27 de octubre 2008. - La Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca ordenó este lunes la libertad del ex prefecto Leopoldo Fernández acusado de genocidio, por la tragedia de Pando donde murieron 18 campesinos y hubo más de 100 desaparecidos.
La decisión, inmediatamente rechazada por el Gobierno del presidente Evo Morales, incluye la excarcelación del penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, así como su traslado a Sucre (sur) para ser procesado en un juicio de responsabilidades.
El gobierno boliviano denunció injerencia política en el órgano judicial
El fallo declara ilegal la detención preventiva de la ex autoridad departamental ordenada por el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, en la cárcel pública de San Pedro, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asesinato y otros.
Fernández, miembro del Consejo Nacional Democrático (Conalde), un cuarteto de prefectos opositores al gobierno de Morales, está procesado como autor intelectual de la masacre de 18 campesinos y más de 100 desaparecidos, ocurrida el 11 de septiembre durante una ola de violentas protestas anti gubernamentales.
"Â… Según lo establecido por el Artículo 118 de la Constitución Política del Estado, el juzgamiento del impetrante, debido a su condición de Prefecto de Departamento, debe llevarse a efecto bajo la modalidad de juicio de privilegio constitucional, establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal", indica parte de la resolución.
El pasado 18 de septiembre, el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del distrito judicial de La Paz, en una audiencia que duró más de cuatro horas en instalaciones de la Academia Nacional de Policías, decidió enviar a la cárcel al ex Prefecto.
Dicha resolución se debió a la posibilidad de riesgo de fuga del imputado y obstaculización a las investigaciones que se llevan a cabo en Pando, por la masacre ocurrida en el mes de septiembre.
Acorde al sustento legal de la abogada Mary Carrasco, en representanción tanto de la familia de los estudiantes asesinados como del fiscal Eduardo Morales, el Juez Dávila halló también en las acciones de Fernández, la probabilidad de su participación en la comisión del delito de terrorismo, tipificado en el Artículo 133 del Código Penal.
La abogada Carrasco, dijo que tenía lista una acción legal para bloquear el fallo del tribunal chuquisaqueño y advirtió que los jueces que ordenaron la libertad del prefecto "han cometido un delito".
Horas antes del fallo de Dávila, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz había declarado improcedente un recurso de Hábeas Corpus interpuesto por los abogados de la ex autoridad pandina, a quien el Gobierno Nacional acusa de ser el principal responsable intelectual de la matanza del 11 de septiembre en Porvenir.
Un día después, luego de ser decretado el estado de sitio en esa región amazónica, Fernández desconoció la medida del gobierno, por lo que fue arrestado de forma inmediata y conducido a La Paz.
La decisión asumida este lunes por la Sala Penal de la Corte chuquisaqueña, indica también que el confinamiento del ex prefecto en un reciento carcelario no corresponde; sin embargo, el Gobierno tiene la última palabra en este tema, ya que continúa vigente el estado de sitio en la jurisdicción territorial del departamento de Pando.
Sin apoyo gubernamental y popular
En paralelo al dictamen de la resolución, activistas en apoyo al gobierno, se congregaron en una plaza vecina a la cárcel paceña. El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, dijo que la orden judicial ''es nula de pleno derecho, no ha nacido a la vida de derecho y en consecuencia no tiene vigencia''.
Gamarra señaló que el Gobierno no cumplirá la orden porque considera que la audiencia de hábeas corpus fue ilegal, entre otras razones debido a que dos ministros demandados no fueron notificados al encontrarse fuera del país.
Asimismo, el ministro explicó que la sala penal no tenía atribuciones para decidir el tipo de juicio que debe enfrentar el prefecto de Pando, debido a que ésta es una atribución del fiscal general, quien ya ordenó la apertura de un proceso ordinario en La Paz.
"Fernández no ha cometido delitos que son parte del ejercicio de sus funciones, sino delitos de lesa humanidad", agregó Gamarra.
Por su parte, el ministro de Defensa Legal de las Nacionalizaciones, Héctor Arce, coincidió, en conferencia de prensa, que el recurso de hábeas corpus es un ardid jurídico que no tiene ningún valor y no tendrá ningún efecto vinculante.
Para Arce, la tramitación en Sucre busca el contubernio para lograr una libertad que no corresponde en derecho de una persona que está acusada de delitos de lesa humanidad. También denunció que el órgano judicial que valoró el caso es una sala conocida por sus fallos en favor de determinados intereses contrarios al Estado nacional.
El presidente Morales ha designado a un militar como prefecto interino de Pando y anunció el pasado fin de semana que este funcionario permanecerá en el cargo hasta la elección de una nueva autoridad regional en abril del 2010.
