Situaciones:
1) Creo que los Consejos comunales del país durante el ejercicio fiscal 2011 no usaron debidamente los recursos que el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) tenía previsto para financiar proyectos formulados y presentados desde las instancias del Poder Popular. Las comunidades organizadas por una debilidad en el proceso de formulación, no aprovecharon totalmente estos recursos.
2) Creo además, que los consejos comunales que hicieron uso de estos recursos fueron aquellos que estaban ubicados es espacios territoriales con menos desequilibrios o con mayor índice de desarrollo relativo. Esto de haber sucedido así, puede explicarse porque sus oportunidades de apoyo fueron mayores y probablemente algún organismo le dio una mano para convertir un problema en un proyecto.
3) Esta situación identificadas como punto 1 y 2, persiste porque los Consejos Locales de Planificación, muy a pesar de lo que señala el artículo 52 del Reglamento de la LOCFG, no están cumpliendo con su papel y muchos de estas instancias están prácticamente secuestrada por los Alcaldes y sin posibilidades de apoyar y apalancar las iniciativas que surgen desde las comunidades para resolver sus problemas.
4) El proceso de articulación entre la instancia municipal es muy poco y hasta ahora no parece una vía sólida para ofrecerle a las comunidades organizadas un apoyo para la formulación de sus respectivos proyectos.
Si los supuestos 1 y 2 tienen sentido, estamos frentes a dos situaciones problemáticas sobre las cuales debe actuarse porque se pierde así una de los aspectos esenciales de la LOCFG y su reglamento. Fundamentalmente se pierde la oportunidad de atender los desequilibrios y desigualdades territoriales que producen o contribuyen con el fomento de las desigualdades sociales. Si los Consejos Comunales que están en los grandes centros urbanos son lo que más han aprovechado las oportunidades que ofrece el Fondo de Compensación Interterritorial, estamos contribuyendo un poco con el esquema previsto en la ley del FIDES y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) porque no se ofrece una igualdad de oportunidad. Esto es un poco la esencia del proyecto bolivariano y de lo previsto en la LOCFG y su reglamento. Se trata de romper con el esquema de ocupación y atención territorial que ha prevalecido en Venezuela y que ha respondido a un modelo muy particular que produce desequilibrios territoriales.
Además de estas situaciones ya identificadas, se está en un proceso de aprendizaje que involucra tanto a las instancias gubernamentales como a las organizaciones comunitarias y eso hace más difícil el proceso de formulación de proyecto.
En función de esta situación, solicito que se revise el caso y evalúe la posibilidad de darle a los Consejos Comunales la posibilidad de conformar temporalmente una especie de sala técnica o equipo pequeños de profesionales que tengan como tarea puntual la formulación de proyectos que deben estar ajustados a los criterios fijados en el baremo. Esta posibilidad debe ser ofrecida (si existe viabilidad) a varios consejos reunidos para este fin y bajo una estricta vigilancia por alguna de la instancia del CFG para asegurarse que la problemática que esté siendo considerada para la formulación del proyecto se encuentren dentro de las prioridades y los lineamientos que ofrece el baremo. En las comunidades hay profesionales (ingenieros/economistas) jubilados o en pleno ejercicio y en sus ratos libres, previa a una formación; estos profesionales pueden trabajar en este proceso de formulación. El costo de este servicio puede incluirse como un aspecto del proyecto o de los proyectos que ese equipo de profesionales formule.
También puede plantearse en el marco de la política de promoción de empresas de propiedad social (EPS), la conformación de pequeñas empresas de asesorías, conformadas por profesionales desempleados que sirvan de apoyo a los consejos comunales. Esta alternativa puede promoverse, mientras se atienda a través de los recursos destinados al fortalecimiento institucional, un proyecto para crear las condiciones institucionales de disponer se salas técnicas con capacidad de formular proyectos. Esta opción no se asume como una EPS, sino como una modalidad dentro de esta línea de trabajo. Se pudiera aprovechar este esfuerzo para fomentar la formulación de proyectos socioproductivos, que son muy necesarios y responde igualmente a una política del proceso.
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