La corrupción es inmanente al capitalismo porque su esencia es la expropiación del producto del trabajo por el capital y la “ética de la ganancia” que solo atiende al principio de producir para obtener “el máximo beneficio al mínimo costo”, aunque ello conduzca a la destrucción de la humanidad misma. La erradicación de la corrupción solo será posible en una sociedad poscapitalista, en la cual se supere la contradicción capital-trabajo y el Estado realmente esté al servicio del bien común. Sin embargo, en el proceso de transición hacia la sociedad socialista, deben crearse las condiciones para el surgimiento de una nueva Ética, fundada en valores humanistas y en una conciencia social crítica que deje atrás el individualismo liberal burgués y en una cultura robinsoniana del servidor público.
Ante el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del Diputado Richard Mardo, solicitado a la AN por el TSJ, para enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito, el excandidato de la ultraderecha fascista actuando como vocero de la MUD, optó por la solidaridad automática al afirmar que el susodicho “no cometió ningún delito” y convocar de inmediato a una concentración de apoyo al imputado. Del otro lado, el chavismo realizó una movilización de respaldo a la iniciativa del gobierno con la consigna de la lucha frontal contra la corrupción. Esta confrontación ha colocado en la calle un debate nacional crucial para el futuro del país y el de la revolución bolivariana, el cual debería ser abordado de manera integral y en toda su complejidad, deslastrándolo de la mera diatriba circunstancia con un enfoque pedagógico.
Habiéndose instalado en el país una cultura de la tolerancia a la pequeña y gran corrupción, estimulada por la solidaridad partidista automática, la impunidad y la debilidad institucional para aplicar la ley con todo rigor y objetividad, la declaración de guerra a la corrupción y el llamado que hizo el Presidente Maduro al pueblo para que lo ayude en esa gesta, caería en el vacío si el propio gobierno no le da máxima transparencia a su gestión hasta las ultimas consecuencias, para que la contraloría social pueda ser ejercida realmente por el Poder Popular y los Poderes Públicos actúen en consecuencia.
