Es la Constitución la que establece en su artículo 21 que "todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia no se permitirán discriminaciones (...) que en general, tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona", un principio fundamental que recoge la esencia del ideario libertario, democrático y socialista de todos los tiempos. Este principio se vulnera desde el Estado cuando se crean mecanismos de coerción directa o indirecta que condiciona el ejercicio pleno de los derechos humanos y ciudadanos, a la lealtad al partido gobernante. Esa conducta autoritaria alienante que nace de la con-fusión Estado-gobierno-PSUV, se ha puesto de manifiesto en la aplicación del llamado "carnet de la patria", supuestamente creado para "optimizar" la gestión de la misiones sociales, aunque su verdadero propósito es ejercer el control político a través de un chantaje solapado.
Se promete a quien lo posea el privilegio de acceder, a precios preferenciales, a medicinas, alimentos y viviendas, a subsidios especiales y en general a la "protección social" del Estado. Empero, igualmente se deja colar sutilmente que quienes no acepten subordinarse al aparato político clientelar del gobierno-psuv a través del mismo, serán relegados a la condición de ciudadanos de segunda y perderán esos beneficios que en las actual situación del país, son literalmente vitales para la sobrevivencia de la gran mayoría de los venezolanos que sufren las penurias de las escasez, y los terribles efectos de una hiperinflación espantosa de la cual el gobierno no se hace responsable.
En ese carnet se puede almacenar la información personal del portador y a través del escaneo de su código "QR" en los "puntos rojos" u otros dispositivos de control, es posible monitorear la "lealtad" de funcionarios y beneficiarios de las misiones sociales en eventos políticos y electorales. Quienes no se carneticen, porque prefieran mantener su cédula como su único documento de identidad ciudadana, independientemente de su condición social, son invisibilizados y de facto dejan de ser sujetos de derecho. Esta discriminación odiosa es una señal inequívoca de la decadencia de un liderazgo que, para mantenerse en el poder, no vacila en humillar a su propio pueblo.
