Luego de terminado el proceso de demarcación del territorio indígena Yukpa varias haciendas y parcelas quedaron en manos del pueblo indígena con un saldo de varios heridos y muertos indígenas, entre ellos Sabino (3 de Marzo de 2013) y otros compañeros suyos del Yaza, tres de ellos hijos de Carmen Fernández Romero, prima materna de Sabino: Alexander, José Luis y Cristóbal, este último menor de edad y asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana de Machiques en la haciende de Emer López Las Delicias, los dos primeros ordenados por un parcelero de Las Flores.
A tres años y cinco meses de su asesinato, aún Lucía su esposa exige justicia al Estado Gobierno Socialista para que los asesinos ganaderos se le abra juicio, y Carmen para que la Fiscalía ordena la continuación de las investigaciones parada por el Cicpc de Machiques, sobre el cual ejerce la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema) un gran poder.
Esta situación ha determinado varias reuniones de los familiares con la Fiscalía, quien por orden de la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz se ha nombrado dos fiscales para encaminar jurídicamente esta situación de derechos humanos. Se aclaró a demás que los cinco policías condenados a seis años de prisión por ser funcionarios no gozan de ningún beneficio relacionado con la reducción de su pena, tal como pretenden sus abogados.
Se espera a mediano plazo llevar a juicio a los implicados en el pago de los asesinados de estos líderes Yukpa.
El Gobierno no ha cumplido con sus familiares
Por estar 17 meses en la cárcel Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández siendo inocentes según juicio realizado en la ciudad de Trujillo, el Estado Venezolano podía ser demandado por las víctimas; derecho que no se ejerció por llegar acuerdos con el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela y con el Secretario de Gobierno de la Gobernación del Zulia, en aquel entonces Elías Jaua Milano y Blangdimir Labrador, respectivamente. Consistió el acuerdo edne indemnizar a los familiares con ayudas agropecuarias, vialidad, viviendas, dispensario, medicinas, vehículo, entre otras beneficio sociales. Por una u otra razón, ninguna de las instancias de Gobierno ha cumplido, salvo la inclusión de algunas mujeres en los pago de la Misión Madres del Barrio por iniciativa de la Secretaria Indígena de la Gobernación la Sra. Noely Pocaterra. Que hasta la semana pasada aun permanecías suspendido el pago a Lucía, Carmen y demás mujeres familiares de las comunidades Chaktapa y Kuse ubicadas en la cuenca del río Yaza, tal como se hiso constar en el Misterio de la Mujer el pasado jueves 29 cuando Lucía Martínez y Carmen Fernández realizaron un viaje a la ciudad de Caracas para asistir a una reunión convocada por el Ministerio Público ubicado en la Av. México y dos foros en la UCV y UNEARTE.
Hoy los indígenas moradores de estas dos comunidades como varios vecinos de las comunidades del Yaza y Tukuko están enfermos de Paludismo, Zica, Tuberculosis y desnutrición por el hambre y el abandono gubernamental a que los gobiernos de Maduro Moro y Arias Cárdenas los han sometidos, ya que en tiempo de crisis el dinero no alcanza para los Yukpa.
Factores armados y delincuenciales de colombiano someten a los pueblos indígenas
Hoy las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá están sometidas por los factores armados y delincuenciales de Colombia que habitan en sus comunidades a la fuerza por poseer armas de guerra y en cierta manera el apoyo de los ganaderos y de las autoridades gubernamentales civiles y miliares de Machiques y Maracaibo. Esta situación será elevada a instancias nacionales e internacionales ya que se trata de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
Estos factores hoy controlan el contrabando de ganado a Colombia y motorizan la descomposición de las sociedades indígenas del Zulia, tal como se hace con el oro en el sur del país.
Viva Sabino.
