El reciente hecho de corrupción que denunció el camarada Freddy Bernal en el Estado Anzoátegui por parte de un ciudadano -al parecer- maestro de escuela o trabajador de un centro educativo municipal, por las credenciales que se muestran junto con la noticia que hemos leído en Aporrea (*) estafó a 232 Clap en la zona, es una muestra apenas de las miles de ellas que ocurren en cada plan, en cada programa que adelanta el gobierno de tipo social en cualquier lugar del país y en este caso en específico, es imposible llegar a la convicción de que allí ese sujeto actuó en solitario, por la cantidad enorme de Clap que se vieron afectados por sus fechorías. Allí operó, sin la menor duda, una mafia muy bien organizada con la bendición y el apoyo de instancias superiores, por lo que los órganos de investigación del gobierno deben poner sus lupas en toda esa estructura regional de distribución de alimentos y hasta la nacional, por la vía de fortalecer e incrementar tanto como sea posible las tareas de control y fiscalización que sean inflexibles y rigurosas, las cuales todo ente público debe estructurar cuando se manejan fondos públicos, incluidos allí los necesarios y rígidos mecanismos del control interno…
Por seguro estamos que el sujeto descubierto, al parecer infraganti, debió mostrar ante sus vecinos de la zona donde vive cómo le iba de bien económicamente siendo parte funcionarial (ya recibiendo una paga mensual o como voluntario) de ese mecanismo creado por el gobierno nacional para contrarrestar el atroz desabastecimiento que se la ha venido imponiendo al pueblo desde hace ya más de dos años y quizás muchos de esos vecinos debieron quedar sorprendidos y hasta dudando algunos que el creciente confort del personaje no tenía un origen muy santo que digamos, sin que ello trascendiera más allá del barrio, por lo que no nos hemos cansado de repetirlo que a los corruptos hay que enfrentarlos como se combate a los traficantes de drogas, es decir, con la puesta en práctica de una política anticorrupción clara e implacable que contemple en sus estrategias de investigación, tareas de inteligencia, porque no hay corruptos, salvo que sean eunucos, que dejen rastros de sus tracalerías, de allí que es bien importante recordar aquello que el presidente Hugo Chávez lo dijo y lo reiteró una y mil veces: “un simple indicio puede conducir a destapar un hecho de corrupción….”
Este tema de la corrupción siempre debe estar en el tapete de los asuntos que demandan la mayor atención y que, por ello, tenemos que impedir que lo dejemos de lado y menos que lo mantengamos engavetado, porque es de vital importancia para garantizar la salud de la República. Hay que mantenerlo vivo y ser objeto del mayor análisis a través de estos espacios, tantas veces como podamos y a esa tarea invitamos a que participen todos los venezolanos, sean del signo político que sean, pues estamos persuadidos de que sólo con el esfuerzo de la mayoría de los venezolanos, será posible destruir tan terrible y destructor flagelo.
Una vez más lo decimos: La lucha contra la corrupción no se combate sólo con la retórica, con ese discurso persistente y emocional que anuncia batallas contra los corruptos, pero que, al final, todo se queda en sólo palabras cargadas de buenas intenciones.
Y no nos cansaremos de reiterarlo y, por favor, reléanlo una y otra vez: a los corruptos hay que combatirlos siguiendo las mismas estrategias que se aplican para enfrentar a las mafias del tráfico de drogas, es decir, con las investigaciones que se soportan mayormente en las “tareas de inteligencia”, pues aquellos sujetos como éstos no andan solos y hacen lo indecible para borrar toda huella que pueda incriminarlos…
Tengamos siempre presente que el ladrón del erario público se agencia mecanismos de todo tipo para lograr su cometido de manera subterránea y para ello se aviene con terceros, es decir, con aquellos que integran lo que se denomina el “sector privado” y casi siempre con el respaldo de personas de sus propios entornos de trabajo, de donde se infiere que hay allí una planificación muy bien pensada y estudiada para delinquir, sin ningún tipo de riesgos, sólo aquél que queda a merced del comportamiento posterior de quienes se concertaron para incurrir en el delito. Es por todo ello que hemos llegado al convencimiento de que este tipo de delincuencia se asemeja mucho a la que gira en torno a la droga y, como tal, hay que enfrentarla.
Es así como funciona la estructura que se pone en marcha para meterle mano a los bienes y fondos públicos. El modus operandi se gestiona por dos vías: la llamada matraca o el soborno y en ambos casos los pagos se acuerdan en dinero en efectivo, generalmente, pero también se paga con bienes de otro tipo: quintas, apartamentos, haciendas, vehículos de lujo, tarjetas de crédito prepagadas, etcétera, que les son entregados, las más de las veces, a testaferros. La diferencia entre ambas opciones activadoras radica en que la primera, la matraca, la utiliza el funcionario público, quien por sí mismo o través de un tercero (compinche) le exige una comisión o, también llamada “coima” o “mordida”, al comerciante o contratista que ha sido seleccionado como proveedor de bienes o servicios, a cambio de garantizarle que no será sustituido por otro y cuando ocurre que ese proveedor se ha ganado limpiamente la buena pro (licitación), para asegurarle que su contrato no se engavetará y que se tramitará en el término de la distancia, así como que se le agilizaran -además- los pagos periódicos correspondientes.
En cuanto al segundo, el soborno, ocurre que quien ofrece (en este caso es usual recurrir a los vocablos “regalo” u “obsequio”), es el ciudadano de la calle, ese que hace parte de la muy “culta” llamada “sociedad civil” y que más allá de que trata de mostrarse como un ser honestísimo cuando se le toca el tema de la corrupción, siempre intenta explicar que pagó la coima porque no tenía otra opción, pues si no la ofrecía no le otorgaban el contrato o la orden de compra, al parecer olvidando que en esa oferta delictiva tanto el funcionario que le recibió la dádiva como él mismo, son corruptos por igual…!!!
Pero, siempre, sea cual fuere la vía para incurrir en el desaguisado, estará presente la complicidad activa o pasiva de funcionarios subalternos, es decir, de aquellos que se arriesgan sólo si se les incluye en el reparto de la “coima” (los que calificamos como activos) y, otros, los que denominamos como pasivos, son los que en absoluto ponen trabas para que el hecho irregular se cometa y más bien lo facilitan por temor a ser despedidos. La conducta de estos últimos, por supuesto, es tan detestable como la de los primeros.
Es por ello que se necesita una labor de zapa para detectar a esos delincuentes y, por supuesto, de unos organismos de control pro activos y con voluntad de coadyuvar a una lucha persistente y seria contra los corruptos de todo pelaje, aplicando con el mayor rigor los mecanismos que, para librar esa lucha, les estipulan las leyes y reglamentos, entre los cuales destacan, por su relevante importancia, la posibilidad real y muy específica que tienen de examinar, sin limitante alguna, las declaraciones juradas de patrimonio que todo funcionario público, en cualquier de sus escalas, debe formular ante la Contraloría General, así como abrir investigaciones por “oficio”, lo cual ofrece la gran ocasión para que se actúe frente, por ejemplo, a indicios de relevante significación, como puede ser la vida dispendiosa y ostentosa de un funcionario, cuyo modesto sueldo no la justifica.
El morbo de la corrupción destruye las instituciones de manera inexorable y ante esa verdad universal, hay que actuar ya y de forma implacable, antes de que sea demasiado tarde.
