Antes del año 1999, teníamos una democracia representativa propia de un modelo neoliberal, con sus muchas privatizaciones y transnacionales; dueños de entidades bancarias que robaban a sus clientes con los créditos indexados y cuotas balón; desalojos brutales y abogados serviles. Eso es lo que algunos mal llaman felicidad de la IV, equivalente a la ilusión de que todo tiempo pasado fue mejor.
Después de diecisiete años de transición al socialismo, de atención al más vulnerable; de derecho a la vivienda consolidado en más de un millón de unidades habitacionales, como también de derecho a la educación materializado en una matrícula universitaria gratuita de unos tres millones de estudiantes, ese bienestar es atacado por la desestabilización, vendida como ingobernabilidad, para hacer parecer el socialismo como un sistema fracasado.
Desde Cúcuta y Miami, el bolívar es sometido a una forzada devaluación; la distribución de los productos regulados alterada, mediante el contrabando de extracción hacia zona fronteriza y el bachaqueo; y la delincuencia sembrada por el paramilitarismo. Todo eso contribuye a que el ciudadano común se sienta desprotegido.
Para salir de esa situación impuesta que pretende desgastarnos el ánimo por atender a nuestra subsistencia, a pesar de los muchos logros obtenidos en tiempos de revolución, es necesario –además de la intervención de la FANB en la alimentación, el incentivo a la producción nacional para acabar con los monopolios y los CLAP- la profundización de las OLP, enemigas de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, y su alcance a los bachaqueros.
Asimismo, es necesaria la vigilancia extrema del productor al consumidor final; y la denuncia, y exigencia de reparación, por los daños hacia nuestra moneda, para acabar con ese estado de frustración que solo favorece al que más tiene y por ello teme perder sus privilegios económicos.