En los centros de venta de alimentos y medicamentos, públicos y privados (supermercados y cadenas farmacéuticas), sin excepción alguna, exigen la cédula y la verificación de las huellas dactilares a todo aquel que intente adquirir algún alimento u otro tipo de bien de la inmensa cantidad de los que no están regulados y que, además, no hacen parte de los calificados como esenciales, lo cual provoca que se formen interminables colas que generan malestar y mucho enojo al publico todo.
No atinamos a encontrarle una explicación razonable a este tipo de medidas y ante las protestas del público, que las vivimos casi a diario, la respuesta de los encargados de los establecimientos, es que las impuso el gobierno con carácter obligatorio. La gente, por supuesto y de manera general, dispara su rabia con arengas demoledoras en contra del réégimen, al que lo tildan de todo lo peor…
De verdad y lo decimos con contundencia, no terminamos de digerir que el gobierno de la Revolución haya acordado medida tan absurda. La entendemos y, por supuesto, la defendemos con el mayor empeño para que sea aplicada, con el debido rigor, únicamente con los productos regulados, pues sabemos que con la misma se logra disminuir el "bachaqueo", comercio ilegal y muy perverso ese que el Presidente Maduro lo prohibió por decreto de octubre/14, el cual no se acata y para verificar su incumplimiento, basta con que vayamos a Petare, a La Vega, al Cementerio, etcétera y veamos con nuestros propios ojos el enjambre de bachaqueros vendiendo en la calle los productos regulados a seis y diez veces su valor, a la vista no sólo de la policía municipal, sino de la Nacional Bolivariana y hasta de la Guardia Nacional…
¿Es el gobierno el responsable de tal requisito para hacerle aún más incómoda la vida a los venezolanos o el mismo hace parte de la guerra económica que se ha desatado contra el país y, por tanto, detrás del mismo está la gente de Consecomercio?
La pregunta es pertinente, porque si es el gobierno el autor del desaguisado, de inmediato debe proceder a eliminarlo y a despedir a sus directos responsables y si es parte de la guerra económica, que sus órganos regulares de control en el área (Sundee), aplique los correctivos y sanciones que sean necesarios a fin de impedir que se sigan replicando ese tipo de acciones desestabilizadoras.
Vale añadir que nuestra banca pública incurre en un gran desatino, creemos que ilegal, por demás, cuando le limita a sus clientes los retiros de efectivo a cantidades que hoy en día se hacen, en muchas ocasiones, muy escasos para resolver problemas urgentes y/o imprevistos y que nos obligan regresar en los días subsiguientes al banco a retirar la suma que necesitábamos. Es una medida que provoca demasiado malestar y quienes la adoptaron, por seguro estamos, son quintas columnas que hacen parte de sus equipos de gerencia…
