El mayor conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia, antes del actual, se produjo en 1995, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, luego del ataque del grupo guerrillero colombiano ELN al puesto fluvial de la infantería de Marina en Cararabo, donde fueron asesinados 20 efectivos de la Armada venezolana. Una acción inesperada que se produjo a apenas 5 años de haberse firmado la Declaración de Ureña y el Acta de San Pedro Alejandrino (1989-1990), que prometían abrir un período de cooperación y entendimiento en las relaciones colombo-venezolanas. La reacción inmediata del presidente Caldera fue ordenar el cierre de la frontera.
Para entonces, Venezuela exportaba bienes a Colombia por un valor que superaba los 1 mil millones de dólares, lo que constituyó al país vecino en el principal mercado de exportación para los productores privados venezolanos y generó una balanza comercial favorable a Venezuela. Dada esta particularidad, las diferencias fueron subsanadas con prontitud en un diálogo establecido con el gobierno de Ernesto Samper y en respuesta a la carta enviada al ministro de hacienda venezolano por los ministerios de comercio exterior y de hacienda colombianos, en la que se determinaba que “por sujetar los pagos por las exportaciones colombianas al filtro de la Junta de Administración Cambiaria, impidiendo el libre flujo de pagos, Venezuela corre el riesgo de perder su principal mercado de exportación”.
Es decir, más allá del conflicto humano y de seguridad ciudadana que significaba la obvia inestabilidad fronteriza a causa de las acciones de los grupos guerrilleros colombianos, el tema comercial privaba en los intereses políticos de cada Estado. Aquella “frontera caliente” de 2 mil 200 kilómetros, a través de la cual más de 2 millones y medio de colombianos habían cruzado a Venezuela para escapar de una guerra que se prolongaba por 40 años, no podía permanecer cerrada durante mucho tiempo, porque desde finales de los ochenta, gracias al proceso de integración latinoamericano, las necesidades de las economías de ambos países y la presión de los habitantes fronterizos, comenzó a significar un aliviadero humanitario para el propio Estado colombiano.
Hoy los conflictos con “la hermana más complicada del continente”, como denominó a Colombia Jorge Arreaza, Vicepresidente de Venezuela para el momento en que, en agosto de 2015, se produjo la acción fronteriza más drástica desde 1995, vuelven a marcar la agenda política bilateral. Repetidos cierres parciales de frontera, extradición de colombianos y establecimiento de controles al intercambio comercial fronterizo, han sido las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro como respuesta a lo que considera acciones conspirativas de la derecha internacional y del imperio norteamericano para, desde Colombia, “quebrar” la economía venezolana.
Si bien es cierto que, desde 2005, cuando se paraliza el avance del ALCA y se constituye el triángulo Argentina-Brasil-Venezuela, bajo la influencia de las políticas concertadas entre los presidentes Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Hugo Chávez, el escenario geopolítico suramericano y continental comienza a sufrir modificaciones estratégicas considerables en cuanto al marco de relaciones bi y multilaterales, que inciden en el disparo de “alertas de seguridad” para el sistema de intereses globalizados de los centros de poder y del sistema financiero internacional, cabría preguntarse hasta dónde las acciones del actual gobierno venezolano resultan ajustadas a la dimensión real del conflicto. No hay que olvidar que, dentro de las propias tesis conspirativas, se ubica aquella que señaló la decisión del cierre fronterizo de 2015 como una estrategia distractiva de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, cuyo resultado, como vimos, igual fue desfavorable al interés oficialista.
Lo cierto es que estas acciones recrudecen el ya antiguo conflicto fronterizo colombo-venezolano y nos colocan ante uno de los dilemas más clásicos de las relaciones internacionales: los derechos del Estado versus los derechos ciudadanos, además de generar considerables riesgos para el desarrollo de efectivas políticas de intercambio comercial -asunto que termina por resultar siempre el más reclamado por las partes en conflicto.
Frente a todo esto resulta necesario y pertinente colocar el ojo sobre la situación e iniciar un ciclo de consultas con especialistas en el tema colombo-venezolano, considerando los aspectos geopolítico, de seguridad y humanitario, además del comercial, en un intento de ofrecer un panorama interpretativo que puede colaborar con la mayor comprensión del conflicto, e iniciamos esto con el ex ministro de comercio y ex embajador en Colombia Gustavo Márquez, para trazar un cuadro referencial.
Colas para cruzar la frontera y adquirir productos en Colombia. Foto: Contrapunto / Rafael Briceño
En el marco de los recientes conflictos con Colombia, que han significado el cierre de una frontera viva de 2 mil 200 kilómetros, ¿cuál es la consecuencia inmediata para la balanza comercial?
En primer lugar, las relaciones comerciales con Colombia han estado muy distorsionadas en los últimos años, en especial por el tema del contrabando. El intercambio en la economía ilegal o paralela -como se quiera llamar- termina siendo muy superior al legal, que es el que se registra en la balanza comercial. De manera que no puede hablarse de mejorar las relaciones comerciales entre los dos países si no se ataca en conjunto ese problema, que afecta a Venezuela -como es ampliamente conocido-, mediante la generación de escasez. Esta escasez impulsa la inflación y genera un problema de expansión de la criminalidad, que está detrás siempre de las redes mafiosas del contrabando y el narcotráfico. Esta es una economía que viene siendo motorizada por el dinero procedente del lavado de dinero del narcotráfico, que interviene directamente en la fijación de las tasas de cambio, en el caso de las casas de cambio colombianas.
Es decir, la tesis de que hay grupos paramilitares controlando la actividad del canje de divisas en la frontera colombo-venezolana.
Si creo, y claro eso no lo digo yo, se dice en Colombia, incluso. Esas casas de cambio son una especie de lavandería del narcotráfico y el paramilitarismo está estrechamente vinculado al narcotráfico y a lo que se llaman las BACRIM, las bandas criminales que quedaron como residuos del paramilitarismo colombiano. Éstas se han plegado hacia Venezuela, no solo por razones políticas, pues siempre hay un factor político presente, porque hay que decir con claridad que la DEA, que supuestamente es un organismo de combate al narcotráfico, termina por ser un instrumento para hacer política en la región, para hacer injerencia y financiar, incluso, actividades políticas, como lo sabemos por el caso bien conocido Irán-Contras. Aquí estamos hablando de muchísimo dinero.
Cuando se produjo el cierre fronterizo en 2015, se realizaron reuniones bilaterales entre las fuerzas de seguridad de Colombia y Venezuela. Allí acordaron una serie de acciones conjuntas para disminuir las actividades ilegales en la frontera. ¿Cuál ha sido el resultado de esto?
La verdad es que no puedo emitir un juicio totalmente objetivo sobre esa materia, porque son temas que manejan los Estados, y que no trascienden a la opinión pública. Pero los efectos si se pueden observar, y diría que han sido ineficaces porque no ha habido una voluntad política, fundamentalmente del Estado colombiano. Y eso lo demuestra el hecho de que Colombia se ha beneficiado del contrabando, lo que se refleja en las estadísticas referentes al tema de la gasolina. Y es que resulta que Colombia tiene una pequeña capacidad de refinación, que no llega a los 200 mil barriles y que incluso está en proceso de reconversión para elevar su capacidad, pero su consumo nacional está por encima de esa capacidad, y de manera ilógica Colombia exporta combustible. La pregunta es: ¿Cómo puede exportar combustible si no tiene capacidad de producción interna? Lo que lo explica es la existencia de un bypass. Es decir, Ecopetrol no suministra combustible a la región fronteriza y esa falla es suplida por el contrabando, entonces el diferencial es el que se exporta.
En 2015, el cierre de la frontera no fue absoluto. Si alguien tenía contactos podía usarlos para cruzar el puente Simón Bolívar sin problemas. Foto: Contrapunto / Rafael Briceño
¿Y con referencia a otros renglones del contrabando, como el de medicamentos, por ejemplo?
Bueno, es un mecanismo de alivio para la crisis estructural de la economía colombiana el que en la frontera se desarrolle una economía paralela, esto logra paliar la fuerte recesión existente en la frontera, pero a la vez es un factor que destruye el aparato productivo formal. Y el mejor ejemplo es el caso del consumo de carne en Cúcuta. Ahí resulta que, paradójicamente, pasa lo mismo que con la gasolina. El matadero de Cúcuta llegó un momento que se paralizó, y cuando trabaja lo hace a muy bajísima capacidad. Sin embargo, hay suministro pleno de carne, ¿por qué? Porque las 500 o 600 reses que se benefician vienen de Venezuela, en pie, y se hacen en mataderos clandestinos, que operan como una red. Eso es solo un ejemplo de lo que significa esa imbricación que hay entre esa economía ilegal y los problemas de Venezuela y de Colombia. Por eso es que los dos Estados tienen que trabajar para hacer un acuerdo que permita disminuirlos.
Pero hay un tema clave: el cambiario.
Claro que es un tema clave, porque crea un desequilibrio que estimula la corrupción, los sobreprecios, la escasez en Venezuela, la recesión en Colombia. Y eso es el resultado de dos cosas fundamentales: en primer lugar, del lado venezolano tenemos una política cambiaria suicida, la de mantener un dólar sobrevaluado que no produce los resultados que se dicen. Supuestamente se controla a 12 bolívares una parte de la divisa, la gran mayoría, estamos hablando del 80 por ciento de los ingresos, para garantizar a la población que pueda comprar más barato los bienes básicos, y eso no es así, no es la verdad, lo sabemos todos. No hay tal cosa, y eso ha sido un factor de impulso de la corrupción interna, el contrabando y la inflación.
El Estado venezolano tiene que revisar esa política y aproximarse a un modelo de política cambiaria que establezca un punto de equilibrio, y hacer un diseño de una política económica integral que lo permita. Y el Estado colombiano tiene que desmontar el paralelismo que crearon el año 2000, al desvincular el mercado de divisas del dólar respecto del peso al mercado del dólar respecto al bolívar, creando en la frontera un sistema cambiario, que es semi oficial, y que en definitiva es el que marca el valor de la moneda en Venezuela, producto también de los errores de la política económica en nuestro país. Fíjate que allí hay un problema que solo puede ser resuelto con el concurso de los dos Estados, porque si Venezuela mejora su política cambiaria, si vamos a un dólar único, de todas maneras seguiría el paralelismo y la distorsión en Colombia.
Hay una tesis que parece simple, pero que contiene fundamentos considerables: así como los problemas de orden humano entre Colombia y Venezuela se deben, básicamente, al desplazamiento de nacionales colombianos hacia Venezuela como consecuencia de la guerra sostenida durante casi 60 años entre el Estado colombiano y la guerrilla, los problemas de orden económico responden a la diferencia del poder adquisitivo de las monedas de ambos países.
Ese es un punto muy importante en este momento, pero tampoco podemos ver el problema tan complejo de la interacción entre Colombia y Venezuela solo desde la perspectiva económica y cambiaria. Pero sin duda en este momento ese problema es un punto clave y no se resuelve abriendo casas de cambio en la frontera del lado venezolano. Hay cabe la pregunta de ¿qué es lo que se busca allí en realidad? Yo no termino de entenderlo, porque ¿será que esas casas de cambio van a poner a flotar, igual que en el lado colombiano, el peso respecto al bolívar? O sea, ¿van a hacer una especie de negativo de lo que ocurre al otro lado de la frontera?
Si eso es así, recordemos que hablar de pesos es hablar de dólares. Es decir, el Banco Central de Venezuela tendría que suministrar los dólares que cambiados a pesos puedan ofrecerse en esas casas de cambio para competir, si es que es eso lo que se busca, con el lado colombiano. Pero eso es absurdo. Si lo que se plantea es buscar el equilibrio ese no es el camino, porque va a ser muy difícil competir con las casas de cambio colombianas, ya que los que van a esas casas de cambio lo hacen para obtener bolívares con los que comprar en Venezuela los bienes que proceden del contrabando. Entonces esas casas de cambio suministran bolívares, pero tienen que captarlos también, y allí es donde está el proceso que genera la economía ilegal. ¿Venezuela va a repetir eso de este lado de la frontera? Con eso lo que estamos más bien es transfiriendo dólares para generar una competencia que no va a permitir bajar el dólar paralelo. No lo va a bajar porque la dinámica de esa economía tenderá siempre a devaluar la moneda venezolana.
Lo que tendría que plantearse es un esquema cambiario que permita realmente una sinceración del tipo de cambio venezolano y tomar medidas, eso sí, de cierre de frontera, así como lo hace cualquier país del mundo, en el sentido de que de lado acá yo no puedo estar ofreciendo sino la moneda venezolana y la divisa, que es el dólar, no el peso. Simplemente no puede haber libre convertibilidad del peso ni en Venezuela ni en la frontera.
Durante el cierre de la frontera los comerciantes se vieron afectados. San Antonio del Táchira, 2015. Foto: COntrapunto / Rafael Briceño.
La libre convertibilidad es señalada como factor fundamental en el esquema de generación especulativa y de escasez en la frontera colombo-venezolana. El Estado colombiano ha mantenido, a través de la denominada Resolución No 8, este mecanismo en sus casas de cambio fronterizas. Como usted apunta, reproducir el mecanismo de este lado parece un contrasentido, aunque pudiera evaluarse también como una estrategia para obtener divisas en la moneda de un país con el cual se tiene una activa relación comercial, además del objetivo manifiesto de detener el comercio ilegal de gasolina.
Pero es que no puede haber eso mientras no exista una coordinación macroeconómica y cambiaria. Allí otro gallo cantaría y entonces el Banco Central tendría que eliminar la libre convertibilidad. Y eso sí, si hay casas de cambio del lado venezolano será para hacer ese tipo de transacciones: usted viene a Venezuela y va a comprar aquí, entonces traiga dólares y le damos bolívares.
Y con el tema de la gasolina, lo que debe hacer el Estado colombiano, si realmente quiere resolver el problema del contrabando con Venezuela, es otorgarle la concesión a PDVSA para que ésta venda en suelo colombiano, pero eso sí, al precio que la gasolina tiene en Colombia, porque no tiene lógica que nosotros vayamos a subsidiar gasolina en esa región, oficialmente.
La complejidad de las relaciones y los problemas colombo-venezolanos ciertamente es grande y antigua, y las tesis conspirativas han estado presentes en cada momento difícil de esta relación que responde a intereses geopolíticos muy marcados. Vale recordar uno de los conflictos más duros anterior al presente: el cierre de frontera decretado por el Gobierno de Rafael Caldera en 1995, durante el gobierno en Colombia de Ernesto Samper y el momento más álgido de la era Clinton en Estados Unidos. El Gobierno venezolano insiste en la tesis conspirativa y coloca detrás de esta los intereses geopolíticos norteamericanos, y la reciente intención manifiesta de Colombia para formar parte de la OTAN parece darle combustible para mantener la tesis. No obstante, viene a los Estados Unidos un gobierno de otro corte, el de Donald Trump. ¿Cuál cree usted que será el papel que pasará a jugar Colombia frente a Venezuela durante la gestión de Trump, quien ha advertido que retomará “el destino manifiesto” de los EEUU en la región?
Eso es lo que hace mucho más complejo el problema, el involucramiento de los intereses geopolíticos. Y no hay que olvidar que esos intereses no solo son de los Estados Unidos, sino también de la oligarquía colombiana. Y otra cosa que no debe descuidarse es que Colombia no tiene petróleo, y a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos de exploración para obtener hidrocarburos, tampoco tiene la capacidad para garantizar el suministro energético nacional. Entonces hay, por supuesto, una vieja aspiración, y no es una aspiración cualquiera, porque en el imaginario de algunos de estos oligarcas se asume a Venezuela como una especie de provincia, que se desprendió en algún momento de la Gran Colombia o de lo que fue el Virreinato de Bogotá. La aspiración es la de participar en un gran festín en el momento en que puedan acceder a los recursos venezolanos.
Esa intención y esa presión han estado también de lado de los gobiernos venezolanos históricamente, buscando siempre mecanismo de entendimiento, de algún tipo de equilibrio, y creo que eso ha sido importante para evitar un conflicto entre pueblos hermanos, detrás de lo cual no hay que perder de vista que puedan estar los Estados Unidos con su política guerrerista, en un escenario actual donde pierde poder como imperio, su hegemonía desde el punto de vista político, aunque sigue teniendo un aparato militar poderoso.
Partiendo de eso diría que hay una amenaza real. Lo del Plan Balboa no fue un invento, fue el establecimiento de un escenario de guerra, que afortunadamente se filtró. Hablamos de los años 2001-2002, y está bien claro que aún hay un escenario de intervención. Cambia un poco porque hay un acuerdo de paz en Colombia, pero en definitiva está planteada una especie de operación tenaza para tratar de fragmentar el territorio nacional y tomar espacios.
Esto se hace más preocupante porque lo ocurrido en Colombia no fue la firma de un simple tratado de cooperación con la OTAN, sino que el gobierno de Santos pidió el ingreso como miembro a la organización, lo cual rompe el esquema y la tradición latinoamericana, porque es incompatible con el Consejo de Defensa Suramericano establecido dentro de Unasur, la Celac, y de los acuerdos que han estructurado a América Latina como zona de paz y libre de armas nucleares.
Sin embargo el estatuto de la OTAN solo permite el ingreso de nuevos miembros a países europeos.
Sí, y eso le respondió la OTAN a Colombia, aunque Canadá y Estados Unidos están en la organización, así que eso parece ser relativo. Y además Estados Unidos es el rector de la OTAN, y coordinador de las fuerzas militares, eso no hay que perderlo de vista. Y fíjate que al final la respuesta a esa solicitud terminó siendo un acuerdo de cooperación, pero que prácticamente le da a Colombia el rango de Estado Asociado. Si revisas la ley que ya aprobó el parlamento colombiano, verás que allí se deja bien claro que el objetivo estratégico es utilizar la capacidad que acumuló el ejército colombiano durante los 60 años de conflicto, para entrar en operaciones bajo la dirección de la OTAN. Eso es lo que está allí concretamente, y no estamos hablando sólo de siete bases militares, sino de todo el territorio colombiano, lo cual responde la pregunta que hacías ahora, y es que eso significa que dentro de esa estrategia de política global, el imperio y sus aliados, entre ellos el sionismo, tienen como propósito convertir a Colombia en una nueva Israel, es decir, en una cabeza de playa para avanzar sobre los recursos que están en la Amazonia.
Al observar esto se comprende cómo geopolíticamente esto no afecta sólo a Venezuela, sino a toda suramérica, en especial a Brasil como el país más importante de la región por el peso económico, político y poblacional que tiene. Estamos hablando de una situación que cambia la historia que hemos conocido en el siglo XX, porque vamos a tener dentro de nuestra casa a un aliado de nuestros potenciales enemigos. Y son enemigos no porque nosotros queremos pelear con ellos, sino porque esas potencias coloniales se resisten a perder su poder, y la mejor demostración de esto es lo que viene ocurriendo en el mundo con la segmentación del Medio Oriente y la rapiña de los países petroleros, como han hecho en Libia, que con todo y los problemas que tuviera, pero era una nación unificada, y con lo de Siria, Afganistán, y pare usted de contar.
Y por último, no hay que olvidar que existe una disputa geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia, y esa asociación de Colombia con la OTAN va a traer esa disputa a suramérica.
La seguridad y el control del contrabando siempre ha sido un problema álgido en la frontera colombo-venezolana. Foto: Contrapunto / Alejandro Cegarra
La internacionalista y politóloga colombo-uruguaya Laura Gil, asevera en un artículo escrito para su columna de El Tiempo lo siguiente: “La izquierda latinoamericana está llamada a liderar la solución del asunto venezolano, no Colombia”. ¿Qué opina de esto?
Colombia no lo puede liderizar, definitivamente no puede. No quiere decir que no participe, porque en eso también tenemos que ser amplios, en el sentido de que así como Venezuela participó en el proceso de paz colombiano, Colombia pudiera venir a Venezuela y participar, pero no podemos olvidar que representa en la región los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. Eso hace que su papel aquí como colaborador o mediador sea muy difícil. Además de que no podemos permitirlo, porque la soberanía no se va a ceder.
Ahora, que la izquierda puede ser un factor, bueno, en la medida en que esta es una confrontación en la que tienen que asumir un papel protagónico los pueblos, como está ocurriendo de hecho en Brasil, Argentina y México, y debe ocurrir en Venezuela, porque son los pueblos los que deben tomar las decisiones para poder enfrentar esta ofensiva imperial, que se viene desarrollando en la región y en el mundo. Y por eso los problemas fronterizos que tenemos, tanto con Colombia como con Guyana, forman parte de la estrategia para impulsar el debilitamiento interno, por eso creo que la izquierda, en la medida en que haga un balance de los errores cometidos, de los errores del progresismo que se ha desarrollado en América Latina, incluyendo a Venezuela, y logre superarlos, tiene pues un papel fundamental que jugar en toda América Latina, porque insisto en que esto no se trata sólo de un problema venezolano.