El pasado 27 de junio Venezuela fue sacudida por un incidente impregnado de violencia: la muerte de universitarios acribillados dentro de un callejón, ubicado en la Terraza Seis de Kennedy (Caricuao). Varios tipos de proyectiles fueron disparados contra los universitarios, uno de esos disparos mortales fue realizado desde una mini-UZI propiedad del parque de armas de la Dirección de Inteligencia Militar. Son 38 los integrantes de organismos de seguridad involucrados en la llamada masacre de Kennedy. Veintiséis de éstos, se les decretó medida privativa de libertad y están recluidos en la Brigada de Asuntos Especiales. Los otros doce funcionarios policiales fueron investigados por el asesinato de los tres estudiantes y serán imputados esta semana, según anunció el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, el 10 / 07 /05.

El término "impunidad" ocupa, en el caso de los estudiantes acribillados, la escena mediática venezolana para establecer casi el destino del caso, es decir, si se habla de "impunidad", ya los medios han asumido, han juzgado que no existen culpables: el hecho quedó sin castigo, visión muy negativa y fatalista del que ya es un hecho trágico.

En el país han existido anteriormente otros casos similares, hasta peores, y ¿los medios hicieron igual alboroto? Hasta ahora las autoridades cuentan con una lista donde aparecen los nombres de 130 líderes campesinos que fueron asesinados desde el año 1999 hasta el 2005 por tratar de hacer productivas tierras ociosas, sin embargo, la escena mediática le dedica poca atención a estas muertes, y con ésta actitud marcan diferencias informativas en el trato de la violencia. Los medios tratan superficialmente a la impunidad, sin un análisis profundo.

A pesar de la existencia en el país de procesos positivos de construcción y cambio, los medios de difusión masiva prefieren la violencia, como materia prima de toda actividad "informativa" destinada a captar la atención del público. El reciente asesinato de estudiantes, es lanzado a la agenda de discusión pública por los medios, a la opinión pública en general, no solamente por la violencia del hecho en sí, sino también por presentarse como una oportunidad para involucrar al actual Gobierno en un acto sangriento. Existe un agravante del hecho: los medios de difusión masiva no aportan una investigación en profundidad, se limitan a calificar el hecho como "impunidad" y censuran las actuaciones del Gobierno, las investigaciones, destitución y entrega de implicados, la reestructuración del CIPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ) y la DIM (Dirección de Inteligencia Militar)

Impunidad: Problema Complejo y estructural

¿Por qué se afirma que la impunidad es un problema complejo y estructural? Es complejo por ser multicausal y estructural, porque esas múltiples causas incluyen aspectos como la cultura jurídica, institucional, burocracia, mafias, etc, que afectan negativamente la respuesta del sistema para tener y acceder a la justicia.

Muchas ONG se han pronunciado sobre este problema de vieja data, que no es exclusivo de este Gobierno. Liliana Ortega, directora de Cofavic (Comité de familiares y víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989), expresa lo siguiente: "La impunidad es un problema endémico, estructural, agudizado debido a la fragilidad de las instituciones. Además hay una desregularización de las acciones policiales. Existe un escaso control en la realización de las novedades, en los parques de armas, en la obligatoriedad del uso de uniformes y en la identificación de las patrullas. El incumplimiento de estos puntos constituye a la violación de las reglas primarias de funcionamiento de esos cuerpos y eso constituye la fase previa a la impunidad. Aquellos funcionarios que se encuentren patrullando o vayan a practicar algún tipo de detenciones deben estar plenamente identificados. El mayor número de policías que estén en la calle deben portar credenciales visibles". (declaraciones publicadas por El Universal el 14/05/05)

A juicio del coordinador de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), Carlos Correa, los funcionarios policiales del país no actúan bajo el esquema de seguridad de un Estado Democrático…"cuando analizamos las cifras de criminalidad el 18% de las personas mueren a manos de funcionarios, es decir, personas entrenadas con armamentos". Para Correa, "la impunidad con la que actúa el sistema judicial venezolano debe ser atacada con prontitud pues las cifras reflejan que de cada 100 muertes violentas en el país apenas 26 tienen solución judicial; da pie para pensar que en Venezuela hay "muchísima impunidad" y "no hay justicia". Correa, en recientes declaraciones al periódico "El Universal" llamó la atención sobre la posible asociación entre muertes reseñadas como sucedidas bajo el esquema de "enfrentamiento" con los cuerpos policiales con el esquema de "equivocaciones" utilizado inicialmente en el acribillamiento de los estudiantes.( El Universal, 01/07/05)

A estas actuaciones se suma el vínculo pobreza-criminalidad. Existe la criminalización de la pobreza. ¿Quiénes son objeto de la más terrible impunidad? los pobres. Estadísticamente, las cárceles y el Código Penal "son para los pobres". Pareciera que el sistema penal estuviera estructurado para penalizar la pobreza porque son poquísimos los delincuentes de "cuello blanco" que están en las cárceles.

TERMINAR CON LA IMPUNIDAD es igual a un ciudadano-funcionario conciente:

Es un clamor generalizado de la sociedad, del pueblo, el terminar con la impunidad pues todos somos pueblo y todo funcionario público también es pueblo; ponerle coto a la impunidad, aparte de exigir una nueva visión del problema, implica hacer realidad la actuación del ciudadano-funcionario en un control social efectivo.

Lo que puede ayudar es la formación de un ciudadano-funcionario responsable, que tenga una nueva conciencia y pueda decidir efectivamente sobre lo que se conoce como "operadores del derecho", es decir: exigir justicia no es solamente trancar una avenida por no tener agua, exigir justicia es hacer uso efectivo de las instituciones como instancias a la disposición de ciudadano-funcionario y que las instituciones den respuesta efectiva.

Todo ciudadano-funcionario conciente debe reclamar la existencia de una cultura jurídica que exija, una revolución interinstitucional dentro de un Estado corresponsable y para ello está la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

La Constitución en sus artículos 26 y 27 establece claramente cómo debe ser la administración de justicia y esa administración de justicia todavía espera por su realización. ¿Cómo hacemos realidad lo establecido en la Constitución? A través de la formación de un ciudadano-funcionario crítico, asertivo, proactivo, conciente, capaz de exigir y hacer valer sus derechos, conocer las instituciones, de convertirse en un efectivo operador del derecho. Todo esto es parte de la llamada contraloría social. La contraloría social no se limita a lo económico, también está en lo jurídico, pero para eso, para poder ejercer contraloría, primero que nada hay que tener ciudadano-funcionarios con determinadas características.

Se debe propiciar la existencia de un ciudadano-funcionario en todo el sentido de la palabra, es decir, analítico, con conciencia para exigir sus derechos a las instituciones y a los funcionarios pero también, un ciudadano-funcionario con pleno interés por el cumplimiento de sus deberes, tanto con su comunidad como al formular una denuncia, al evitar un delito, o ser testigo de un acto lamentable.

Cada integrante de la sociedad debe asumir su responsabilidad. No sólo le corresponde a los funcionarios públicos, promover leyes capaces de generar "ese nuevo ciudadano-funcionario". ¿Cómo podemos tener un ciudadano-funcionario en las condiciones propuestas? Cuando se posea una institucionalidad fortalecida, ¿Cómo se fortalecen las instituciones? Disponiendo de la infraestructura que permita contar con menos burocracia, con más eficacia, de una mayor eficiencia, con una contraloría social efectiva, con actos legislativos oportunos, rápidos, precisos, con un nuevo ciudadano-funcionario que necesariamente precisa de un nuevo modelo educativo y de nuevos medios de difusión social destinados para este propósito. Se podrán crear edificios nuevos, pero mientras existan ciudadanos-funcionarios con la vieja mentalidad, no se va a superar la impunidad. Con medios de comunicación que no combatan las causas de la violencia, de la impunidad y azucen la irresponsabilidad de unos cuantos cuando por ejemplo, hicieron "la guarimba", no se va a resolver para nada el problema de la impunidad.