La guerra multifactorial -no convencional- que ejecuta el imperialismo estadounidense contra la Venezuela Bolivariana, su Pueblo, Gobierno y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está mutando constantemente, buscando grietas por las cuales poder golpear con mayor contundencia la unidad nacional, hasta ahora inquebrantable y sólidamente sustentada en el liderazgo del Hno. Presidente Reelecto, Nicolás Maduro Moros. Fracasado, el imperialismo y sus agentes, en su uso de la economía, la guerra económica, como centro de confrontación contra el pueblo, ahora mutan hacia el sector transporte como epicentro de su anhelada búsqueda de hallar un justificativo que conduzca al pueblo venezolano, hacia los senderos de la violencia, como fórmula de solución a sus gravísimos problemas, inducidos desde el exterior con ayuda interna. El transporte, como servicio público prestado por privados, históricamente, se ha constituido en un escenario poblado de mafias que sustentan sus negociados en el erario público nacional. El acceso a unidades de transporte, mediante créditos blandísimos, han permitido a los líderes de esas mafias, acceder a flotas completas de unidades de transporte, mediante las cuales, los capos del transporte tercerizan la puesta en actividad de dichas unidades, dando origen a los llamados "avances", que no son otra cosa sino compatriotas contratados a destajo por los capos de esas mafias, sin garantía de un salario mínimo estable, mucho menos, un Cestaticket Socialista, ni seguridad social alguna que le proteja en caso de un accidente. Son los esclavos de la modernidad venezolana.
La Revolución Bolivariana, muy en particular en tiempos del gobierno del Hno. Nicolás Maduro, ha brindado un apoyo inestimable al sector de los transportistas. En ello, ha contado mucho su compenetración como conductor de unidades del Metrobús que fue. Quien, ha conjugado el compromiso de brindarles un trato casi que preferencial a los transportistas del país. Reconociéndoles, hasta la seguridad social que los capos del transporte les negaban. Ni que hablar, en los tiempos que corren, garantizándoles nuevas unidades de transporte, baterías, cauchos, aceite y demás insumos, necesarios para el desempeño del servicio a precios justos, no capitalistas. No obstante, el inestimable apoyo brindado desde el Gobierno Revolucionario a las mafias del transporte, las respuestas recibidas desde su seno, dejan mucho que desear. Una constante del accionar de esas mafias, han sido sus reiteradas solicitudes de incremento de las tarifas, hasta su pretensión de elevarlas a precios dolarizados. Parten de la premisa falsa, que el servicio del transporte público, prestado por privados, no es nada público sino privado, y como tal, el precio de los pasajes debe ser libre y quedar a potestad del dueño de la unidad de transporte.
Si bien, en la Constitución Bolivariana de 1999, no quedó explicito como derecho ciudadano el acceso a la movilidad, restringiéndolo: "Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional..." (CRBV, Art. 50). En la propuesta de nueva Constitución, a ser presentada al pueblo para su consideración y aprobación, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe considerar expresar al transporte público, como un bien social y cultural, y no como un bien económico. Estableciéndolo, como un derecho que debe ser prestado en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida, en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene, eficiencia y accesibilidad para todos y todas. Más aún, en tiempos de elecciones, declararlo como parte integrante del Servicio Electoral, siendo su prestación obligatoria.
Servicio público, al cual deben tener derecho, todas las personas indistintamente sean sus condiciones físicas, orientación sexual, política, racial e incluso económica. Estableciendo, las condiciones privilegiadas y objetos de protección por parte del Estado para estudiantes, discapacitados y adultas y adultos mayores. Esto, en el entendido que la movilidad urbana juega un papel fundamental en el desempeño de nuestra vida en sociedad, ya que integra los espacios y nos permite acceder a bienes y servicios básicos para nuestra supervivencia, y acceso a una vida digna. Y, la restricción de este derecho, se constituye en una amenaza real sobre otros derechos fundamentales como el de alimentación, la salud, la educación, entre otros.
El poder contar con un eficiente y seguro servicio público de transporte, debemos entenderlo no como una potestad del pueblo, sino como un derecho ciudadano que debe ser garantizado tanto por el gobierno central, como el estadal, municipal y los prestatarios que hubiesen recibido tal concesión pública. La actual crisis, que presenta el transporte como servicio público prestado por privados, debemos apreciarla como una oportunidad histórica para comprender que el modelo de concesión capitalista individual del transporte público (hombre-camioneta) hizo aguas, y requiere como salvación de un nuevo modelo colectivo, que garantice la operación adecuada de las unidades que prestan el servicio público. Al ser público, el servicio, nadie mejor que el propio público o pueblo, es quien debe fiscalizar, conceder las concesiones y hasta pudiera llegarse al manejo colectivo, en empresas de propiedad social mixta, de las unidades que deben prestar el servicio. Es lo que hemos denominado, el Transporte Comunal. El cual, bien pudiera lanzarse originalmente mediante empresas mixtas Gobierno-Comunas o Municipios-Comunas, y una vez se desarrolle y amplifiquen los bancos comunales, éstos pudieran ser fuentes de financiamiento para la adquisición y reposición de las nuevas unidades, una vez cumplan su ciclo de vida las originalmente adquiridas. La fiscalización desde las comunidades, deben dar cabida al surgimiento de las Comisiones de Usuarios y Usuarias del servicio, con amplio poder para solicitar tanto a las comunas como al ente municipal encargado, la rescisión de la concesión a las unidades prestatarias del servicio público de transporte auténticamente público o privado. Haciendo la salvedad, que debe propiciarse el principio constitucional de la corresponsabilidad en la prestación de este fundamental servicio público.
En lo que respecta a la gestión desarrollada por el ministro Osorio, al frente de la cartera de transporte, es más que deficiente, deplorable. Sus respuestas a las mafias del transporte, no han pasado de ser las tradicionales, valga decir, acceder a sus exigencias para evitarse las amenazas de paros, que por decenas han formulado en estos años de gobierno del Hno. Maduro. La Misión Transporte, ha desvirtuado sus fines y se ha convertido en una regadera de unidades autobuseras a las mafias que mal utilizan la espada de Bolívar, para incrementar sus flotas. Nuevas unidades, que se incorporan al servicio por unos pocos días y luego se unen al resto, en exigencia de incrementos del pasaje en detrimento del pueblo. Logrado el incremento, prestan el servicio unos pocos días para nuevamente desaparecer, crear su necesidad y exigirle al gobierno central, les incremente las tarifas del pasaje. Un ciclo en que al pueblo se le ha abandonado a su suerte, sin que ministerio, mucho menos alcaldías y gobernaciones, se les planten a las mafias del transporte para repelerlas en sus abusivas pretensiones de liberar tarifas y dolarizarlas, según el dólar de guerra se incremente. Incluso, algunos de los capos del transporte, han formulado su propuesta públicamente de pretender cobrar en dólares los pasajes. Esto, unido a un pésimo servicio en que el usuario o usuaria debe pagarles en el billete que éstos les exijan, como sucede en Aragua que solo aceptan billetes de 10 mil bolívares en rutas urbanas, cancelado al subir, si no lo tienes no serás movilizado o trasladado, obteniendo como respuesta del conductor: "dale las gracias a Maduro".
La lealtad, no debe ser un prerrequisito para acceder a un Alto Cargo público. Osorio, puede ser muy leal a la causa Revolucionaria, pero más leal hubiese sido, si al presentársele la propuesta de ocupar esa cartera ministerial le hubiese manifestado al Hno. Presidente Maduro, su rechazo por no conocer y manejar en profundidad la temática del transporte. En nuestro concepto, esa actitud, más lo hubiese resaltado como un hombre de valores y principios éticos consolidados. Estimamos, que los mejores profesionales y técnicos, con que cuenta el país, respaldan y acompañan esta Revolución. En materia de transporte, el Hno. Maduro cuenta con excelentes profesionales conocedores de esa temática, y con amplia experiencia en la materia. Incluso, muchos de ellos forman parte del partido de la Revolución, el PSUV. Solo bastaría, que el Hno. Presidente abra su horizonte más allá del entorno presidencial, achicado por las perversiones propias de todo entorno.
Las llamadas "perreras", representan el fracaso más rotundo de una gestión que, sencillamente, nunca arrancó. Unidades Youtong, ocupando grandes extensiones, estacionadas por meses, porque se les dañó un retrovisor o partió un vidrio de una ventana, son expresión de la opulencia que todavía caracteriza a la Administración Pública, Municipal y Estadal. Opulencia, que no tiene correspondencia con los sufrimientos del pueblo de las dificultades que se ve obligado a caminar largos trechos para ir a su lugar de trabajo, estudio o ir de compras. O, en su defecto, poner en riesgo su vida al osar trasladarse en las llamadas "perreras", tal cual fuera un animal. Ni tan siquiera, un simple decreto ministerial, de prohibición tan indigna forma de movilidad, se le ocurrió a Osorio. Mucho pedirle, otras soluciones que mitigaran los efectos de esta forma perversa, con que el imperialismo a través de sus mafias del transporte, ahora castigan al pueblo por su osadía de reelegir al Hno. Nicolás, un conductor de Metrobús, uno igual a ti, uno más del pueblo. En fin, un transportista…
