Desde la época de los 70 e inicios de los 80, en Venezuela comenzó a formarse bandas delincuenciales alrededor del tráfico de drogas traídas desde Colombia (marihuana, cocaína o bazuco, crack y anfetaminas). Estas bandas estaban conformadas aproximadamente entre 10 o 15 sujetos: el que la transportaba desde Colombia, quien la guardaba, los distribuidores, los “jíbaros” o vendedores al detal y los vigías para alertar sobre la presencia policial. Fue evidente el despliegue de estas bandas en La Pastora, los bloques 50, 2, 9 y 37 del 23 de Enero, el bloque 4 de Propatria, así como el bloque 11 de Lomas Urdaneta, la zona de Pinto Salinas y los distribuidores de la calle Los Manolos en Sabana Grande. Estos grupos generaron una especie de economía subterránea, ejerciendo la violencia para controlar el territorio donde operaba su negocio, pero evitaban crímenes atroces para no atraer a las fuerzas policiales.
Estos núcleos criminales serían el embrión de las organizaciones que existen actualmente (El PRANATO), caracterizadas por una violencia exacerbada y retadora de la fuerza pública. Ellos, de manera planificada y con un alto poder de fuego, no solo asesinan a funcionarios de las fuerzas públicas sino que están desplazado al liderazgo político y social, con la amenaza de atentar contra su vida y de sus familiares, argumentado que nuestros militantes son informantes de los organismos de seguridad del Estado, además de apoyar y aupar, operaciones policiales en su contra. Casos como estos han ocurrido en Ciudad Belén (Edo. Miranda), El Guarataro, El Cementerio y la Cota 905 (Caracas).
Agréguese, la desmovilización paramilitar ocurrida en Colombia entre el periodo 95 y 2005, donde muchos de estos criminales se instalaron en Venezuela y con ellos sus métodos violentos, trayendo como consecuencia la emulación de esas prácticas delictivas por jóvenes venezolanos, que estructurando peligrosas bandas de tráfico de drogas, incorporaron otras modalidades delictuosas mucho más lucrativas: el secuestro express y el delito de extorsión, generándoles un ingresos monetarios cuantiosos. Estos delincuentes y líderes negativos-paramilitares, con amplio poder de fuego, con dominio territorial y una fortuna como capital, al ser detenidos, hicieron de las cárceles centros de operaciones del crimen organizado, en complicidad fundamentalmente con seudofuncionarios penitenciarios y Guardias Nacionales. Este híbrido: cultura paramilitar, células criminales, complicidad “institucional”, erradas políticas penitenciarias y de seguridad, dio origen a EL PRANATO.
Recuérdese por ejemplo, las llamadas pernoctas en los centros penitenciarios. Ellas resquebrajaron la disciplina y los controles establecidos, comenzando a generarse una serie de prácticas no propias de un centro de reclusión o rehabilitación y, cuando se trataron de imponer controles, se desarrollaron un conjunto de acciones familiares e individuales (huelgas de sangre, bocas cosidas, asesinatos masivos, auto-secuestros familiares), que obligaron a recular las acciones institucionales, dejando en entredicho la autoridad del Estado.
Luego de doblegar al Estado, estos sujetos hicieron de esos espacios (resguardados y custodiados por el Estado) su trinchera, y de su condena penal un gran negocio. Sin embargo, es necesario señalar el trabajo que viene realizando la actual Ministra de Asuntos Penitenciarios: en el 90% de los centros se ha restablecido la disciplina interna, cero armas, control sobre las comunicaciones internas, y puesto a la orden de los tribunales ordinarios y de justicia militar a un número importante de “funcionarios” civiles y militares, incursos en corrupción y complicidad con los internos. No obstante, es público y comunicacional que desde: Tocorón, Penitenciaria General de Venezuela (PGV), y Puente Ayala se dirige un número importante de delitos en articulación con las bandas a cielo abierto. En este orden, urge retomar las recomendaciones expuestas a mediados del 2015, desde la Comisión Presidencial para la Trasformación del Sistema Policial: inhibidores de señales en todos los centros; eliminar privilegios a estos criminales y; aislamiento en cárcel de máxima seguridad a sujetos de alta peligrosidad.
Además, debe hacérsele seguimiento al circulante monetario y financiero de los jefes de bandas, precisando a sus testaferros, incautar cuentas bancarias, bienes e inmuebles. Este trabajo lo debe realizar: Sudeban, la Fiscalía General de la República y los organismos de inteligencia financiera. Para ello, solo se quiere voluntad institucional, patriotismo y amor por el prójimo.
