Para muchos, resulta ya un lugar común considerar que las élites someten a los pueblos por medio de las leyes, sus leyes, las que ellas cocinan, debaten y redactan a su conveniencia. La Venezuela "bolivariana" no escapa a esta realidad macabra. Y que no nos vengan los burócratas "socialistas" con su "parlamentarismo de calle", que algún día implementaron como para darle un barniz participativo a su simulacro consultivo, al final del cual terminaban siempre aprobando lo que les interesaba. Pero lo más perverso del hecho jurídico-burgués no está sólo en lo que está escrito sino también en lo que no está escrito. Este es el caso, por ejemplo, de las leyes sin reglamento, instrumento, que, por definición, debería servir para que una ley pueda ser aplicada en la vida cotidiana, es decir, en el terreno de la vida real.

Pues bien, resulta que, casualidades de la vida, ninguna de las leyes "del poder popular" en la Venezuela actual tiene reglamento… Extraño, ¿no? ¿Será que nuestros "camaradas" diputados (los de la anterior Asamblea Nacional) le tenían tanto miedo al pueblo que hicieron todo lo humanamente posible para limitar su poder? Tenemos, de esta manera, unas leyes orgánicas de los consejos comunales y de la contraloría social, entre otras, sin reglamento, es decir, totalmente chucutas. Y, por si no quedara lo suficientemente claro, nuestros ilustres diputados "socialistas" dispusieron, en el caso de la ley orgánica de los consejos comunales, que, "hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente ley, el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana dictará los lineamientos y elaborará los instructivos que se requieren para hacer efectivo el registro de los consejos comunales" (novena disposición transitoria). Esto fue en noviembre de 2009, cuando Chávez estaba vivo y Cilia Flores era presidenta de la Asamblea Nacional (no Ramos Allup). Gracias a esta pirueta jurídica, la burguesía parlamentaria imponía claramente las reglas del juego: el "poder popular" debía permanecer bajo el control y subordinación de las decisiones de la burocracia. Pero hay que estar bien claro en que un "poder popular" controlado por un ministerio deja automáticamente de serlo. Su esencia es, precisamente, el poder que tiene la gente de decidir por sí misma, independientemente del condicionamiento, la amenaza y la tutela de alguna institución del Estado. El poder que tenemos de organizarnos según nuestros propios criterios es, por definición, libre, soberano, irreverente y espontáneo. Por lo tanto, tener consejos comunales adscritos y subordinados a un ministerio es la contradicción más grande del universo. Es como hablar del agua seca o de subir hacia abajo. Es sencillamente imposible. Por eso decimos con absoluta convicción que lo que nos ha vendido la burocracia roja como lo máximo en materia de democracia participativa – y en esto coincide plenamente con la oposición pro-yanki y con el capitalismo transnacional, los cuales apuestan plenamente a controlar la participación ciudadana y los "órganos del poder popular" – no es sino una estafa monumental.

Esto no lo decimos como fruto de elucubraciones teóricas: nos confrontamos en el día a día a esta farsa que expresa la ley y se constata en realidad de los consejos comunales. Pues, cuando, como comunidades, hacemos el esfuerzo de constituirnos como consejos comunales, chocamos diariamente con la demencial burocracia de Fundacomunal, ente institucional "con competencia en materia de participación ciudadana"… La arbitrariedad de la mayoría de los funcionarios de Fundacomunal llega a tal punto que, valiéndose de esa arbitraria "novena disposición transitoria", son quienes tienen el poder absoluto de interpretar la ley a su conveniencia y de imponer, según sus caprichos, las decisiones más absurdas a las comunidades, valiéndose a veces de los artículos más infames de la ley, interpretando otras veces la misma de forma abusiva o, sencillamente, violando los pocos artículos sobre los que pudiéramos basarnos para hacer valer nuestros derechos colectivos. Por ejemplo, violan constantemente el artículo 20, relativo a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, así como el artículo 28, relativo a los comités de trabajo. Efectivamente, le imponen a los consejos comunales la cantidad y la apelación de los diferentes comités de trabajo, cuando en realidad es cada comunidad la que debería decidir cuáles y cuantos comités de trabajo deben funcionar dentro de su ámbito territorial, en función de la dinámica propia de cada comunidad, de su historia, de su tamaño, de sus costumbres, de sus necesidades, de sus características propias, etc. Además, le imponen a las comunidades una cantidad aberrante de voceros electos (cincuenta o más), cuando todos los que militamos desde el territorio en función del proceso revolucionario sabemos que es totalmente irrealista pensar que cincuenta o sesenta habitantes de una micro-localidad van a asumir voluntariamente (es decir sin remuneración) un gobierno comunal. Esta es la mejor prueba de que la burocracia actúa sistemáticamente sin tomar en cuenta la realidad real. Otro ejemplo aberrante de como Fundacomunal inventa normas que ni siquiera aparecen en la ley (que, recordémoslo, es un modelo de mamotreto tecnocrático): lo constituye la lista interminable de requisitos administrativos que debemos presentar ante la temida Taquilla Única para poder aspirar al tremendo privilegio de ser registrados y obtener el glorioso sellito de la institución y, por lo tanto, ser reconocidos y legalizados por nuestros propios verdugos. La mayoría de los consejos comunales (por lo menos los que no tenemos palanca) tardamos entre seis meses y un año antes de ser legalizados, desde el momento de la presentación de los requisitos. ¿Cómo concebir, pues, un "poder popular" tan burocratizado? Lo que nos aplica el gobierno (pues tenemos que terminar de entender que esta realidad corresponde a líneas de gobierno y no a supuestas "desviaciones burocráticas" como lo repiten hasta el cansancio los impostores ministeriales), mediante Fundacomunal, es sencillamente una monstruosa violación de nuestros derechos humanos, al limitar y secuestrar nuestro derecho a la organización colectiva.

Pero no creamos que esto es fortuito: todo este entramado parasitario y perverso de trabas burocráticas tiene una finalidad muy bien definida: impedir la organización de la gente, creando cúpulas dentro de las comunidades y, de esta forma, ir abonando el terreno para estirar indefinidamente los tentáculos de la corrupción. Obtenemos de esta forma la ecuación perfecta: burocratización de los consejos comunales = conformación de micro-élites conformadas por funcionarios públicos y miembros del PSUV con palancas dentro de Fundacomunal = corrupción = desarticulación de las comunidades. ¡Delito perfecto! Servido el plato, los invitados exclusivos de la impostura descomunal pueden seguir tragándose los platos del festín, los miembros del partido y los funcionarios públicos pueden seguir manejando a discreción los presupuestos públicos dentro de las parroquias y las empresas contratistas pueden seguir cobrando jugosas comisiones. Cuando las circunstancias lo ameritan, inclusive, los militantes de los partidos de oposición son invitados al fiestón.

Ahora bien, debemos precisarle a nuestros detractores, que siempre buscan la forma de descalificarnos, que no sólo criticamos y denunciamos: también ofrecemos respuestas y propuestas ante la bochornosa incompetencia de los burócratas y oportunistas de profesión, que crece de día en día, al ritmo de su acelerado proceso de descomposición ética y política.

¿La propuesta?

Desde el poder de la gente, impulsar un proceso de dinamitaje del Estado Burocrático.

¿Cómo?

Llamando nuestras comunidades a la insurgencia, a la desobediencia y a la rebelión, impulsando la conformación de consejos comunales autónomos, es decir, independientes de Fundacomunal, como Organizaciones No Gubernamentales... podemos, inclusive, tener existencia legal sin tener que depender ni ser reconocidos por la burocracia estatal.

Para aquellos farsantes que se horrorizarán con semejante propuesta, considerándola como la puerta abierta a "la amenaza imperialista" (pues son tan retardatarios y obtusos que para ellos ONG = imperialismo yankee), le decimos, retomando las palabras de otros hermanos de lucha:

"nos hemos dado cuenta que la organización estatal es en realidad la desorganización máxima, pues descansa en la negación de la facultad humana de organizarse".

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Samuel Bravo, artista plástico, vocero del Consejo Comunal Madre Tierra (parroquia La Pastora, Caracas), miembro del Colectivo Cultural Toromayma y activista de la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico.