Mientras en Venezuela no haya, de verdad, la voluntad política de combatir la corrupción, ésta será el pan de cada día. Uno de los más grandes problemas que confrontan los gobiernos venezolanos es la corrupción oficial y sobre su combate es la promesa permanente de todos los primeros mandatarios en sus discursos de toma de posesión del cargo, y claro que ésto siempre provoca largos y sonoros aplausos entre los presentes. Sin embargo, como el pueblo de Venezuela está habituado a oír este mismo compromiso, ya sabe que el combate a la corrupción quedará en pura retórica. Si, eso de decir que se atacará sin misericordia y a profundidad la corrupción es muy ostentoso, pero son palabras que salen de manera automática de la boca del nuevo presidente; y pronto se ve que nunca se hace nada por tratar de vencer a este terrible mal que hiere profundamente y desde hace tiempo al país. En verdad que disminuir o neutralizar la corrupción es fundamental para tener una patria digna y prospera. Cada gobierno debiera velar, de verdad, verdad, por la honestidad de los funcionarios públicos, ya que el celo por impedir la corrupción en el funcionario público debiera ser una norma y no un impulso esporádico contra alguien en particular, no, en este delito no debe haber contemplación alguna con la persona que infrinja las leyes. El criterio que puede todavía existir en el pueblo de que es mentira que este gobierno revolucionario combatirá con denuedo la corrupción dentro de si, tiene que demostrarse con hechos. Muchos hechos.

Con el Presidente Maduro hay quienes creen que ahora si llegó la hora de combatir de verdad la corrupción y que con este fin se creará un organismo oficial dotado de amplias facultades de acción e integrado por personas de reconocida probidad y dispuestas a prestar su mayor esfuerzo para combatir de forma inclemente la corrupción administrativa de los funcionarios públicos, tanto en el ámbito nacional, regional y local, y que este organismo sea como la herramienta más idónea el hacerle seguimiento de las transacciones económicas de todos los funcionarios, desde la misma incorporación de cada uno al cargo público, para así determinar si algunos de ellos cambian sus hábitos de vida, sin ser éste cónsono con las entradas económicas que lícitamente puede cada funcionario y su entorno familiar obtener, y así la acusación formal de un delito de corrupción basarse en pruebas contundentes sobre cualquier apropiación indebida de bienes del Estado o provenientes de acuerdos deshonestos con personeros del sector privado sobre las adquisiciones de bienes directamente o por interpuestas personas, y entonces, con pruebas bien fundamentadas, abrir un proceso judicial que termine en una ejemplar sanción moral, pecuniaria y/o penal.

Lo más apreciable de un ente de tal característica, es que éste actuaría de un modo persuasivo en las conciencias de muchos servidores del Estado, evitándose con ello se dé el caso que en algún momento los funcionarios que se consideren honestos a carta cabal terminen por caer en las muchas y sustanciosas provocaciones que se encuentren en el camino que les toque emprender en el cumplimiento de sus funciones. Es muy propicia la hora que este mismo gobierno revolucionario resuelva enfrentar el espíritu maligno y contagioso de la corrupción administrativa; que desde hace tiempo azota a Venezuela. En verdad que hay que ponerle un freno a la corrupción administrativa, y algunas medidas efectivas ya están aprobadas por el gobierno en la reunión de alto nivel, “El nuevo mapa estratégico”, realizada en Caracas el 12 y 13 de noviembre de 2.004. Por favor, Presidente Maduro, desempolve ese proyecto anti corrupción y aplíquenlo de inmediato, seguro será todo un éxito.

José M. Ameliach N. Julio de 2.013