Lo que ha venido ocurriendo en los retenes judiciales “Cárceles” Rodeo I y II, ubicados entre Guarenas y Guatire del Estado Miranda, hoy gobernado por factores políticos de oposición (Derecha – Ultra derecha); es la crónica de una crisis anunciada, ya que los problemas de: delincuencia, consumo de drogas psicotrópicas, la indetenible seguridad personal en lo relativo a: integridad física, psicológica, moral y de sus bienes suntuarios, la eterna corrupción de ciertos y determinados funcionarios públicos tales como: (Policías, Guardias Nacionales, custodios de presos, fiscales del Ministerio Público, jueces) entre otros que están vinculados a la prevención delincuencial y al control o reducción del crimen en nuestro País; ha permitido el agravamiento de un fenómeno social, ello explica el porqué hoy en día las mafias delincuenciales se apertrechen en las cárceles con grandes cantidades de: drogas, potentes y modernas armas de fuego, blackberrys, laptops, GPS, celulares, televisores de última generación, posibilidad para planificar y ejecutar acciones delincuenciales y criminales contra el resto de la sociedad; a veces da la impresión de que está sobrepasando la capacidad del Estado Venezolano para superarlo y reducirlo a su tolerable control.
Es muy cierto que nuestro País no es el único ni el más crítico en lo relativo a la criminalidad y la inseguridad pública ni en la crisis carcelaria, ya que Méjico, Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras entre los más relevantes de América Latina, están confrontando gravísimos problemas con este fenómeno de distorsión social; solo basta con investigar en internet las estadísticas de criminalidad, consumo y tráfico de drogas Psicotrópicas, carencia de retenes para albergar a los privados de libertad por cometer delitos menores y graves crímenes contra la indefensa ciudadanía, para detectar tal anormalidad; pero por ello no se puede dejar de reconocer ni evadir la grandísima responsabilidad que tiene el Estado en asumir políticas efectivas orientadas a minimizar este fenómeno que casi se transforma en “lacra social”; pero también es relevante y determinante que se reconozca que en nuestro País Venezuela la crisis carcelaria es de vieja data, pues desde hace más de treinta años en los planes de desarrollo de la Nación, no se contemplaron suficientes recursos para ampliar, repotenciar o construir los retenes que se requieren para atender adecuadamente la demanda generada por la creciente expansión demográfica involucrada en actos delictivo; e allí uno de los porque buena parte de los fiscales del Ministerio Público y los jueces en materia penal, hacen todo tipo de “malabarismo y tecnicismos jurídico” para evitar las sentencias y el incremento de la población en los retenes judiciales.
En cuanto a la defensa de los derechos humanos de los y las privados(as) de libertad (Presos o presas) en los retenes judiciales de nuestro país, es muy importante que los factores políticos opuestos al proceso revolucionario socialista, se quiten la “Careta”, ya que el que tiene “rabo de paja” no debería acercarse a la candela porque se quema; ello está determinado por la “memoria histórica” de larga data que los condena; por ello no se debe ser tan “cara dura”; para nadie es un secreto que el primer gran violador de los derechos humanos de los y las privadas de libertad en el mundo, es la potencia imperial que ellos veneran e idolatran llamada EUA, ejemplo “Cárcel de Guantánamo” en Cuba y otras a lo interno de los EE.AA; son incontables las violaciones de los derechos humanos que se dieron en la llamada “IV República”, ancladas en el concepto “Preso es preso y su apellido es candado” criterio emitido por el Dr. Ramón Escobar Solón(+) Ministro de Relaciones Interiores en el gobierno de CAP-II; en el año 1.992 cuando se dio la “asonada militar” dirigida por el Cmdt. Hugo Chávez, actual Presidente de la República y líder indiscutible del proceso evolucionario socialista que se desarrolla hoy en nuestra patria, uno de los acontecimientos que se dieron el día del golpe ocurrió en la “Cárcel modelo de Catia”, cuando las autoridades que custodiaban dicho reten, abrieron todas las puertas del mismo para que los detenidos se dieran a la fuga; pero cuando estos iniciaron el escape, la autoridad superior de la GN responsable de la seguridad del reten, dio la orden a la tropa de disparar a mansalva contra los mismos, en ese acto criminal del Estado, fueron acribillados y masacrados aproximadamente 184 presidiarios, mi sobrino Carlos Ramos(+) que estaba detenido por “supuesta tenencia de droga”, me narró al detalle ese acontecimiento del cual se salvó de milagro, pero en el años 1.993 la PTJ y la GN lo masacraron en su humilde rancho en cual residía; otro acontecimiento escalofriante fue el que ocurrió en la cárcel de Sabaneta en el Estado Zulia gobierno Dr. Rafael Caldera II, en dicho retén las mafias carcelarias narcotraficantes, degollaron a doce detenidos y para controlar el “motín” las autoridades procedieron a disparar a mansalva contra la población penal dejando un abultado saldo de presos masacrados; es una larguísima lista de abusos en la violación de los derechos humanos de los privados y las privadas de libertad políticos o no, cometida por la combinación gubernamental “Punto fijista”.
El art. 131 de la CRBV plantea: “Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes de la República y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público”; este precepto constitucional determina que existe un estado de derecho, que nadie está facultado para crear en un Estado paralelo y la ciudadanía debe someterse y acogerse al imperio de la ley; si bien es cierto que el gobierno nacional no había sido lo suficientemente asertivo en el manejo de la política carcelaria y de seguridad pública en general; no es menos cierto que en el manejo del conflicto carcelario que afecta hoy a los retenes Rodeo I y II, el Ministerio de Interior y Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría Pública y la Guardia Nacional entre otros poderes del Estado venezolano; han administrado dicho conflicto con mucho tacto y mesura.
Para concluir, es relevante recordar que si bien es cierto que el Estado venezolano está obligado constitucionalmente a respetar los derechos humanos fundamentales de los privados y privadas de libertad, no es menos cierto que toda la sociedad que ha sido víctima de la actuación criminal cometida por buena parte de estos detenidos y detenidas, demandan con todo derecho que se haga justicia efectiva y asertiva para que todos los poderes de estado controlen a la desatada delincuencia, que ahora está siendo una las variada “Espada de Damocles” utilizada por la irracional oposición política, para golpear y desmeritar al proceso revolucionario socialista y fundamentalmente atacar la imagen del Cmdt. Presidente Hugo Chávez, ellos jamás van a deponer tal actitud, ya que es una confrontación de dos conceptos ideológicos distintos “Imperio rapaz contra el socialismo humanitario”, por ello jamás se debe bajar la guardia.
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