La actividad administrativa en la gestión pública en todos los países que pueblan al planeta tierra, está normada jurídicamente en principio por la Carta Magna o Constitución de la República y las diversas leyes orgánicas y sus reglamentos, leyes especiales, Decretos presidenciales con rango y fuerza de ley, Resoluciones y Normativas de funcionalidad departamental; con este conjunto de instrumentos jurídicos los órganos del Estado tales como: Contraloría General de la Nación, la Procuraduría de la República, la Asamblea Legislativa Nacional y las regionales y sus respectivas dependencias tanto regionales y municipales; con el auxilio del Ministerio Público, el TSJ y los Tribunales Especiales anti corrupción, el cual son responsables por mandato constitucional y el estamento jurídico que norma la función pública, de investigar y controlar el comportamiento de los funcionarios y funcionarias que laboran en las dependencias administrativas del Estado a nivel central regional, municipal, parroquial y comunal – local.
Existen hoy países en el mundo que aplican con diligencia, inmediatez y eficacia todo el peso de la ley para sancionar o juzgar con sentencias de “Condena perpetua” y hasta la “Pena de muerte” a toda aquella persona que se apropie ilícitamente de bienes o fondos públicos “Dinero propiedad del Estado”; un ejemplo reciente es la República Popular de China donde un tribunal sentenció a “Pena de muerte” a un funcionario público de alto rango ex ministro de Ferrocarriles de China, LiuZhijun, ha sido condenado a pena de muerte con dos años de suspensión por aceptación de sobornos y abuso de poder; entre los países que aplican esta fatal condena hoy día tenemos a: China, Irán, Corea del Norte, Yemen y Estados Unidos; en la hermana República de Cuba los diputados aprobaron sancionar con la pena de muerte a la producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia de drogas, cuando el autor es funcionario público y se aprovecha de su condición o de los recursos del Estado; por ejemplo hace ya algunos años un funcionario público de alto rango fue condenado a “Pena de muerte” por haber utilizado su influencia militar para usar al territorio cubano como puente para el narco tráfico.
Pues bien en nuestra patria la República bolivariana de Venezuela, la corrección administrativa es un mal crónico de viejísima data la oprobiosa conducta asumida por funcionarios públicos y políticos de alto, mediano y bajo rango; tanto es así que el Libertador Simón Bolívar emitió un decreto el 12 de enero de 1824, desde Lima, Perú, en el cual decretó la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que se apropiaran de fondos públicos ilícitamente; pero la habilidosa conducta delincuencial de los gobernantes y políticos desde tiempos de la independencia hasta la presente fecha siempre han legislado y manipulado jurídicamente para evitar ser sancionados por expoliar el erario público; fue tan escandalosa la corrupción administrativa en las instancias del Estado Venezolano que un político de alto rango como lo fue el Dr. Gonzalo Barrios manifestó en declaraciones públicas que “En Venezuela no existen razones para no robar al Estado”; en ese sentido se hizo muy popular el dicho “No importa que me paguen un sueldo bajo con tal que me pongan donde hay”, fue por ello que apegados esta extraña e inmoral premisa, todos los gobernantes del “Punto fijismo y sus cooperantes” hicieron poco nada para combatir este flagelo administrativo; al contrario se convirtieron en unos “vulgares malandros administrativos”, tan escandalosa fue la situación que el Tribunal Anti corrupción se vio en la imperiosa necesidad de juzgar a: algunos Ministros y Gobernadores del gobierno de Luis Herrera Campins, a Carlos Andrés Pérez y a Jaime Lusinchi, por haberse apropiado del erario público.
Nuestro Gigante y eterno Cmdt. Supremo Hugo Rafael Chávez Frías hiso todo lo que estuvo a su alcance para controlar y evitar la corrupción administrativa en el Poder Ejecutivo; pero lamentablemente fue bay paseado por el lobin gubernamental para que fuese poco efectivo en tal propósito; pero en sus últimos tiempos de gobernante, sabiendo que ese es uno de los peligrosos males de la administración pública nacional que atenta contra la estabilidad del proceso revolucionario socialista en nuestro país; entrenó a “Su hijo” como él lo denominó, Sr. Nicolás Maduro Moros, para que una vez electo por el pueblo como Presidente constitucional de la República, emprendiera una contundente política para combatir con determinación y eficacia al oprobiosa actitud corrupta de los funcionarios y funcionarias públicas en todas las instancias del Poder Ejecutivo Central, ya que en la administración pública descentralizada el control de los actos de corrupción administrativa son competencia de otras instancias jurídicas tales como: Las Asambleas Legislativas Regionales, los Ediles del Consejo Municipal y sus respectivas Sindicaturas y el resto de organismos regionales pertenecientes al “Poder Moral”.
En consecuencia el Sr. Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros viene actuando tal y como se aconsejó nuestro Gigante y eterno Cmdt. Supremo Hugo Rafael Chávez Fríasas, para comenzar a sancionar a todo funcionario o funcionaria pública que esté incurso en actos de corrupción administrativa; por ejemplo en Ciudad Guayana fue encarcelado el Presidente de la empresa básica “Ferrominera del Orinoco” RaddwanSabbagh, se encuentra “tras las rejas” por estar involucrado en “mafias por todos lados en las empresas básicas del Estado, así mismo se detuvo a Luis Enrique Gallardo, hasta el año pasado Gobernador de Guárico, luego se detuvo al supervisor nacional de Fiscalización del Indepabis, Deivis Lizcano, también fue detenido por presunta corrupción, el Supervisor de (Indepabis) en el estado Sucre, Luis García; más recientemente detuvieron a un grupo de funcionarios, adscritos al departamento de banca telefónica, el cual está integrada por: YulianaVelandria Zambrano, Yasmín del Carmen Prato Palencia, Nareni del Valle Benitez, Paula Flores Méndez, Milled Sánchez Ferreira, Nury Porras Cárdenas, Maite Molina Ramírez, Mary Barrera Rodríguez, Luis Torres Rivas, Mónica Briceño García, Belkis Matamoros Orozco y Blas Borrero Camacho; por último se detienen a los siguientes cuatro integrantes del Fondo Chino-Venezolano: Pablo José González Hernández (gerente ejecutivo encargado), César Rafael CortizoOspino (coordinador legal), María Gabriela Dora García (analista en la Coordinación Legal) y Javier Fernández González; por estar incursos en un desfalco de más de 80 millones de dólares asignados al Fondo Chino-Venezolano; más recientemente en las oficinas del SAIME de San Cristóbal y San Antonio del Estado Táchira, apresaron a seis funcionarios incursos en forjado y falsificación de documentos diversos; por otro lado el Tribunal Supremo de Justicia TSJ admitió recientemente el ante juicio de mérito solicitado por el Ministerio Público contra el Diputado de la Asamblea Nacional Richard Mardo por estar supuestamente implicado en actos de corrupción, el cual fue denunciado por el Presidente de la AN, Tte. (r) Diosdado Cabello.
Por lo antes descrito solo me resta dar una sincera felicitación al Presidente Obrero de Venezuela Sr. Nicolás Maduro Moros por asumir en apenas tres meses de gobierno, este valiente reto de combatir con dignidad a la perniciosa corrupción administrativa que se ha carcomido los recursos financieros del Estado. Ahora le toca al Poder Judicial asumir su función de condenar con contundencia a todos aquellos ciudadanos y aquellas ciudadanas inmorales corruptos y corruptas que se apropian ilegalmente del erario público; estén en el ámbito administrativo público civil o militar sin discriminación, sean de alto poder político o de alta jefatura militar; si el camarada Presidente de la República Nicolás Maduro Moros logra limpiar definitivamente a la administración pública de tanto corrupto, pasará a la historia como el primer mandatario de la nación venezolana por haber logrado tan magna gesta ética y moral.