SANTIAGO DE CHILE (Reuters) -- Por primera vez en su historia, la Iglesia católica chilena fue condenada el martes al pago de una indemnización, por la responsabilidad corporativa que le cabe en los casos de abusos sexuales cometidos por uno de sus sacerdotes contra menores de edad.
El presbítero José Andrés Aguirre Ovalle, de 45 años y conocido como el "cura Tato", fue condenado por una jueza de Santiago a 12 años de cárcel como autor de pederastia contra diez niñas que integraban grupos religiosos en su parroquia en la localidad de Quilicura, al norte de la capital.
Pese a que su comportamiento había sido denunciado desde hace una década, Aguirre fue protegido por el Arzobispado de Santiago que lo envió al extranjero por tres años para esconderlo de una eventual acción de la justicia, pero a su regreso continuó sus delitos hasta ser detenido en octubre del año pasado.
"(La Iglesia) debe pagar porque no ha ejercido el debido deber de cuidado, o sea, no lo ejerció con celo porque indudablemente una persona con los antecedentes que poseía este sacerdote tendría que haber sido alejada de labores pastorales", comentó la magistrada Rosa María Pinto, tras revelar su fallo.
El Arzobispado de Santiago, como superior de Aguirre y de manera solidaria, deberá pagar un total de 50 millones de pesos (unos 71.200 dólares) como indemnización por el daño moral sufrido por dos de las víctimas de los abusos, que mantuvieron relaciones sexuales por largo tiempo con el sacerdote.
El fallo consideró sólo denuncias entre 1998 y 2002, pero existen acusaciones de casos anteriores que podrían revestir aún mayor gravedad moral, pues Aguirre dejó embarazada a una joven en 1994, mientras era párroco de un sector del conspicuo barrio alto de Santiago, caso que motivó su traslado a España y Honduras.
Compensaciones moderadas
Las indemnizaciones exigidas en Chile distan mucho de los montos que ha debido pagar la Iglesia católica en Estados Unidos, acosada por más de 300 demandas por abusos sexuales de sacerdotes contra niños.
Sólo en Boston, las 80 víctimas de un solo cura pederasta llegaron a un acuerdo extrajudicial para el pago de 10 millones de dólares.
En Estados Unidos, la avalancha de denuncias de abusos creció el año pasado en Boston y produjo la renuncia del arzobispo de esa ciudad, Bernard Law, para luego extenderse a todo el país generando una seguidilla de acusaciones alrededor del mundo.
En Chile, las denuncias también se multiplicaron y no sólo alcanzaron al condenado "cura Tato", sino que otra decena de sacerdotes espera sentencia judicial por casos similares.
Incluso un obispo de la ciudad norteña de La Serena, Francisco Cox, renunció a su cargo ante las acusaciones de pederastia y decidió huir a Europa para recluirse en un monasterio ante la presión social.
La jerarquía eclesiástica chilena sólo se ha limitado a lamentar y condenar los hechos, salvo en el caso del "cura Tato", al que expulsó de la iglesia.
La sentencia contra Aguirre fue apelada ante un tribunal superior tanto por el condenado como por los acusadores.
"Vamos a apelar, ya que no se incluyó el delito de violación. No es que pidamos penas más altas, sino que quede constancia de que el 'cura Tato' violó a dos de estas menores", dijo la abogada del estatal Servicio Nacional de Menores, Isabel Ríos, que representó a las niñas afectadas.
