Nueva York - 05/08/2007. - El miedo sigue guiando la política en el Capitolio. Los demócratas pactaron ayer en el Senado la actualización de la legislación sobre espionaje para ajustarla a las peticiones de la Casa Blanca, que pedía dotar temporalmente a los diferentes organismos de seguridad -CIA, FBI, NSA, etcétera- de mayores poderes para realizar escuchas a presuntos terroristas extranjeros sin orden judicial. La iniciativa sólo estaba pendiente de ser refrendada por la Cámara de Representantes, que retrasó su receso vacacional para sacar adelante esta reforma. A pesar de que estaba descontado el apoyo de la cámara, la reforma legal no fue un mero trámite; hubo más de un encontronazo verbal durante el debate entre los republicanos en el Gobierno y los demócratas.

La Casa Blanca no quiere mostrarse débil ante la amenaza del terrorismo. Y la oposición tampoco quería irse de vacaciones sin actualizar esta legislación, para no tener que cargar con el peso de su inacción política si se produce un atentado durante el verano como el del 11-S. Por eso, los analistas anticipan que al final se llegará a un acuerdo para hacer los ajustes que pedía el presidente George W. Bush para seguir adelante con su particular lucha contra el terrorismo.

Así fue. El Senado dio el primer paso la pasada madrugada, aprobando la actualización de la legislación sobre espionaje con 60 votos a favor y 28 en contra, sobre el texto presentado por el republicano Mitch McConnell. En síntesis, lo que se pretende con este cambio legal es que los servicios secretos, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), puedan interceptar conversaciones telefónicas o mensajería electrónica de nacionales estadounidenses con presuntos terroristas en el extranjero, para evitar un ataque como el 11-S.

La ley, conocida como Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), en su redacción actual, que data de 1978, ya permite al Gobierno controlar las comunicaciones de sospechosos, pero requiere autorización judicial. Con la nueva fórmula eso ya no sería necesario y bastaría con la firma del fiscal general, hoy por hoy el controvertido Alberto Gonzales, actualmente bajo el punto de mira del Congreso por dos motivos: porque él ya autorizó escuchas ilegales para miles de estadounidenses, y por el despido de siete fiscales que no comulgaban con la línea dura de la Administración de Bush.

Por estos motivos, Nancy Pelosi, líder de los demócratas -partido que domina las dos cámaras del Congreso-, vendió caro su apoyo a la petición de Bush. La presidenta de la Cámara de Representantes mantuvo el pulso hasta el último minuto en ésta, porque no quería que el Gobierno monopolizara todo el proceso de reforma de la legislación sobre el espionaje.

Bush llegó a amenazar con mantener abierto y activo el Congreso durante el receso veraniego -que debía comenzar ayer- si no era capaz de sacar adelante los cambios legislativos que pedía. En su mensaje de radio de los sábados volvió a pedir a la Cámara de Representantes que aprobara la ley "sin mayor dilación", para que pueda firmarla lo antes posible. "Proteger Estados Unidos es nuestra obligación más solemne", dijo.

El viernes, tras reunirse en el cuartel general del FBI con el equipo de la unidad antiterrorista, dejaba claro que había trabajado "duro y siempre con buena fe con los demócratas para llegar a un acuerdo". "No vamos a poner la seguridad nacional a riesgo", remachó el presidente. Pelosi insiste en que se ha hecho todo lo que quería Bush y que, a cambio, sólo pedía a la minoría republicana que fuera sincera en el debate.

El presidente Bush considera que la modernización de la FISA es esencial para dotar a los servicios secretos de los medios que necesitan para proteger el país. Lo mismo opina el senador independiente Joseph Lieberman, que junto a otros 16 antiguos compañeros del Partido Demócrata votó a favor de la reforma. "Estamos en guerra. Y el enemigo quiere atacarnos", dijo. Por eso añadió que "no es momento para atascarse en limar asperezas para conseguir una legislación perfecta".

Los observadores del proceso, sin embargo, se llevan las manos a la cabeza porque consideran que éste es un mecanismo que no debe revisarse a la ligera, porque puede atentar contra las libertades básicas recogidas en la Constitución. Además, acusan a los demócratas de dar demasiada autoridad a la Casa Blanca.

La Unión para las Libertades Civiles de América y el Centro para la Democracia y la Tecnología, dos prestigiosos think-thank, creen que se está dando libertad al presidente Bush para que ajuste el sistema a lo que él considera "terrorismo", y eso no es una garantía de que la NSA no intercepte conversaciones de estadounidenses nada sospechosos de ser terroristas.