Estamos sentados sobre una bomba de tiempo resultado de una mezcla altamente explosiva: inoperancia del sistema judicial + irrespeto a las instituciones públicas cuidadosamente cultivado por la extrema derecha desde 1999 + pueblo harto. Bomba que por ingenuidad e indolencia hemos dejado armar frente a nuestros propios ojos, sin tomar las medidas necesarias para desactivarla. Pero ya ha llegado la hora de desarmarla y de hacerlo paralelamente en varias direcciones.
La más inmediata y convencional: utilizar el marco legal y los instrumentos disponibles para condenar a quienes atenten contra la vida, la dignidad y la seguridad de los venezolanos así como contra la soberanía y la estabilidad del país. Ejemplo de ello la sanción por parte del Ministerio Público de los responsables de los crímenes contra personas y bienes cometidos por disociados no dispuestos a aceptar las reglas del juego de la democracia, y el pronunciamiento solicitado al TSJ por la Cámara Legislativa del estado Miranda, respecto a la desatención de ese estado por parte del gobernador electo.
La otra medida indispensable y permanente es la transformación profunda del sistema judicial. La instrumentación de una Gran Misión Justicia (GMJ) destinada a revisar el marco legal vigente y a los órganos judiciales bajo la perspectiva de la relación pueblo/poder constituyente y Gobierno/poder constituido, con el fin de democratizar el sistema judicial y de adecuarlo al proceso de transición hacia el socialismo que vive el país. La GMJ deberá ser organizada por grandes áreas de acción y deberá ser desarrollada por juristas, voceros populares y conocedores de la materia en cuestión. Personas que deberán evaluar en conjunto las normas vigentes para ponerlas al día, simplificarlas y armonizarlas entre sí y con los Principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Trabajo teórico – práctico que necesariamente deberá reflejarse en la renovación formativa e institucional de todo el sistema. En la revisión de los enfoques, contenidos y métodos utilizados por los centros educativos pertinentes; en la incorporación del pueblo organizado al sistema judicial; en la reducción de instancias operativas, en la redistribución de tareas y en la reorganización de las entidades con responsabilidades en el sector.
Sin no revolucionamos y democratizamos nuestro sistema judicial la bomba inevitablemente explotará y mientras, nosotros silbando iguanas seguiremos atrapados en la maraña de normas, instancias y prácticas que crónicamente obstaculizan la aplicación de justicia en nuestro país.
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