O revolución u oligarquía ganadera. O van presos los ganaderos o esta revolución es de mentirita. Apostamos a que vayan presos estos asesinos de vieja data, y hacemos todos los días lo posible e imposible para que en esta revolución el pueblo organizado tenga su papel protagónico e histórico. Esperamos de buena fe el inicio del juicio en un tiempo prudencial, según lo acordado en Fiscalía recientemente.
Hasta ahora al grupo de Sabino no ha sido indemnizado por parte del Gobierno, ni mucho menos su esposa e hijos. Sólo la entrega de la hacienda Tizina y unas 50 vacas; la pequeña hacienda la Materita para Karely Bote, nada más para su grupo.
Ya Arias Cárdenas se niega a atenderlos, Ni Arreaza ni Jaua están en los cargos donde antes solía atenderlos de alguna manera. La familia de Sabino no tiene instancia de Estado a dónde ir que conozca todo lo antes conversado y acordado, ni mucho menos las otras familias que conformaron la lucha de Sabino por sus derechos diferenciados como pueblos indígenas y sus movilizaciones por la recuperación de su territorio arrebatado por hacendados y parceleros de donde vienen su asesino Ángel Romero Bracho, alias El Manguera y el policía como Giovanny Delgado, alias el Mantequilla, chofer de la moto desde donde le disparó a Sabino y a su esposa Lucía Martínez.
Aún el Estado está en mora no sólo con la familia de Sabino, sino con Carmen Fernández, prima de Sabino, a quien en esta lucha le asesinaron tres hijos, Alexander, José Luis y Cristóbal, el último por la GNB.
Aún esperan que se cancele las bienhechurías de las haciendas prometidas el Araguaney, Mi Deleite, Las Delicias, El Carmen, San Salvados y Barranquilla, así como la reubicación de los ocupantes campesinos y pequeños hacendados de los parcelamientos La Estrella y Las Flores. También se sigue esperando la construcción de las viviendas, la reparación de las vías de Chaktapa, Kuse y Karañi, el cargo de enfermera, las semillas, la escuela…
Se agota al interno del país el plazo prudencial para salir a instancias internacionales de derechos humanos a exigir la indemnización acordada.
