20 de septiembre de 2016.-

En el tribunal 7 de juicio del Área Metropolitana se desarrolla con sigilo un debate oral que podría explicar a dónde fueron a parar los 25 millardos de Cadivi, una tajada en divisas de la bonanza petrolera.

El teniente coronel del Ejército Francisco Mariano Navas Lugo, quien fue desde junio de 2010 hasta junio de 2013 gerente de Importaciones y Seguimiento de Exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), llegó al piso cinco de los tribunales del Distrito Capital acompañado por tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Todos ellos con actitud relajada, como si se tratase de una diligencia rutinaria ante un órgano de la cuestionada justicia venezolana.

La primera impresión podría confundir al ojo desprevenido. Navas es uno de los tres procesados por un fraude a las arcas del país que, según cálculos del ex ministro de Finanzas Jorge Giordani, supera los 25 millardos de dólares. De hecho, es hasta ahora el acusado más relevante del llamado Caso Cadivi, equivalente contemporáneo al Recadi de la época lusinchista y a la Otac del segundo gobierno de Rafael Caldera.

Navas es, entonces, prueba viviente del gran desfalco que, de no haber existido, quizá le hubiese ahorrado a la población venezolana tanta penuria por la escasez, tanta hambre y muertes por la carestía de medicinas. Y, sin embargo, este oficial marchaba junto a sus escoltas sin esposas, en correcto uniforme administrativo verde oliva, con un maletín atiborrado de documentos. Como si en realidad el único procesado por este juicio fuese su primo, José Daniel Stekman, un civil que llegó más atrás, inmovilizado por las muñecas y con la vestimenta azul celeste que debe portar como consecuencia del "nuevo régimen penitenciario". Él también está en juicio.

Navas y Stekman acudieron el jueves 15 de septiembre de 2016 a la segunda jornada de este proceso judicial, que se adelanta en el juzgado séptimo de juicio de Caracas, a cargo de la abogada Yoko Horiuchi Yamashita. Le dicen "La China", pero en realidad es una venezolana de ancestros japoneses, parte de ese escaso porcentaje de funcionarios de carrera en el mundo tribunalicio.

La juez entró a la sala de juicio ataviada con una toga negra. Eran aproximadamente las 5:30 pm. cuando se le escuchó el saludo en voz baja a los asistentes. La audiencia estaba pautada para la una. Los retrasos, explicó un litigante, se hicieron crónicos desde que los detenidos fueron trasladados en forma indiscriminada a cárceles remotas en el interior del país. Stekman, por ejemplo, está recluido en un retén del estado Lara llamado Fénix, mientras que el teniente coronel Navas engrosa la población del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques.

Para la jornada de este jueves se esperaba la comparecencia de un agente de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que supuestamente explicaría el origen de la pesquisa sobre el magno desfalco. Pero el funcionario no llegó. Parecía entonces que los acusados regresarían a sus respectivas prisiones sin mayores avances en el juicio. Sin embargo, la juez tenía otra información.

—Abogado, entiendo que su defendido quiere hacer una declaración —inquirió Yamashita.
—Así es, señora juez —contestó el único defensor de Navas y Stekman, Alonso Medina Roa.

Acto seguido, el militar se levantó de su asiento, cruzó la sala y se sentó en el estrado, en el ala derecha de la sala de juicio.

La denuncia del jefe

La investigación penal sobre las supuestas irregularidades en la Comisión de Administración de Divisas —Cadivi, actual Cencoex— comenzó el 16 de julio de 2013. A las 10 am. de ese día, el coronel del Ejército Víctor Armando Flores Correa compareció ante el director de Contrainteligencia Militar, mayor general Hugo Carvajal. De esa entrevista surgieron dos documentos: uno anónimo que fue utilizado para dar inicio formal al expediente y otro que fue consignado con posterioridad. Ambos, sin embargo, tenían el mismo contenido y la firma de Flores Correa, quien hasta el mes anterior y durante más de tres años se había desempeñado como vicepresidente de Administración y Control de Divisas.

En otras palabras, Flores Correa fue la segunda autoridad de Cadivi, solo superado por el general de brigada del Ejército Manuel Barroso, entonces presidente. Era, además, el inmediato superior de Navas en el organigrama de la institución. Según este oficial, las irregularidades en la comisión abarcaban las gerencias de Importaciones, Recepción de Solicitudes y Registro (Rusad) y la de Verificación Aduanal.

Flores recordó que a finales de 2012 remitió a Contrainteligencia Militar un primer informe sobre los supuestos ilícitos en la gerencia de Importaciones, a cargo de Navas.Pero aclaró que carecía de pruebas. "Para ese momento, informaciones obtenidas establecían que cobraban hasta dos bolívares fuertes por dólar liquidado", sostuvo.

Estos datos se los suministraban a Flores oficiales retirados que para ese momento manejaban empresas de importación y exportación en Panamá. Acto seguido, describió otras irregularidades:

• Triangulaciones: "adquisición de rubros, objetos o bienes en el país en que se producen y que luego son adquiridos por empresarios venezolanos en un tercer país con sobreprecios, además de la importación de rubros que difieren de los que las empresas tradicionalmente importan".
• Sin certificado: para la importación de la mayoría de los rubros, era necesario que el ministerio correspondiente emitiese un certificado de no producción, es decir, una constancia de que no es fabricado en el país. Flores puso como ejemplo que una empresa supuestamente dedicada al ensamblaje de electrodomésticos recibió en un solo día de noviembre de 2012, 8,5 millones de dólares. La compañía, sin embargo, carecía de infraestructura para armar una lavadora.
• Manipulación de códigos arancelarios: cada mercancía está identificada con un código. Por lo tanto, hay códigos que no pueden estar involucrados en operaciones de importación, pues se refieren a productos que sí son fabricados en el país. Pero, según Navas, había un "patrón de comportamiento de empresas que buscaban cometer irregularidades", mediante la manipulación de estos códigos.

En la gerencia de Recepción de Solicitudes y Registro (Rusad), se detectó el otorgamiento de registros a sociedades de maletín, que inmediatamente eran beneficiadas con el otorgamiento de divisas en detrimento de otras que sí tenían tradición en el mismo ramo. En enero de 2013, indicó Flores, se ordenó a la gerente de esa oficina que hiciera "reinspecciones aleatorias" a las sedes físicas de un conjunto de compañías, "para determinar si los analistas que inspeccionan las empresas se estaban prestando para favorecer con su informe a empresas fantasma". La mujer de apellido Machiste renunció a Cadivi.

Flores concluyó que los registros Rusad, un requisito indispensable para obtener moneda extranjera destinada a importaciones, eran otorgados sin una "revisión exhaustiva". Pero las mercancías no podían entrar al país si no existía una inspección en puertos o en destino para constatar que lo importado era precisamente lo autorizado en los documentos correspondientes. Este trabajo correspondía a los inspectores de la Gerencia de Verificación, presentes en todas las aduanas del país.

Pero las investigaciones ordenadas eventualmente en ese organismo constataron irregularidades que iban desde la sobrefacturación hasta la entrada de mercancías sin permisos. Flores citó como ejemplo una importadora de alimentos con sede en Barquisimeto a la que se le dio permiso para traer al país 250 toneladas de clavos de olor, por $ 3,55 millones. "Al ser verificada la mercancía en la aduana el 24 de noviembre de 2012 se pudo constatar que lo importado era mueblería. El caso se detecta por personal de la institución ajeno a la aduana", recordó.

Flores afirmó que en Cadivi operaban "bandas" de verificadores que según su testimonio se hacían de la vista gorda en los puertos para dejar entrar cualquier tipo de productos, a cambio de las respectivas comisiones.

En su declaración a Carvajal, Flores comentó con cierta impotencia que muchos de los verificadores de Cadivi señalados por irregularidades aún estaban en sus cargos para el momento de su renuncia, en junio de 2013. Posteriormente, el oficial consignó cuatro listados, que sirvieron como base para las investigaciones: 154 empresas suspendidas por solicitudes con modalidad Sucre; 126 empresas con investigaciones concluidas y denunciadas ante el Ministerio Público; 60 empresas en investigación activas y 23 empresas con investigaciones concluidas y remitidas al Ministerio de Planificación y Finanzas.

Navas Lugo fue detenido el 14 de agosto, cuando se presentó voluntariamente en la Dirección de Contrainteligencia Militar para cumplir con una citación. Su primo Stekman fue apresado al día siguiente en la puerta de un edificio en Los Naranjos. Un empleado de Cadivi le dijo por teléfono que se trasladaría hasta donde él estuviera para hacerle llegar el acta de entrega de Navas. Pero era una trampa: el hombre iba con agentes de la Dgcim que lo esposaron.

Navas inicialmente fue imputado por legitimación de capitales, obtención ilícita de divisas y asociación para delinquir. Una de las evidencias del primer delito sería un bolso lleno de dinero, hallado por los agentes de Contrainteligencia Militar durante uno de los allanamientos. A Stekman también le atribuyeron legitimación de capitales y asociación para delinquir. Pero al iniciarse el debate oral, el segundo delito fue retirado.

"Cadivi no actuaba solo"

Luego de tres años, un mes y un día de silencio, Navas pudo tomar la palabra para explicar su versión sobre lo que ocurría en las entrañas de Cadivi. El oficial habló desde el estrado tribunalicio durante más de una hora, con la mirada dirigida hacia la juez. Ella, en cambio, no levantaba la vista mientras tomaba notas.

La Comisión de Administración de Divisas, explicó Navas, tenía doble adscripción.Por una parte, estaba en el organigrama del Ministerio de Finanzas. Pero por la otra era ejecutora de las decisiones en materia cambiaria que emanaban del Banco Central de Venezuela. Seguidamente indicó que las decisiones sobre la asignación de códigos arancelarios y la determinación de los bienes que podrían ser importados al país —puesto que no eran fabricados o su producción no cubría la demanda— no era tomada en Cadivi sino en los ministerios correspondientes. En MinSalud, por ejemplo, se establecía cuáles fármacos eran necesarios para el mercado nacional, mientras que en Industrias Ligeras decían qué tipo de televisores podrían ser traídos desde el exterior. "Cadivi no actuaba solo. Era un ejecutor de las decisiones del Gobierno en materia económica, y también política", repitió el oficial en varias oportunidades.

Añadió que los procesos para el otorgamiento del Rusad contaban con el concurso de numerosos despachos. En especial del Ministerio del Trabajo, pues según su testimonio las empresas no podían optar por las divisas si no tenían solvencia laboral.

Navas se tomó más de media hora para explicar cómo era el proceso de asignación de divisas para las importaciones ordinarias. Aclaró que él no tenía entre sus funciones intervenir directamente para favorecer a determinadas compañías, tal y como lo señaló Flores, su superior.

Indicó que las revisiones —tanto formales como de fondo— de los documentos entregados por los importadores correspondía a un grupo de analistas que operaba en la comisión. Estos empleados podían procesar hasta 60 expedientes diarios, en un trabajo que durante los años del frenesí importador los obligó incluso a laborar los fines de semana y días feriados. "Hubo meses en los que se procesaban más de 28.000 solicitudes de importación. Era un trabajo enorme", relató.

Indicó que él no manejaba información sobre los procesos de importación de empresas particulares, a menos que algún analista detectara alguna irregularidad. Entonces, el caso era remitido a su despacho con un informe. "En un momento detectamos tres empresas que habían recibido durante meses consecutivos autorizaciones para liquidación de más de 19 millones de dólares cada una. Recuerdo una que era contratista del ministerio de Vivienda y Hábitat. Cuando consulté con ese ministerio me dijeron que le diera curso a esas órdenes", relató.

Señaló que la gran mayoría de los casos no fue posible que las verificaciones en aduana se hicieran en comisiones mixtas, con participación de inspectores de Cadivi y del Seniat. Entonces ocurría que los empleados de su institución no estaban en capacidad de cruzar la información de las mercancías que tenían a la vista con los respectivos códigos arancelarios, que eran manejados por los fiscales del Seniat.

En su exposición Navas no negó la corrupción en Cadivi. Tampoco dijo que era inocente. Pero trató de explicar los factores que posibilitaron el desagüe de las divisas que entraban a las arcas nacionales por la renta petrolera.

El germen de la desgracia

Navas reconoció durante la audiencia que no era especialista en ciencias fiscales. Nunca estudió en la escuela de Hacienda, como sí hacen los oficiales de la GNB que operan en la rama de Resguardo Nacional. Quizá por esto el comandante trataba de ser lo más meticuloso posible. No quería errores. En el expediente instruido por Contrainteligencia Militar están copias de las libretas donde él anotaba todo lo que le llamaba la atención; los grandes importadores, los "enchufados"…

En la audiencia celebrada el jueves, uno de los familiares de Stekman comentó que el calvario para el oficial y su primo comenzó cuando Navas hizo cuestionamientos a operaciones de importación llevadas a cabo a través de la Caja de Ahorros del Ejército.

Los agentes de Contrainteligencia Militar hallaron en un vehículo utilizado por Navas lo que parece ser el borrador de un informe sobre las supuestas irregularidades en la empresa importadora de este despacho militar, llamada Inversora Caejer.

La compañía perteneciente al componente militar hizo en 2010 dos intentos fallidos para obtener divisas para importaciones de carne bovina. En vista de esto, se registró como usuario del Sector Público. En septiembre de ese año hizo una primera prueba con la carne que anteriormente no pudo importar, por 1,7 millones de dólares. Luego comenzó el festín: en 2011 obtuvo el visto bueno para traer computadoras, televisores, filetes de merluza, atún y otros pescados.

En 2012, con una nueva junta directiva, la caja de ahorros hizo 71 solicitudes, por un total de 59,1 millones de dólares. Traían máquinas para ordeñar, videocámaras, cerraduras, bombas de agua, artículos diversos relacionados con el manejo de electricidad, calamares y atunes, entre otros. Muchas de tales mercancías debían tener certificados de no producción para poder ser importadas. Allí empezaron los roces. En 2016, la caja de ahorros del Ejército continúa comercializando latas de atún importado.