El 19 de noviembre de 2014, es decir hace poco más de un mes, apareció en la gaceta oficial extraordinaria No. 6.516, la Ley del Cuerpo Nacional contra la Corrupción con el mandato de crear tres entes para combatir lo que en el instrumento llaman “flagelo” y “fenómeno”, es decir, la corrupción. Desde su creación nada se sabe y ni siquiera un saludo de fin de año hemos visto, algo así como “Y deseamos a Venezuela un 2015 libre de corrupción”. Nada…
Y mientras el Drae la define como “vicio” y “práctica”, otros la asumen como una “depravación moral” pero, en general, es una mala maña que ha encontrado sus más sofisticadas manifestaciones en todos los ámbitos del aparato estatal.
Pero el asunto cobra un matiz doloroso cuando hablamos de revolución. Y no sólo es que le metan mano a la “cosa pública”, no. Es mucho más que eso para quienes militamos en la ética revolucionaria como práctica de vida desde mucho antes de Hugo Chávez.
A partir de 1992 Chávez hizo suyo el ideario de íconos como Antonio Gramsci o Ernesto Ché Guevara para quienes lo más importante es valorar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y hace mucho rato que, francamente, eso no se percibe no sólo en cierta dirigencia partidista sino en las instituciones del Estado, incluso en aquellas nacidas al calor de la revolución. El “flagelo”, “vicio” o como se quiera llamar, ha permeado nuestra sociedad como un gas. Seguimos preguntando por los más de 20 mil millones de dólares desaparecidos, tras una combinación perfecta de cómo sí pueden trabajar los sectores público y privado. Por eso no podemos aceptar que la corrupción campee con absoluta impunidad o que se destituya o malogre a quien la denuncia. Exigimos respuestas que aún nadie nos da.
La esperanza entonces se cifra en esa nueva Policía Anticorrupción, integrada por agentes super secretos, que se desplegarán por todo el país, de manera sigilosa y encubierta para capturar corruptos. Uno se los imagina con lentes oscuros, como los de Pedro Navaja, “pa’ que no sepan qué está mirando”, o como esa reportera del crimen que llegaba a conclusiones insospechadas. Ya tenemos nuestra propia “CSI” en Venezuela que actuará en los ámbitos público, privado, del Poder Popular, sector financiero y sobre personas jurídicas y naturales y hasta de sus “entornos”. Es decir, ¡nadie escapará! Tal vez ahora mismo, mientras usted lee esto, tenga a su lado a algún agente de esos, pillando si se lleva la engrapadora o si juega solitario en la computadora.
Así estarán las cosas que el presidente Maduro tuvo que crear un cuerpo “élite” (así se categoriza en el decreto) sólo para corruptos. Pero nos preguntamos cómo se podrá hacer ese trabajo en un estado que cada vez es más grande, gordo y pesado. Según cifras de octubre de 2014, el Instituto Nacional de Estadísticas ubica la fuerza laboral ocupada en 12 millones 949 mil 479 personas (recordemos que ya Venezuela tiene más de 30 millones de historias), de las cuales 2 millones 689 mil 579 están en el sector público y el resto en el sector privado. Además, el INE registra la existencia de 1.034 instituciones y centros de dependencias oficiales que no discrimina (para 2013) y suponemos que esa cifra aumentó sustancialmente con la cantidad de organismos nuevos. El Poder Popular también ha crecido con los Consejos Comunales y Comunas. Inclúyale a eso las gobernaciones y las alcaldías.
Veamos muy por encima (pues cada dos días nuestro sistema de gobierno cambia y es difícil tener algo consolidado) cómo se ha comportado el sector público en los últimos dos años: por medio del Decreto N° 524 de la Presidencia de la República, fueron creadas y activadas las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) bajo la circunscripción de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), cada cual con su respectivo tren y jefes con rango de ministro. Son organismos cívico-militares y por ende tienen representantes de ambos ámbitos con funciones muy parecidas.
Además, a lo largo de 2013 y 2014, vimos nacer de la mano de Maduro ocho nuevos despachos o instituciones, incluyendo tres vicepresidencias:
1) Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria, adscrita a los despachos de Agricultura y Tierra y de Alimentación, bajo la dirección de Yván Gil;
2) Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento, a cargo de Ricardo Menéndez;
3) Vicepresidencia para la Soberanía Política: que en principio asumió Rafael Ramírez y que agrupa a los ministerios de Comunicación, Relaciones Exteriores, Relaciones Interiores y Defensa (conservando sus ministros de origen);
4) Autoridad Única Nacional de Trámites y Permisología, dirigida por Dante Rivas;
5) Según la Gaceta Oficial 40.340 del 23 de enero de 2014, se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos (Sundde), la cual ha tenido ya tres “super”, el último es Andrés Eloy Méndez, después de Dante Rivas y Andreína Tarazón (quien se fue al Ministerio de la Mujer);
6) el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) en sustitución de Cadivi, como ente del Ministerio para Economía, Finanzas y Banca Pública. Lo preside Alejandro Fleming;
7) Corpomiranda, encargado de diseñar políticas públicas para el estado, siendo su presidente Elías Jaua;
8) Corporación Productora, Distribuidora y Mercadeo de Alimentos (Corpo PdvMercal), que preside un militar, el coronel Johan Hernández Lares y a la cual están adscritos Mercal, Pdvsal, Red de Abastos Bicentenarios, Logicasa y Fundaproal;
9) Corporación Nacional para la Alimentación, para dirigir el programa de alimentación de las escuelas;
10) la Oficina Especial de Control Posterior, dependiente del Ministerio para la Alimentación.
11) Vicepresidencia para el Desarrollo del Socialismo Territorial- Elías Jaua y Ministro para las Comunas
Aunque se fusionaron seis ministerios en tres mega vicepresidencias, la estructura burocrática quedó igual. Es decir 27 ministerios con sus ministros, viceministros, directores generales, etc. Por eso ya no se habla de Consejos de Ministros sino de Consejos Presidenciales y la verdad no sabemos si Ministros y Vicepresidentes tienen el mismo rango o el mismo sueldo, ni quién le rinde cuentas a quién.
Volvió el reformismo: la masacre de Quinta Crespo, como dolorosamente quedó para la historia, y el crimen de Robert Serra y María Herrera, donde estuvieron involucrados funcionaros del Cicpc y de la Policía de Caracas, demostraron que algo no estaba bien en esas instituciones y que la campaña realizada desde el Ministerio de Relaciones Interiores, en tiempos de Miguel Rodríguez Torres, era más personalista que institucional. De esos hechos surgió la idea de crear la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, mediante Decreto N°1.420, de fecha 14 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial N°40.542, y lo dirige Freddy Bernal quien por cierto anduvo entregando juguetes en navidad.
Por eso cuando escuchamos decir al presidente Maduro que hay que “demoler el viejo Estado burgués”, nos preguntamos ¿Y Cómo? Si cada vez él mismo lo fortalece más.
Dentro del llamado “SP3” (Sistema de Protección Popular de la Paz) se creó el Cuerpo Nacional contra la Corrupción (CNC), el cual depende del Presidente de la República según se lee en la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinaria. Ese organismo tendrá, además, una superintendencia, una intendencia y una policía nacional (es decir 3 en 1) contra la corrupción, más la Oficina Nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Es decir, nació ya con burocracia porque cada uno tiene su propio jefe y seguramente el aparato administrativo. El director de la Policía Anticorrupción es el comisario José Ramírez Márquez. Todo viene por Ley Habilitante mediante las reformas a las leyes Orgánica de Seguridad de la Nación y la Ley Anticorrupción.
El CNC, entonces, será un órgano “rector”, encargado de “diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado” contra la corrupción y tiene entre sus facultades las de “perseguir, combatir, sancionar, castigar y neutralizar” esos delitos. O sea, es casi un Ministerio. Esta Policía Anticorrupción (parecida a una que funciona en Perú desde 2001) ostenta 15 atribuciones y, luego de revisar la Ley Orgánica de la Contraloría, encontramos muchas similitudes pero suponemos que, como deben trabajar articulados, eso no será problema (ojalá no se pisen la manguera unos con otros). Este ente surge ante la carencia de un sistema de control que enfrente la corrupción “de manera especializada”. Nos preocupa el sector alimentos, sensible aspecto que al parecer se ha convertido en un negocio de pocos pero con grandes ganancias. Desde el contrabando de extracción hasta el otorgamiento de divisas. Una cadena que amerita, sin duda, gran atención.
Se hace énfasis en los llamados “agentes” anticorrupción, los cuales tendrán una protección especial y trabajarán, como hemos dicho, de manera encubierta.
Pero, preguntamos, ¿cuántos agentes harán falta para cubrir un ámbito tan amplio como diverso? Si la población empleada actualmente llega casi a 13 millones, ¿hará falta un número similar de agentes? ¿Y estos agentes quiénes son? ¿Cuánto ganarán? ¿Tendrán las suficientes credenciales morales y éticas para desempeñar una función como esa? ¿Quién medirá eso? ¿Existe acaso un “moralómetro” para ello? ¿Y cómo queda, entonces, la contraloría social?
Tal vez podamos retomar aquel “decálogo” o “Código Moral para el ejercicio del cargo” que inventó el profesor Adelso González Urdaneta desde su austera oficina anticorrupción en Miraflores, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, quien hizo de la honestidad un motivo de debate durante la campana electoral de 1993.
Copiamos este “decálogo” porque la historia está hecha también de referencias:
-No tener ataduras ni complacencias partidistas, familiares o amistosas.
-No deber favores ni personales ni políticos. En tal sentido, no aceptar homenajes, condecoraciones o placas de reconocimiento, invitaciones muy especiales, regalos, préstamos simbólicos o privilegiados y cualquier otra forma de atención que el Comisionado juzgue inaceptable.
-No hacer ninguna recomendación para cargo alguno en la Administración Pública ni para contratos con ésta.
-No realizar entrevistas fuera de la Oficina, con excepción de aquellas que el propio Comisionado considere justificadas.
-No procesar ni tramitar informaciones o denuncias, evidentemente infundadas.
-No recibir ni procesar anónimos.
-Aceptar toda cooperación que se ofrezca, preferentemente gratuita en: aporte de estudios sobre la corrupción en Venezuela, denuncias o informes fundamentados, divulgación debida por los medios de comunicación social de casos en procesamientos y demás gestiones de sana colaboración.
-Mantenerse fiel a las leyes y al Estado de Derecho de la República.
-Actuar con objetividad, seriedad, firmeza, prudencia, sensatez, equidad y justicia sin prejuicio alguno ni predisposición a favor ni contra nadie.
Epílogo: De nada servirá la policía más especializada y más “èlite” si no tenemos resultados pronto. Además, la sabiduría popular dice que “muchas manos en la sopa, ponen el caldo morao”. No es posible que a más de un mes de creada, aún no dé señales de vida esta institución que nace, precisamente, porque ya la corrupción es un vicio reconocido, incluso, por el propio presidente Maduro. Ya reconocerlo ha sido un gran paso pero no es suficiente. ¿Qué pasa, entonces?¿Dónde están los corruptos-as?
