En
ese período aparecen falsificaciones y clones. Los falsificadores
imitan algo que existe para engañar incautos, no para venderlos o
cobrarlos a Venezuela, que se supone tenía los mecanismos de
verificación para separar lo falso de lo legítimo.
En
cinco años de esfuerzos el gobierno de Lusinchi cree haber identificado
toda la deuda heredada y la pasa al gobierno siguiente, para su
refinanciación, en el camino queda mucha deuda sin localizar, emitidas
descentralizadamente y sin controles y muchos emisores, como Bandagro,
quebraron y cerraron. A partir de ese momento se hace imposible
centralizar y ordenar la información sobre Bandagro, y los "opinadores"
se dividen entre los que sentencian que nunca existió y los que la
recuerdan, paro tampoco saben que fue y quien responde por ella.
Los
propietarios de NPB acuden a cobrar. Ninguno cobra. Cada uno recibe una
respuesta diferente, que vá desde "ese papel es falso" hasta "estamos
reordenando el caso, renegociaremos el vencimiento para poder pagar".
Aparecen abogados de todo el mundo, y se inician acciones legales y
administrativas ante buena parte del aparato del Estado. El silencio y
la ausencia de respuesta es un denominador común.
En
tribunales del exterior aparecen demandas apresuradas con papeles que
funcionarios venezolanos pueden identificar como falsos, son
imitaciones y clones de baja calidad, recordar que estaban destinados a
incautos y no a funcionarios de seguridad bancaria venezolana. Se
anulan, en esos tribunales, gran cantidad de papeles falsos, y los
"opinadores" comienzan a construir una matriz de opinión que apunta a
clasificar como falsas a todas las NPB y como inexistente la emisión.
Nadie explica como diferenciaron uno falso de uno legítimo no emitido.
Los demandantes en el país insisten, en todas las instancias. Resultado de esa insistencia -y sus soportes- es que ningún
tribunal venezolano califica como falsas a las NPB ni cuestiona o
invalida los documentos, registros y actas notariales que podrían
demostrar su legitimidad.
El
conflicto crece, hay presiones internas y externas para resolver, pues
el Caso Bandagro contamina todos los valores venezolanos en el
exterior. Hay reclamos ante la Presidencia de la República y la
Asamblea Nacional, y como consecuencia de ellas, el ministro de
Finanzas, Dr. Tobías Nóbrega, en marzo de 2003, ordena a la Dirección
General de Consultoría Jurídica de su Ministerio conducir una
investigación administrativa con la finalidad de determinar la
legitimidad de un grupo de NPB, que obviamente incluía verificar la
existencia y legitimidad de la emisión.
Esta decisión termina la "prehistoria" de las NPB y comienza un camino donde aparecerán verdades y guisos.