28 de octubre 2008. - Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional, afirma que las autoridades colombianas niegan reconocer la existencia de un conflicto armado interno, mientras que la población civil cuenta otra versión de los hechos. "Es imposible resolver un problema sin admitir que existe. Negando la situación sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir", concluyó Pollack.
"¡Déjennos en paz!", la población civil, victima del conflicto interno de Colombia, es un estudio realizado entre 2006 y 2008. El informe recoje testimonios, datos, cifras y estadísticas de defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y comunitarios, víctimas y testigos de abusos contra los derechos humanos, miembros de las fuerzas de seguridad, representantes de la Iglesia católica, de organizaciones indígenas, de afrodescendientes y de mujeres, de la comunidad internacional y de agencias internacionales, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los investigadores e investigadoras de AI, también mantuvieron reuniones con funcionarios y autoridades del gobierno regional y nacional, incluido el vicepresidente de la República, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El informe muestra que el indice de secuestros y seguridad ha empeorado, desmintiendo así, las reiteradas declaraciones del gobierno, en las que afirma que los "grupos paramilitares ya no estás activos", "que en colombia se respeta plenamente el trabajo de los activistas sociales y los sindicalistas". Pollack, al respecto, dice que la población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos olvidados del mundo, atacada por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, mientras que el gobierno no toma ninguna medida de prevención.
Algunas cifras del informe, muestran que en 2007, fueron asesinados 1400 civiles, cien más que el 2006; de esos mil 400 crÍmenes, 330 son responsabilidad de fuerzas militares y policiales del Estado, 300 de grupos paramilitares y 260 de la guerrilla. En el mismo año 305 mil personas fueron desplazadas y 190 fueron víctimas de desaparación forzada.
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