Ante el abandono por parte de los Gobiernos Nacional, Regional del Zulia y de los municipios Machiques y La Villa del Rosario las comunidades indígenas y sus organizaciones de Derechos Humanos y Ambientales se preparan para denunciar a nivel de las Naciones Unida y La Organizaciones de los Estados Americanos, así como en la OIT las violaciones de los Derechos Humanos, ya que se tratas no de dádivas que depende de la voluntad de entregarlas o no de por parte de estos gobernantes, sino de derechos que posee el pueblo indígena Yukpa a tener carreteras como la que va desde la Cuesta del Padre a Chaktapa, tierra del Cacique Sabino, o desde la hacienda Las Delicias a Kuse donde vive la Cacica Carmen Anita Fernández y sus hijos, o escuelas funcionado, o asistencia médica, agrícola y pecuaria...
Dada la conchupancia de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana con grupos armadas delincuenciales colombiana hoy las comunidades indígenas están solas con estos factores de la guerra y la delincuencia organizando destruyendo así el tejido social de este pueblo aguerrido Caribe, llevando a los jóvenes al consumo y a la adicción de drogas en sus comunidades, a la venta a ellos mismo de vacas robadas para llevarlas a Becerril o a Codazzi, Colombia.
El Gobierno Nacional y la Gobernación del Zulia se hacen los que nada saben, mientras que los indígenas Yukpa son sometidos, y desean o no deben delinquir para ellos. Y al no entender del todo dichas reglas los indígenas participantes o jóvenes colombianos casados con indígenas son asesinados, o sólo contra ellos arremete los poderosos hacendados pagando sicarios, como el caso del asesinato de Cristóbal Romero de la comunidad Tinacoa, en la Villa del Rosario, o son detenidos sólo los indígenas, como el caso de Virgilio Romero de Toromo detenido por el CICPC por orden de los mismos ganaderos.
Es esta la nueva realidad que determina la cotidianidad en su territorio, un nuevo y complejo andamiaje delincuencial montado sobre ellos que arropa las comunidades Yukpa, y que muchas veces sobrepasa su capacidad tradicional de respuesta. Nada de esto dice conocer "conoce" el Gobierno, o nada al respecto hace; ninguna institución gubernamental se encarga de estos asuntos, para ellos no hay mesas de paz, de comisionados de diálogos entre el Estado Gobierno y las Comunidades Indígenas y sus representante originarios tradicionales, ni mucho menos eventos o maneras metodológicas para tratar el dinámico proceso para abordar la triple dimensión modernidad/colonialidad/descolonialidad (M/C/D), pase a que el Presidente Maduro asigno a la Ministra para los Pueblos Indígenas encargada del proceso de descolonización de los pueblos u comunidades indígenas de Venezuela.
El proceso histórico de más de 50 años, ganaderos, factores colombianos y Estado Gobierno en alianza desde siempre han pretendido arrodillarlos para aniquilarlos física o culturalmente manteniendo una hegemonía de relaciones coloniales en su territorio. Ayer los desangraron con la correría de indios para expulsarlos y hacer tierras productivas, hoy los dejan sólo abandonados entre las montañas de Perijá y en su piedemonte para que la delincuencia colombiana de la guerra los destroce cultural y físicamente. Se nuevo otra manera de etnocidio, genocidio y ecocidio contemporáneo.
Mientras esta situación ocurre en la Sierra de Perijá el Ministro "Reverol anuncia expansión de destacamentos rurales de GNB para seguridad de ganaderos…El ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Luis Reverol, declaró este miércoles 9 de noviembre que se reunirá con el ministerio de la Defensa para establecer la ampliación de los destacamentos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana, especialmente en las zonas ganaderas" (Panorama, Maracaibo, 09/11/2016. José Manuel Luengo http://www.panorama.com.ve/sucesos/Reverol-anuncia-expansion-de-destacamentos-rurales-de-GNB-para-seguridad-de-ganaderos-20161109-0098.html).
Los Yukpa son una carga para el Gobierno. No los entienden, ni desean entenderlos. Sólo imponen sus criterios y solitarios proyectos descarnados de Estado. Hay ya suficientes elemento para afirmar que el Gobierno Estado le ha entregado a los factores delincuenciales colombianos armados fronterizos la administración y conducción de las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra de Perijá. Son ellos los encargados de resolver sus problemas económicos, sociales y culturales; los cuales son en verdad los derechos humanos de los pueblos indígenas de mira al Cambio Climático. Y su fiel cumplimiento es una obligación por parte del Estado Gobierno porque fueron reconocidos y firmados a través de los siguientes instrumentos internacionales como: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, es ley de la República desde el 17 de octubre 2001 cuando fue publicado en la Gaceta Oficial Nro. 37.305, Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe de 1992, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, la Declaración Americana sobre de los Derechos de los Pueblos Indígenas Americanos de la OEA de 2016 entre otros, y a nivel interno la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en especial el Capítulo VIII, Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas de 2001, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n 38.344 de fecha 27 de Diciembre de 2005, de Ley de Idiomas Indígenas publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.981, del 28 de julio de 2008, entre otros instrumentos legales.
