En su libro “Corrupción vs Revolución”, José Manuel Hermoso define acertadamente la corrupción como una forma de privatización. En el caso venezolano, esta adquiere la forma de apropiación delincuencial de la renta petrolera, que debería utilizarse para atender las necesidades de salud, educación, alimentación, hábitat y en el desarrollo socioproductivo del país. Su impacto también se refleja en las deficiencias de los productos y servicios gestionados a través de las contrataciones públicas. Tiene un alto “costo” que algunos estiman entre 15% y 30%, que es trasladado a los usuarios y al Estado, aumentando el precio y bajando la calidad de los bienes de consumo, elevando el gasto público y afectando negativamente la durabilidad y calidad de las obras públicas.
La “mordida” se concreta al confabularse burócratas y empresarios mafiosos aprovechando las debilidades del control social e institucional. Es estimulada por la impunidad y la tolerancia cómplice que la legitima. Contribuye a la formación del capital originario de la burguesía parasitaria y a la reproducción del modelo de acumulación exógeno del capitalismo rentístico-importador venezolano. Un ejemplo que emblematiza ese modelo, que debería ser investigado a fondo, es el del banquero Juan Carlos Escotet, quien de corredor de bolsa saltó a magnate bancario, gracias a la compra ilegal de 5 entidades de ahorro y préstamo de cuya fusión nació “Caja Familia” hoy Banesco y quien “inexplicablemente” compró el banco español “Novogalicia” por la bicoca de 1.100 millones de euros, aun cuando su ámbito de acción conocido es el sistema financiero nacional.
Pronto terminará el mandato de la Ley Habilitante otorgado por la AN al Presidente Maduro para enfrentar el cáncer de la corrupción. No obstante, la Comisión Presidencial anunciada para investigar el escandaloso defalco de 20.000 millones de dólares a través del SITME en 2012, aún no se ha concretado. Mientras tanto, el fraude cambiario continúa, ahora a través de CENCOEX, el cual ha sancionado a decenas de “empresas de maletín”, incluyendo algunas que ya habían defraudado a CADIVI, que se fueron con “la cabuya en la pata” sin haber justificado el uso de las divisas asignadas. El tiempo político se agota.
