12 de mayo 2009. - Los carapintadas fueron varios grupos de activistas militares de extrema derecha que llevaron a cabo una serie de alzamientos entre 1987 y 1990 contra el gobierno de Raúl Alfonsín, con el objetivo de frenar los juicios contra represores acusados de violaciones a los derechos humanos.

El mote alude al uso de pintura de camuflaje por parte de los insurrectos. Estos levantamientos lograron la "Ley de Punto Final" y la "Ley de Obediencia Debida", que pusieron en libertad a los militares juzgados.

Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría de los participantes en los hechos no recibió castigo, y aún los cabecillas fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem en 1989.

Los ex carapintadas en el golpismo contra Evo

La Cancillería argentina recibió esa información de la embajada en Bolivia luego de que el gobierno de Evo Morales desbaratara una célula terrorista integrada por húngaros, croatas y bolivianos en el departamento de Santa Cruz.

“Estaría presente en la zona del Beni (norte de Bolivia) una célula argentina de once ex carapintadas que se sumarían a otras dos células (brasileña y uruguaya), integradas por ex militares que habrían estado en misión en los Balcanes. La mencionada ‘célula argentina’ habría mantenido contactos con sectores de ‘ultraderecha’, opositores al actual gobierno nacional boliviano, en Santa Cruz y en Cobija, departamento de Pando.”

La información, fechada el 4 de mayo, que recibió la Cancillería argentina de la Embajada en Bolivia y a la que accedió el periódico argentino Página/12, señala que “empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían requerido la presencia de los ex militares con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales”.

Las piezas del rompecabezas se empiezan a colocar en posición a partir de la investigación sobre el grupo de terroristas, liderado por Eduardo Rózsa Flores, “Héroe de la Guerra de los Balcanes”, que fue desbaratado por la Policía Nacional de Bolivia el pasado 16 de abril. El presidente Evo Morales denuncia que la banda planeaba un magnicidio.

El pasado 21 de abril este diario argentino informó que el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se había comunicado con el embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo, para pedirle colaboración en el control de los pasos fronterizos “por la eventual presencia de activistas argentinos en distintas regiones de Bolivia”. En ese momento se mencionaban los viajes a Bolivia del mayor retirado Jorge Mones Ruiz, uno de los reincidentes carapintadas que entre el ’87 y el ’91 se alzó en armas para exigir la impunidad de los represores en la última dictadura militar argentina.

El nuevo informe da cuenta de que “Mones Ruiz habría estado en contacto con el presunto terrorista/mercenario ultimado Rózsa Flores y con (Luis Enrique) Baraldini”, otro compañero de armas prófugo de la Justicia argentina por su actuación durante la represión ilegal en la provincia de La Pampa y radicado en Santa Cruz de la Sierra con nombre falso. Mones Ruiz estuvo destinado como oficial de inteligencia del Ejército argentino en Bolivia durante un tramo de la última dictadura y suele jactarse del conocimiento de sus camaradas bolivianos.

Al ex carapintada lo seducen sus vínculos con la ultraderecha latinoamericana. En 1987, el Círculo Militar argentino le publicó un libro en el que desarrollaba su expertise sobre la formación de grupos comandos contra los procesos revolucionarios en Centroamérica. Este año, encontró un anclaje institucional en la llamada UnAmérica, una ONG que pretende ser la contracara de la Unasur, la organización que integran los presidentes de América Latina. Justamente, los gobiernos “izquierdistas”, especialmente los de Bolivia y Venezuela, provocan los desvelos del comité liderado por el venezolano antichavista Alejandro Peña Esclusa.

Mones Ruiz despunta el vicio de difundir su pensamiento en distintos formatos pero con la misma obsesión. Con otro de sus camaradas carapintada, Breide Obeid, formó el “Conjunto Patria” y sale a cantar sus propias letras en encuentros católicos. Más académico, publicó varios libros, entre ellos Argentina ¿sin destino? Estudio sobre las nuevas amenazas, y se explaya en páginas web sobre “el desgobierno y las falencias institucionales (aprietes a empresarios, control de precios, crisis energética, caso ‘Papeleras’, inseguridad ciudadana, corrupción, justicia ‘tuerta’, agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, violencia social, comandantes militares desmemoriados, fuerzas policiales con menos garantías que los delincuentes, etc.), están generando las condiciones para el cambio estructural que la sociedad reclama”. Hiperactivo, el año pasado empezó a hacerse tiempo para recorrer las asambleas rurales y azuzar el conflicto con el campo argentino.

Esclavo de las palabras

La violenta irrupción de la policía en el cuarto piso del hotel Las Américas que terminó con la muerte de Rózsa Flores (boliviano-húngaro-croata), Arpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Dwyer (irlandés) y la detención de Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóásó (rumano-húngaro) potenció la virulencia opositora en Bolivia. El presidente Evo Morales aspira a ser reelecto el próximo 6 de diciembre y leyó la actuación de esos comandos trasnacionales como una prueba cabal de un plan para asesinarlo. En el entramado de relaciones en ese campo minado aparecen indicios de la participación de los personajes de siempre.

Cinco días después del operativo en el hotel, la Red de Televisión Húngara emitió una entrevista realizada por el periodista Andras Kepes el 8 de septiembre de 2008 en la que Rózsa confirma que viajó a Santa Cruz de la Sierra a pedido de personas que le solicitaron formar un grupo de autodefensa de la región y que, si no se lograba la coexistencia pacífica con el resto del país, se buscaría su independencia.

El diario El Deber, de Santa Cruz, detalló que “el hombre, de 49 años, aseguró que su misión ‘tenía respaldo legal’, ya que la decisión de organizar la milicia se basaba en la autorización del Consejo de Santa Cruz. Consultado el presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Parada, aseguró que no conocía nada al respecto y que no sabía a cuáles de los consejos o asambleas que funcionan en Santa Cruz pidió permiso.

Según Rózsa, un grupo de opositores políticos lo contactó hace más o menos año y medio desde Santa Cruz. Su misión principal era defender la región de los grupos y milicias de indígenas. ‘Estamos dispuestos, dentro de unos meses, en el caso de que la coexistencia no funcione y en virtud de la autonomía, a proclamar la independencia (de Santa Cruz) y crear un nuevo país’, dijo Rózsa.”

Rózsa grabó la entrevista como un testamento: sólo podía ser difundido en caso de muerte. El extraño personaje que supo militar en el Opus Dei, convertirse al islamismo y ser consagrado “Héroe de la Guerra de los Balcanes” terminó reclutando mercenarios para defender a la ultraderecha boliviana. La participación en el frente croata le abrió lazos con militares latinoamericanos que encontraron en esas milicias el nicho buscado para desarrollar sus competencias de comandos.

Mano de obra

El detallado informe que se está analizando en la Cancillería argentina cuenta que empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían apelado a los ex militares argentinos “con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales y avasallamientos de distintos tipos, incluyendo la toma de tierras privadas por parte de entidades sociales como el MAS”, en alusión al Movimiento Al Socialismo, el partido que lidera Evo Morales.

El modelo de los terratenientes brasileños que instauraron virtuales escuadrones de la muerte para contrarrestar la acción de los Sin Tierra ilumina el imaginario de las fuerzas reaccionarias de los secesionistas de la región már rica de Bolivia. La organización Human Wright Foundation Bolivia, que responde a Victor Hugo Achá, sería el alma matter de la estrategia encuadrada en los objetivos de UnAmérica, evalúa el texto que recaló en la Cancillería argentina.

El 30 de abril, el fiscal boliviano Marcelo Sosa quien instruye la investigación por la actuación del grupo de Rósza convocó a declarar a Achá para corroborar las declaraciones de algunos de los detenidos en la causa. El presidente de HWF había viajado una semana antes a los Estados Unidos y anunció que no regresará hasta que no le den garantías legales para defenderse de las acusaciones. Sin embargo en una comunicación telefónica con un canal local reconoció que conversó en más de tres ocasiones con Rózsa pero, obviamente, negó cualquier vínculo con la milicia que organizaba el boliviano-húngaro-croata.

Según consignó el diario La Prensa, de La Paz, Juan Carlos Gueder, el detenido declaró: “Sé que había otra persona vinculada dentro del campo político (para ser asesinado en Bolivia), pero tampoco sé su nombre, porque hay otra gente que debería estar dando la cara aquí, debería estar aquí el señor Hugo Achá dando la cara”. Gueder aseguró que el dirigente de HWF había estado en las reuniones con la presunta banda terrorista. A Gueder le otorgaron la prisión domiciliaria por haber colaborado con la Justicia.

El 1° de mayo, el presidente boliviano dijo que si la organización no aclara sus vínculos con “los terroristas” podría ser expulsada del país como ya ocurrió en Venezuela por entrometerse en la política nacional. El comité Pro Santa Cruz, centro de la flor y nata de la oposición que reiteradamente intentó desestabilizar a Morales, convocará a una asamblea para evaluar qué hacer ante el avance de la investigación por los vínculos de empresarios con los presuntos terroristas abatidos en el hotel America.

En ese marco actúan los sectores representados en UnAmérica, organización en la que el carapintada argentino Mones Ruiz se desempeña como secretario, y proyectan presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Morales acusándolo de ser el responsable de la Masacre de Pando. El objetivo es contrarrestar el informe aprobado por la Unasur que derivó en la prisión, entre otros, del prefecto de Pando por la persecución y los asesinatos racistas fogoneados desde la ultraderecha.