28 Mar. 2014.- La Defensoría del Pueblo ha ejecutado 757 actuaciones defensoriales en todo el país durante los hechos violentos protagonizados por grupos de la derecha desde el pasado 12 de febrero.
Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo, precisó que las actuaciones incluyen comisiones realizadas en centros de detención, centros de salud y mediaciones realizadas en focos de perturbación de la paz.
Estas comisiones han recabado cerca de 400 quejas o denuncias, las cuales no siempre se refieren a maltratos físicos, sino a ataques verbales, amenazas o conductas inapropiadas cuando las personas son aprehendidas, detalló durante un programa transmitido por el canal Venezolana de Televisión, citado en nota de prensa.
Además, detalló que la Defensoría del Pueblo ha registrado tres casos en los que presuntamente estarían implicados oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes deberán ser juzgados por los tribunales competentes.
Al respecto, afirmó que la institución que dirige no tiene ningún compromiso con ningún funcionario que se haya apartado del cauce constitucional y agregó que "la no impunidad es la garantía de paz y tranquilidad para toda la población venezolana".
Enfatizó que las investigaciones serán tratadas de forma impecable y los funcionarios involucrados serán sancionados. Por ello, llamó a toda la sociedad a tener "confianza en que el Estado está atendiendo estos temas" e insistió en que se debe promover el respeto por la actuación de las instituciones, como la Defensoría y la Fiscalía General de la República.
Este viernes, la defensora también presentó el Informe Preliminar "Febrero: Un Golpe a la Paz" que detalla las actuaciones defensoriales sobre los hechos ocurridos en el país durante el período del 12 al 26 de febrero de 2014.
Durante el acto, Ramírez precisó que dicho informe consta de más de 100 páginas e incluye seis capítulos en los que se revisa el contexto de las manifestaciones y la situación recogida concerniente a los derechos a la integridad personal, la vida, la libertad personal, al debido proceso y la libertad de tránsito, así como las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en el marco de estos eventos.
Acotó que cerca de 800 funcionarios de la institución se encuentran desplegados en todo el país en las 33 sedes que conforman la Defensoría del Pueblo, asistiendo a los familiares y a las víctimas de la violencia.
Señaló también que el informe está siendo actualizado constantemente a raíz de los hechos que se vienen sucediendo cada día.
Asimismo, hizo un llamado al uso responsable de las redes sociales, así como a no hacerse eco de rumores e información no confirmada. También exhortó a los mandatarios regionales y municipales a hacer uso de la mediación y el diálogo como herramientas para tratar las diferencias en actos como la obstrucción de vías o el ataque a bienes del patrimonio público.
Con relación al Derecho a la Integridad Física, expresó que se han recibido 44 denuncias, a las cuales se les está haciendo seguimiento.
En cuanto a las denuncias sobre casos de torturas, la Defensora hizo la distinción entre lo que se considera tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el ordenamiento jurídico, debido a que cada conducta tiene una definición y una pena distinta.
"Se alega que existen casos de torturas (por parte de algunas ONG) que nosotros vamos a estudiar detenidamente, pero como dije anteriormente, solamente tenemos una denuncia que estaba en investigación, pero con el cruce de esta información creo que nosotros vamos a poder tener un panorama más claro y por supuesto impulsar la investigación para garantizar la administración de justicia", apuntó.
