Recientemente la Contraloría General de la República emitió un informe denominado ACTUACIONES FISCALES EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, donde se relata de manera detallada una gama de irregularidades de carácter administrativo, gerencial y organizativo, el cual desdice mucho de lo distante que estamos de la nueva ética socialista del funcionario publico requeridos por “ un estado de funcionarios honestos, eficientes que más que un altar de valores, exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida, en la relación con el pueblo y en la vocación de servicios que prestan a los demás”( Proyecto Nacional Simón Bolívar-PPS).
Como es de conocimiento público, el Programa de Alimentación Escolar, surge para garantizar la atención alimentaria y nutricional de la población de estudiantes del subsistema de educación básica, enmarcada en la visión integral y holística de la Educación Bolivariana, disponiendo para ello de un significativo monto de recursos asignados al programa de inversión social del MPPE.
En ese sentido el programa conocido por sus siglas PAE, viene siendo el producto de las políticas públicas de inclusión social y desarrollo humano integral y se inserta en una política de relación interinstitucional e intersectorial en correspondencia con los principios constitucionales, siendo la misión del PAE contribuir al ingreso, permanencia, prosecución y rendimiento escolar al suministrar una alimentación balanceada, nutritiva y apropiada a los educandos, siendo un programa de carácter estructural que trasciende lo pedagógico, lo nutricional lo socio cultural y económico para fortalecer el sistema educativo que tiene la responsabilidad de incentivar los cambios que requiere el país, prestando sus servicios a los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación básica.
Las encargadas de administrar y coordinar el PAE son las Zonas Educativas de cada entidad, las cuales a través de sus directivos son los encargados de desarrollar y fomentar las acciones de promover todas las políticas educativas a través de los diferentes planes, proyecto y programas emanados del MPPE que garanticen el cumplimiento de los objetivos cónsonos con la construcción de la nueva sociedad en vías de la construcción del SSXXI y consustanciado ahora con el programa de la Patria 2013-2019 y las demás herramientas de carácter legal que fundamentan el desarrollo de los mismos.
Ahora bien, es de observar, tomando como referencia el informe en cuestión, la total distorsión de los objetivos del PAE, donde los responsables de su ejecución están completamente alejados, en el caso de las entidades involucradas, de los principios que rigen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dándose un total desacato y descomedimiento al cuerpo de leyes que le dan fundamento al Estado Social y de derecho, que colocan en entredicho la ética y la moral del funcionariado publico, generando suficientes razones para el rechazo abismal en la opinión publica además de mal poner la gestión del gobierno revolucionario y colocar en situación de riesgo la consolidación del proyecto político y legado del comandante Hugo Chávez.
En ese orden de ideas, el mencionado informe donde se detalla y se nombra a las entidades que son objeto de investigación, se describe entre varios elementos “que en la cuenta de FIDEICOMISO, desde su apertura en el año 2009 no se ha conciliado, no se llevan registros contables, situación que fue comunicada por la Contraloría General de la República” a las autoridades competentes; de igual forma continua el informe planteando que no se realizaron actas de compromiso de prestación de servicios de los proveedores del PAE, se incumple en el articulo 100 de la Ley de contrataciones publicas;, no se realiza el procedimiento de consultas de precios y tampoco se utilizo el mecanismo de la rueda de negocios; también se demuestra que en algunos casos no se puede determinar el monto de pagos a los proveedores en razón de que no fueron suministrados los documentos demostrativos; no existen comprobantes de pago de los débitos a las cuenta del fideicomiso; también se reflejan la ausencia de soportes documentales de pagos efectuados; existencia de cooperativas a las cuales se les otorga el contrato de servicios sin los debidos y legales procesos de selección, muchas de las cooperativas no tiene capacidad legal ni técnica ni financiera, incumplimiento de parte de algunas cooperativas con el compromiso de responsabilidad social y con ordenes de compra con ausencia de la correspondiente fianza de fiel cumplimiento (artículo 100 Ley de contrataciones publicas); en muchos de los planteles educativos auditados se evidencia la entrega incompleta de los insumos para preparar los alimentos; de igual forma se detectan irregularidades de funcionarios adscritos a las nominas del MPPE que forman parte de las cooperativas, hechos considerados violatorios del estatuto de la Función Publica; también se pone en evidencia la adulteración de las matriculas y el pago a cooperativas que nunca entregaron los insumos a las escuelas, así como cooperativas que preparan los alimentos utilizando las instalaciones, servicio eléctrico, agua, mobiliario y demás bienes “ recursos estos asumidos por el MPPE, haciendo caso omiso de que los proveedores deben de prepara los alimentos en un establecimiento externo, para ser entregados en recipientes herméticamente cerrados” cuando se trata de la modalidad del llamado plato servido.
Las irregularidades denunciadas en el informe de la Contraloría General de la República, llegan hasta el descaro de comprometer en algunos casos a personal directivo, coordinadores de las escuelas, así como a representantes de padres de los estudiantes donde “se evidencio que de acuerdo con el registro interno llevado por la encargada del comedor, el referido proveedor entregó para los meses de enero, febrero y abril de 2012, un total de 21.965 ingestas de alimentos ( desayuno y almuerzo); sin embargo, según los formatos “Resúmenes mensuales de gastos nacionales”, elaborados por la Unidad Educativa, y avaladas por la Directora, coordinador de PAE y miembro de la asociación civil, dicho proveedor suministro durante esos meses 51.550 ingestas (desayuno y almuerzo), las cuales fueron facturadas y pagadas” ( pág. 27); esta situación de ser cierta estaría violentando lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, cuando en su Capitulo II establece taxativamente los corresponsables de la educación a saber las familias, las organizaciones comunitarias y del poder popular, la gestión escolar y la comunidad educativa y los novedosos consejos educativos.
El informe continúa con la descripción de diferentes casos como el de una escuela, donde se le cancelo al proveedor del PAE por 1203 platos servidos la cantidad 57.879,10 Bs (Pág. 23), cada plato por un costo 48 Bs, cuando el precio establecido es de 10 Bs.
Este comentario del informe citado, el cual éticamente es inexcusable hacerlo publico, sin el ánimo de generalizar, coloca en forma más que evidente y clara la urgente e imperiosa necesidad de realizar la tan nombrada contraloría e inteligencia social, la aplicación de las leyes del poder popular que implique el ir despejando el camino de tanta miseria humana que todavía proliferan en la administración publica cobijados por un Estado débil y cómplice; afortunadamente el presidente camarada Nicolás Maduro ha iniciado un frente de lucha contra los actos de corrupción, que de no lograr castigar a sus responsables con condenas ejemplarizantes significaría el acabose del proceso revolucionario; lucha que debe darse aunada a un proceso profundo de formación política e ideológica de quienes desde la gestión publica se asumen como militantes revolucionario pero que sus acciones están reñidas con valores esenciales de toda ética.
“LA CORRUPCIÓN ES TODA UNA OPERACIÓN CONTRAREVOLUCIONARIA QUE ESTA POR DENTRO DE LA REVOLUCIÓN; EL BUROCRATISMO ES TODA UNA CORRIENTE CONTRAREVOLUCIONARIA QUE ESTÁ DENTRO DE LA REVOLUCIÓN. HAY QUE APUNTALAR Y AFINCAR LA BATALLA CONTRA ESOS FENÓMENOS QUE SON VERDADERAS AMENAZAS PARA EL PROCESO REVOLUCIONARIO”. Hugo Chávez.
