Históricamente el fraude inmobiliario ha sido utilizado como un poderoso instrumento de acumulación de capital en el sector inmobiliario, de ahí su presencia relevante en las leyes correspondientes. Sin embargo, por responder estas a la misma lógica del sistema, generalmente se aplica para legitimarlo, generando impunidad y estimulando con ello su recurrencia. El gobierno bolivariano, actuando en defensa de las familias defraudadas, decidió enfrentar el problema, haciendo visible las inmensas dimensiones del fenómeno. La Fiscalía tomó el asunto en sus manos y prometió actuar para que se castigue a los responsables. Por cierto, las investigaciones, además de alcanzar a los “empresarios” maulas, deberían incluir a los funcionarios públicos que cooperaron para que se consumara el delito. Ojalá se haga justicia.
Hay que recordar que durante los últimos 15 años de la IV República, al menos 60.000 familias fueron víctimas del fraude inmobiliario bajo distintas modalidades, encubierto en ofertas engañosas construidas al amparo de los vacios legales, según lo estimó la Comisión de Asuntos Vecinales del Congreso de la República de entonces. La mayoría de aquellos casos estaban relacionados con vicios ocultos en la construcción, aunque como ahora, hubo también el engorde fraudulento del precio de los inmuebles.
Sin duda, el Ejecutivo Nacional y la AN tienen en sus manos una gran oportunidad para tomar medidas ejecutivas y legislativas que ataquen radicalmente éste flagelo, sustentándose en las experiencias de los últimos 25 años, en los aportes de las organizaciones de víctimas y en la iniciativa del “pueblo legislador”, activado desde los Consejos Comunales y las Asambleas de Ciudadanos.
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