Estos primeros días de noviembre, se ha puesto de manifiesto una ya trillada forma de agresión al pueblo venezolano, por parte de las ilegitimadas autoridades universitarias, cuyos períodos de gobernanza ya rebasan un quinquenio de vencidos, esa agresión se expresa en la guerra presupuestaria. Mediante la supuesta reducción de los presupuestos asignados a algunas casas de estudios universitarios, sus autoridades utilizan ese argumento para justificar la paralización de sus actividades y acciones de violencia en las calles, mediante el empleo de “pacíficos” estudiantes. Esta semana, fuimos testigos de ese tipo de protestas “pacificas” mediante la quema de siete unidades de transporte estudiantil en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua; ante tal actuación, la respuesta de los voceros estudiantiles revolucionarios, no pudo ser más contundente: “si ellos creen que incendiando nuestras unidades, vamos a parar las clases, están equivocados, nosotros creemos que formándonos trabajamos por el desarrollo de nuestro país”, se expresaba así, Enyelberth Vanegas, vocero del movimiento estudiantil revolucionario de esa institución universitaria.
El tema presupuestario, ha sido una constante en la diatriba permanente que mantienen autoridades universitarias con períodos vencidos, en contra del gobierno Revolucionario; antes, contra el Presidente Chávez, ahora, contra el Presidente Nicolás Maduro. Ya en 2011, esos agentes del oposicionismo apátrida, en reunión que sostenían con sus amos del norte, les manifestaban sus quejas por esa situación. En agosto de ese año, Wikileaks hacía público el cable titulado: “La universidad líder de Venezuela enfrenta presión del gobierno” (http://wikileaks.org/cable/2009/08/09CARACAS1034.html). En dicho cable, el embajador gringo en nuestro país, rendía cuenta de la reunión que sostuvo con autoridades de la UCV, entre las cuales se encontraban la rectora Cecilia Arocha, el vicerrector académico Nicolás Bianco, el vicerrector administrativo Bernardo Méndez y la decana de FACES, Sara Levy, quienes se reunieron con la Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada (PAO) el 5 de agosto de 2009. Wikileaks dejaba al descubierto, las intensas relaciones que existen entre esas autoridades universitarias y el imperialismo de los EEUU, reuniones en las cuales, presumimos, buscaban orientaciones políticas para enfrentar lo que, en el cable se expresa como: “…la presión política enfrentada por la universidad más reconocida del país”. En dicha reunión, como bien lo expresa el cable del embajador gringo, el tema presupuestario no estuvo exento de los temas allí tratados. En su exposición, Nicolás Bianco aseveró a los funcionarios imperialistas que “este año (2009), el presupuesto de la UCV fue recortado en 6 por ciento por el gobierno de Venezuela, que está basando sus asignaciones presupuestarias en el número de estudiantes de la institución, en vez de hacerlo por el tipo, nivel o calidad de su educación” (Bianco described the university's project to introduce distance learning throughout Venezuela, which the Rector said was the only answer to the GBRV's pressure to accept more students. This year, UCV's budget has been cut by 6% by the GBRV, which is basing its budgetary allocations on the number of students, rather than the type, level, or quality of education). Curiosa actitud, la de esas autoridades universitarias con períodos vencidos desde hace un quinquenio, que se niegan a discutir el tema presupuestario con las comunidades de sus universidades, pero, como les gusta tratar esa materia con los funcionarios de una potencia extranjera, hostil a la Patria de Bolívar y Chávez.
Asimismo, esta semana pudimos apreciar cómo incentivan las protestas de sus comunidades para hacer ver, ante la opinión pública nacional, que el tema presupuestario es una realidad. Las y los trabajadores ucevistas, pudieron percibir en carne propia, como esa política de “guerra presupuestaria” les afecta en sus patrimonios familiares, pues, precisamente, uno de los actores de esa reunión en la embajada gringa, el vicerrector administrativo de la UCV, Bernardo Méndez, no les solicita los recursos presupuestarios para el cumplimiento de los beneficios de sus contratos colectivos, como es su obligación por Ley; obligándolos, a propiciar situaciones conflictivas de paralización de actividades y de alertas en los medios de comunicación. Con ello, esas autoridades apátridas, van creando el escenario mediático que les justifique la actuación de sus “pacíficos” estudiantes en las calles, con sus güarimbas y su violencia contra la paz de la República. Ya, incluso, tienen su hora cero fijada: “Los vicerrectores administrativos de las casas de estudio anunciaron que en julio las universidades pueden entrar en cierre técnico porque se quedarán sin dinero para pagar salarios y providencias estudiantiles” (http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=31919&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter). Preguntémonos: por qué el cierre técnico sería en julio de 2015 y no, en enero o febrero. Obvio del por qué de tal decisión política, pues, sería ese el aporte que harían las autoridades con períodos vencidos, a la campaña electoral opositora para las parlamentarias de diciembre de 2015, poco les importa sí las y los estudiantes de esas universidades culminan o no sus períodos de estudios, “bien vale el sacrificio” les responderán a los sufridos estudiantes. Propiciar situaciones de desestabilización, para crear el ambiente desfavorable a la gobernanza del Presidente Maduro; crear situaciones de violencia generalizada con sus “pacíficos” estudiantes, de manera que, lleguemos al proceso electoral de las parlamentarias de diciembre 2015, en un ambiente hostil al Gobierno Nacional, que pudiera generarle votos castigos que se expresarían en más parlamentarios opositores que, al año siguiente, estarían consagrados en la línea política ya expresada por Julio Borges: “recortar el período presidencial a través de una reforma” (Entrevista con Vladimir Villegas, 08-09-2014), valga decir, propiciar el llamado golpe parlamentario.
De no tener eso claro el Gobierno del Presidente Maduro, en 2015 tendríamos a sectores de la derecha fascista en las calles propiciando acciones de violencia, y de no garantizarles a las y los trabajadores universitarios la discusión de su Contratación Colectiva a vencerse en diciembre de este año, también los tendrían en las calles protestando por la misma. Urge pues, una alianza de Gobierno-trabajadores y trabajadoras universitarias (docentes y no docentes), para desmontar esa aspiración de las autoridades apátridas de la AVERU. Tal alianza, estimamos debe establecerse sobre acciones concretas: 1) El inicio de las discusiones de la 2da Contratación Colectiva Única, la instalación de las mesas de negociación, hecho que no debiera pasar de diciembre de este año; 2) Restituir las Comisiones de Seguimiento de la actual Contratación; 3) Mientras duren esas negociaciones, establecer un aumento salarial extra contrato que restituya en algo, la pérdida del nivel adquisitivo de la clase trabajadora universitaria en 2014 y bajar las tensiones acumuladas; 4) Constituir los Consejos Contralores establecidos en la LOE, Artículo 34, Numeral 3; 5) Impulsar con las y los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, la Democratización de las Universidades públicas; 6) Hacer públicos los presupuestos universitarios, despejar esas sombras que tanto aturden a nuestras comunidades universitarias; 7) Constituir el Órgano del Poder Público Universitario, integrado por estudiantes, profesores y profesoras, obreros y obreras, personal administrativo y egresados y egresadas; como Órgano consultivo del nuevo ministerio en materia de las universidades públicas; 8) Establecer líneas de contacto directas de diálogo con las y los trabajadores y los estudiantes. Como vemos, mucha es la tarea que tiene por delante el ministro Fernández, a fin de desmontar la guerra presupuestaria, la cual, como es evidente, no se desmontará enviando más y más dinero público a las universidades, sino con política, y política Revolucionaria.
Caracas, 08-11-2014
