Para combatir eficazmente los altos niveles de corrupción y todas sus secuelas negativas, propusimos en la pasada campaña electoral presidencial la promulgación de una Ley de Declaración Anual Jurada y Obligatoria del Patrimonio. Si bien es cierto que ya existe la Ley de Declaración Jurada de Bienes, ella sólo es aplicable a los funcionarios públicos. La idea es generalizarla y extenderla a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, venezolanos o venezolanas residentes en el país o en el extranjero, y también a los extranjeros o extranjeras mayores de edad que residan en el país. Sin excepciones de ninguna naturaleza. Todo adulto en Venezuela, desde el Presidente hasta Juan Bimba estaría en la obligación cada año de declarar al SENIAT todos sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, acciones, títulos, etc. De esa manera, el Estado contaría con una inmensa base de datos en la que cada propiedad se corresponda con su verdadero propietario. El principio que justificaría esta ley es que el derecho al secreto de la propiedad individual no puede estar por encima del derecho de la sociedad a minimizar la corrupción y así lograr una mejor calidad de vida.
De paso, además de combatir el lavado de dinero y el narcotráfico, sería una fuente de ingresos adicionales para el país, pues a toda persona que infrinja la ley le serían decomisados los bienes que no pueda justificar en base a sus ingresos legítimos. Adicionalmente, sería objeto de inhabilitación política y de pena de prisión.
La constancia de declaración jurada del patrimonio debiera convertirse en un requisito obligatorio para optar a un cargo público, salir del país, comprar un inmueble, solicitar un préstamo, etc.
La aplicación estricta de esa ley significaría el fin de los testaferros y dificultaría bastante la corrupción administrativa. Otras ventajas serían los ingresos adicionales al Fisco Nacional por este concepto. Se estima que actualmente hay depositados en bancos extranjeros más de 150.000 millones de dólares en cuentas de ciudadanos venezolanos. Con toda seguridad una alta proporción de esa cifra es dinero mal habido. En suma, la Ley traería consigo grandes ahorros para el Fisco Nacional y un aumento significativo de sus ingresos.
El gobierno tiene mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional. No hay excusas que impidan la aprobación por ese cuerpo de una ley similar a la sugerida. Pero también el mismo Presidente podría promulgarla, haciendo uso de la Ley Habilitante. Si en verdad existiera la voluntad política para combatir a fondo la corrupción, la ley que proponemos podría provenir de alguna de las dos opciones anteriores. Pero hay una tercera opción, prevista en el artículo 71 de nuestra constitución: Que la iniciativa provenga de al menos el 10% del electorado inscrito en el Registro Electoral Permanente (unas 1, 7 millones de firmas actualmente). Vale la pena hacerlo.
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