Después de la nota de El Nacional del 26/11/2006 resultó refrescante la publicación de 2001, del martes 28/11. Contiene errores, de fácil aclaración y, muy importante, no denota un sesgo a favor de las posiciones sostenidas por Esther Bigott y Tobías Nóbrega. Aclaremos los errores:

1. los Bonos de Bandagro no costaban originalmente US$ 25.000.000. La emisión autorizada fue por US$ 2.500.000.000, y es ese el total que está o estará en juicio;

2. el juez Kemp sentenció la obligación de pago, sin cuantificarla aún. El cálculo de US$ 700 millones es el reclamo de la demandante, sobre valores nominales de US$ 100 millones, que aumenta con el tiempo de demora en el cobro;

3. el juez Hodschu ratificó, en segunda instancia y cerrando la posibilidad de apelaciones, la obligación de pago sentenciada por Kemp. Esa ratificación abre las puertas para la introducción de las demandas por el resto de emisión y su éxito asegurado. Eso supone un costo para la República nunca inferior a los US$ 15.000.000.000, cifra citada por 2001. No hay un fallo en tal sentido.

4. la paralización de pagos no la hizo el actual gobierno nacional, sino los de Lusinchi y Carlos Andrés 2, y los comprobantes de la deuda no fueron localizados ni entregados a la comisión que negoció el refinanciamiento Brady;

5. en el actual gobierno, Tobías Nóbrega encomendó el analisis del Caso BANDAGRO a la Consultoría Jurídica del MF, que emitió una opinión favorable para los reclamantes, que entregó al Ministro, quien tras revisarla -se supone- la remitió a la Procuraduría General de la República. Ésta ordenó una verificación de campo, que coincidió con el informe remitido desde el MF, y procedió a emitir dictamen en favor de los tenedores de los Bonos;

6. aparentemente descolocado por la rapidez del trámite en Procuraduría, el MF pide su revocatoria -que le es negada-, se niega a pagar e ¿inicia? Una investigación adicional;

7. al iniciarse la demanda en Ohio, la Procuraduría, designa como abogada de la República, a la Dra. Esther Bigott de Loaiza, designación orientada y firmada por el Ejecutivo Nacional, a quien corresponde hacerlo. Según sus propias declaraciones, la Dra. Esther Bigott había atendido casos para el Presidente Hugo Chávez y José Vicente Rangel;

8. cuando ya existía el fallo del juez Kemp la Dra. Esther Bigott aseguraba que contaba con un 99% de posibilidades de ganar el caso.

9. a mi Propuesta de resolver el pago con una formula que excluía la recompra y todo pago a cargo de la República, el Presidente ordenó "resolver el caso, excluyendo la recompra". Esa orden fue dada -y repetida al menos dos veces- al MF Dr. Nelson Merentes, que la ignoró, prefiriendo negociar recompras con tenedores "sobrevenidos", supuestos ¿? apoderados de Bancos nacionales, que estaban -y están- comprando los Bonos a precio de gallina flaca, confiando en la reventa. Mientras, se mantiene la prohibición presidencial de recompra y hay varios audaces que quedaron con los crespos hechos.

10. La separación de Tobías Nóbrega tiene raíces mas profundas. La de la Marisol Plaza es consecuencia directa de BANDAGRO. La razón de la permanencia de Esther Bigott, a pesar de sus fracasos y de estar imputada en un juicio por corrupción de funcionario público relacionado con el Caso Anderson....es un secreto bien guardado.

El conjunto de estas correcciones reconoce una buena información global de 2001, y poco conocimiento de los detalles, seguramente por pobre información de la fuente. Es un buen aporte, sin embargo, al esclarecimiento del tsunami financiero que se cierne sobre Venezuela. Omite, lamentablemente, la intervención de Nelson Merentes y la procura de una explicación a su desastroso proceder.