19 de oct. 2010.-Según afirma The New York Times, la administración Obama está trabajando en una propuesta de ley que obligaría a todos los prestadores de servicios de comunicaciones online (correo electrónico, mensajería instantánea, VoIP, intercambio de archivos,…) a introducir medidas en su software que permitan al gobierno estadounidense espiar las comunicaciones que se producen entre dos usuarios, incluso aquellas que están encriptadas.
El motivo esgrimido es que, con el auge de las comunicaciones a través de Internet, las llamadastelefónicas han disminuido, y estas últimas son más fáciles de interceptar que las comunicaciones online, tanto a nivel técnico como judicial. Con ello, las agencias federales de seguridad ven dificultada su labor de seguimiento y de (por lo menos, así afirman ellas) lucha contra el terrorismo.
En la informática, una puerta trasera (o en inglés backdoor), es una secuencia especial dentro del código de programación de la computadora mediante la cual se puede acceder a su sistema, evitando los controles de seguridad y a espaldas del dueño de la máquina o de la red. Estas puertas suelen ser utilizadas para fines maliciosos y espionaje.
Por el momento, la propuesta de ley se encuentra en estado embrionario, se está trabajando en ella y es posible que sea presentada al público y enviada al congreso estadounidense para su tramitación en algún momento del año que viene.
De ser aprobada y entrar en vigor, afectaría a los principales servicios online que ofrecen servicio en todo el mundo pero cuyos servidores se encuentran físicamente en EEUU o con parte de su infraestructura o sede social allí: Skype, BlackBerry, Gmail o Hotmail entre otros.
Como es habitual en este tipo de iniciativas, el anuncio no oficial de este proyecto ya ha despertado las primeras críticas en Internet, por lo que también podría caber en las posibilidades de que la información publicada en el New York Times fuera fruto de una filtración por parte de quienes están preparando el proyecto para calibrar la reacción de la opinión pública.