encargados de intimidar y perseguir a autoridades de las organizaciones sociales como un grupo de choque, lo que comprueba que Fernández pagaba paramilitares y sicarios para perseguir de manera criminal a líderes de organizaciones sociales desde Riberalta hacia el norte del país.

“Esta es la forma en la que se administró el dinero. La pelea de Leopoldo Fernández por el IDH fue solamente una pelea para beneficiar a su familia, a sus amigos, a sus compadres”, declaró.