Afectada como todos por la crisis económica del país no puedo evitar, antes de entrar en materia, exponer mi punto de vista sobre el supuesto base de algunas de las medidas técnico-económicas que se han propuesto para fortalecer la materialización de la segunda línea estratégica de acción definida por el presidente Nicolás Maduro.
La economía no es una ciencia. No es un campo de estudio o de acción separado de la dinámica social. Como dijera Marx, recientemente citado por José Manuel Rodríguez, "La infamia de la economía consiste en especular, partiendo de los intereses contrapuestos por la propiedad privada, como si los intereses no se hallaran separados y la propiedad fuera común…".
De allí que sea casi imposible en Venezuela asediada y bloqueado por intentar ser socialista "avanzar en un acuerdo económico productivo..." (favorable a los interese de la mayoría) con quienes se creen o aspiran a ser dueños del país. Muestra de ello: el desvío de financiamientos recibidos a tasas preferenciales, la destrucción del bolívar, la obstaculización del Plan 50, las constantes agresiones al campesinado, etc.
Ahora sí. Con el fin de tratar de contribuir con "la lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción…"; de ir erradicando desde la prevención algunos de los mecanismos ilícitos de acumulación que forman parte del engranaje que garantiza la buena marcha del sistema capitalista, paso a esbozar unas propuestas relacionadas con la adopción de Contratos Inteligentes (CI) o software programado para llevar a cabo una tarea o una serie de tareas que se cumplen de forma automática una vez que las partes han acordado los términos:
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Emprender una campaña sobre el impacto que pueden tener los CI o en la eliminación de intermediarios innecesarios, el ahorro de tiempo y recursos, la trasparencia y la eficiencia de todo tipo de gestión.
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Adquirir y empezar a desarrollar la tecnología informática requerida para instrumentar este tipo de contratos en áreas estratégicas.
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Ampliar el alcance de los cursos de formación de ingenieros y programadores.
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Diversificar los centros de minería para empezar a utilizar las cadenas de bloques más allá del mundo de las criptodivisas.
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Iniciar la formación de instructores/auditores seleccionados por las organizaciones y movimientos populares para que éstas puedan responsabilizarse del seguimiento sistemático de los CI vinculados con sus necesidades y áreas de trabajo.
Cabe señalar que ya en el 2005, en el entonces recién creado Ministerio de Vivienda y Hábitat se intentó implementar un sistema, previo a los CI, donde se vaciaría la información de los contratos de obras y se realizarían los desembolsos directamente a los contratados, con base al cronograma de ejecución y a las valuaciones de los inspectores a cargo.
