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En el borrador de poco más de dos cuartillas titulado «Repartiendo los beneficios de la democracia», que la administración norteamericana ha hecho circular entre las delegaciones de los 34 países participantes, la palabra «terrorismo» sólo se menciona una sola vez y ello en el marco de lo que el documento denomina una «campaña global» que incluye la lucha contra el tráfico de drogas y otras «actividades ilegales».
Por el contrario, el borrador de la llamada «Declaración de Florida», que Bush aspira sea aprobada por la mayoría de los países miembros de la organización, insiste reiteradamente en expresiones como «democracia», «participación de la sociedad civil» y cita en repetidas ocasiones la Carta Democrática Interamericana.
En ese marco discursivo, el documento propone abiertamente al Secretario General la elaboración de un plan de acción -con el «asesoramiento de expertos externos de la sociedad civil»- para mejorar los mecanismos de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un recurso ya bautizado como el «democraciómetro», que buscaría tomar medidas contra aquellos países que la administración Bush considere un peligro, o un mal ejemplo para el hemisferio.
Con esta declaración, Bush concreta la propuesta de Jimmy Carter, quien hace meses habló de un mecanismo de test democrático, que permitiera, a la luz de los criterios norteamericanos, decidir cuando un Gobierno supuestamente viola los estándares democráticos.
En la Declaración de Florida, Bush plantea que la OEA debe anticiparse a las «crisis que puedan socavar las democracias», un lenguaje que recuerda la «guerra preventiva» contra Irak. No obstante, EEUU no pide en el documento ninguna medida concreta para avanzar en la lucha contra el terrorismo, cuya guerra global lidera el Presidente norteamericano.
Analistas consideran que Bush tratará de eliminar de la agenda el tema del terrorismo, por su incómoda posición frente al caso del terrorista Luis Posada Carriles, pedido en extradición por Venezuela, por participar en la voladura de un avión en 1976 que causó la muerte a 73 personas, una de ellas embarazada.
La propuesta de declaración insiste en que el Consejo Permanente debe garantizar a «la sociedad civil» mecanismos para presentar sus puntos de vista a la OEA, una jugada que algunas fuentes diplomáticas consideran una clara maniobra contra Venezuela y que busca al mismo tiempo frenar el giro a la izquierda que se produce en el continente.
«Es una vergüenza» dijo un diplomático centroamericano consultado por ABN, «Estados Unidos dice querer repartir los beneficios de la democracia, pero lo que busca es crear un mecanismo de intervención política avalado por la OEA. No hay ninguna alusión al hambre, la desigualdad social y a los problemas reales de nuestros pueblos».
El documento, que comienza hablando de la necesidad de erradicar la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema, no plantea entre sus resoluciones y encomiendas al Secretario General y al Consejo Permanente ninguna acción para luchar contra las precarias condiciones de vida de millones de habitantes del hemisferio.