El sicariato y el paramilitarismo colombiano tienen el control del Zulia.
Desde el río Guasare hasta río de Oro/Catatumbo en la línea fronteriza con Colombia, donde comienza y termina el Arco Minero Fronterizo del Zulia, la delincuencia organizada armada controlan todos los municipios del Zulia, manteniendo ésta buenas relaciones con el poder constituido.
Operan en armonía
Todas las instituciones del Estado de la República Bolivariana de Venezuela saben que una variada gama de grupos armados delincuenciales colombianos vienen operando en los municipios fronterizos desde hace aproximadamente 10 años de manera libre y descarada. Es más, es una cosa de comentario público que muchos funcionarios del Estados, sean estos militares o civiles, han sido capturados por estos factores de la guerra colombiana hoy mudada a la República Bolivariana de Venezuela, de tal manera que hoy casi no hay instituciones venezolanas en el Estado Zulia donde estos señores no prestan sus "servicios"; podríamos hablar de la existencia en el Zulia de un Paraestado.
Todas las avenidas y las calles que van al Centro de Maracaibo están controladas por la delincuencia y el crimen organizado; así mismo las carreteras y caminos, veredas y camellones fronterizas están controladas por los grupos armados delincuenciales de este Paraestado. Conocen como la palma de sus manos la zona, y determinan con nombre y a apellidos a sus moradores sea cual sea su estatus social y económico. Es más son estos grupos los que concretan muchas de las funciones que los empleados de las instituciones del Estado deben realizar, permitiéndole mantener el uso de las armas y sus vínculos políticos la hegemonía y una superioridad abismal sobre los líderes políticos y sociales presente en estos municipios. Han llegado al colmo de tener muchos de ellos cédula de identidad venezolana y trabajar en las instituciones a nivel nacional, regional y municipal.
Los líderes indígenas, los campesinos y moradores en general o conviven sometidos participando en sus operaciones e comulgando en silencio con sus intereses, o son desplazados de sus territorios, o mueren como Sabino, y posiblemente como Cristóbal Romero de Tinacoa o los tres hijos de Carmen Fernández Romero, prima del cacique Sabino.
En Machiques estos trabajan en concordancia con ganaderos y organismos del orden público en el contrabando de reses a Codazzi.
Doblemente agredidos
Indígenas y campesinos de los municipios que forman el Arco Minero Fronterizo Zuliano son agredidos por los organismos de las fuerzas armadas y policiales como por los grupos delincuenciales armados. Los primeros los ablanda a plan de machetes, tiros en el aire, o disparo carca de sus cuerpos o con detenciones arbitrarias como consta en fiscalía y en periódicos, y los segundos los asesinan contratados por pudientes ganaderos de Machiques y campesinos/parceleros destacados. Existe un trabajan en coordinación, que incluye la aparente e inocente apatía por parte del Ministerio Público, Ministerio Indígena o de Tierra y organismos militares y policiales.
Si no hay fuerte movilizaciones por parte de los familiares y las comunidades Yukpa, la muerte de Cristóbal será engavetada como los asesinados dirigentes indígenas del Yaza. Hoy a Sabino y los otros muertos de Chaktapa se le niega la continuación de las investigaciones por parte del Cicpc y el inicio del juicio correspondiente. Aun en espera de la Justicia en tiempo de revolución.
