Sin duda que la actual situación económica de nuestro país tiene sus efectos más severos hacia los sectores populares, es decir, la gente pobre del campo y la ciudad. Son ellos quienes más sufren las consecuencias de la perversidad del acaparamiento, la escasez y el contrabando de extracción, que a su vez inducen carestía, especulación e inflación; eso lo sabe hasta el más ingenuo y con tal afirmación no estamos descubriendo la forma de entibiar el agua. Sin embargo, todos esos fenómenos han tratado de ser combatidos infructuosamente por las distintas instancias de gobierno, desde la administración nacional, pasando por las regiones y Municipios, hasta las organizaciones comunales, han intentado y ensayado cualquier método para hacer llegar los alimentos e insumos generales a la población pero no han logrado resolver sustancialmente el problema, lo cual ocasionó la obvia crispación general de ánimos y produjo el pasado 6 de Diciembre, una pesada derrota política al gobierno.
La mayoría de la población desea que pueda ser resuelto el problema del acceso a los alimentos e insumos generales, incluyendo las medicinas que son muy necesarias, pero aunque el Gobierno hace los máximos esfuerzos por importarlos y aumentar la producción nacional, cuando todo ello entra en las cadenas de distribución se desaparece un importante porcentaje y la dificultad parece agudizarse. Obviamente que todo el asunto tiene un trasfondo político y se enmarca dentro del ataque sistemático y multifacético que existe contra Venezuela por parte de las naciones que controlan el sistema financiero internacional, particularmente los precios del petróleo, con los norteamericanos a la cabeza, quienes necesitan derrocar al gobierno venezolano para regresar cómodamente con sus empresas transnacionales a apoderarse de la importante renta petrolera que nuestro país puede generar, la cual hoy han logrado mermar haciendo caer estrepitosamente el valor del crudo para que el ejecutivo venezolano no tenga los recursos que permitan paliar la crisis económica y sus consecuencias sociales y políticas.
En tales circunstancias los economistas exponen las mil y una causas, así como exteriorizan igual cantidad de posibles soluciones, entre las cuales los más extremistas incluyen condenar al Presidente, su Gabinete, los Gobernadores y Alcaldes a la Guillotina. Sin embargo; si bien es cierto todo lo anterior, no menos cierto es que todo el problema tiene un elemento interno de mucho peso y de difícil levante por lo extendido que se hizo, me refiero a la corrupción, esa abominación que se convirtió en epidemia y de corrupción administrativa degeneró en corrupción generalizada. Es impresionante como centenares de funcionarios y personas comunes se nutren de las corruptelas y hasta se atreven a esgrimir su derecho a cometerla porque un superior lo hace, es decir, justifican el delito como legal con el pretexto que su jefe o un gobernante lo está haciendo. Algo así como aquella desgraciada frase que una vez escuché: “Los adecos son mejores porque roban y dejan robar”, vaya usted a saber tamaño descaro.
Es realmente indignante como algunos funcionarios de la administración pública, incluyendo Policías, Guardias Nacionales, funcionarios de organismos de inteligencia y seguridad de Estado, oficialidad militar y hasta soldados, se dedican a la corrupción en sus múltiples circunstancias, desde la muy conocida matraca callejera o de alcabalas en carretera, pasando por el acaparamiento y posterior venta especulativa, hasta los que dirigen el gigantesco y lucrativo contrabando de extracción, que continúa desangrando al país por todas las fronteras terrestres y marítimas, sin excepción.
La multitud afectada y encolerizada nos reclama a quienes de alguna u otra forma tenemos responsabilidades gubernamentales, sin embargo, los que por el nivel que ocupamos no tenemos posibilidad de tomar medidas y algunas veces ni siquiera podemos exponer nuestras inquietudes ante los decisores o sencillamente nos toman por sonsos, tomamos la alternativa de elevar la voz en sentido general, a ver si llega ante quienes tienen el nivel de asumir y ejecutar las acciones resolutivas. De allí que afirmamos categóricamente que gran parte de la culpa de esta escasez y especulación de productos alimenticios, insumos generales y medicinas, está en la exagerada corrupción de muchos funcionarios públicos administrativos y cuantiosos uniformados, quienes prevalidos de los uniformes y las armas que portan, conforman con los primeros una entente perniciosa que mantiene en zozobra a la ciudadanía y anula cualquier acción del gobierno -en sus distintos niveles- para resolver los problemas y mejorar el estado de bienestar de los venezolanos. Por tanto, si no se actúa contra tan pesado fardo, la anarquía tomará fuerza y no es de extrañar el retorno de episodios similares al final de Febrero de 1989, aunque para algunos les resulte una exageración lo que decimos.
