En éste momento en círculos políticos y académicos nos encontramos en presencia de un interesante y vital debate sobre que está sucediendo con la ética revolucionaria en la formulación y aplicación de políticas públicas por parte del Estado Venezolano.
Tenemos un caso muy emblemático, “EL CADIVISMO”, que según declaraciones de algunas autoridades gubernamentales a la nación Venezolana le han robado más de 20.000 millones de dólares (casi el equivalente de nuestras reservas internacionales) monto que a través de mecanismos que la población quiere saber, por ejemplo: quienes robaron, como robaron, quien lo permitió, etc. que apunta a todas las consideraciones que se han hecho con respecto a donde está la ética revolucionaria que debe guiar la conducta y acción de todas y todos los servidores públicos, que deben tener como norte una conducta intachable, impecable y honesta en el manejo de los recursos públicos orientados a darle no sólo la mayor suma de felicidad posible a las grandes mayorías, sino que también todas las personas involucradas en el quehacer gubernamental sus esfuerzos y propósitos tienen que estar dirigidas al desmantelamiento de toda esa conducta cuarta republicana caracterizada por una terrible corrupción y un perverso burocratismo que hacía ver al Estado como un gran elefante blanco en las cuales las élites políticas y económicas, era simplemente el espacio para obtener un botín para un interés individual en detrimento del interés colectivo o general.
El Estado Venezolano debe replantearse si el comportamiento de su funcionarato actúa en correspondencia a la construcción de un Estado comunal, revolucionario, socialista, bolivariano y chavista.
Hay que revisar de manera profunda y crítica, la siguiente interrogante: ¿Por qué existe tanta distancia entre el discurso político revolucionario y la gestión y aplicación de las políticas públicas?
