Antes, es pertinente, por no dejar por fuera un precedente que podría tener algún fundamento y que además abona a favor del Estado venezolano y lo relativo a la independencia de los Poderes Públicos. En la reciente oportunidad de escoger presidente para el Poder Moral se desechó el derecho que tenía Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, por la rotación que allí se venía aplicando y se habló entonces de dudas en torno a ella. Por esas “dudas” se saltó su derecho en la rotación y le asignaron la presidencia a Tareck William Saab, quien ya la había desempeñado.
Este precedente es bueno tomarlo en cuenta por muchas razones.
Justamente, por el párrafo anterior, tuve y tengo la sensación que las decisiones del TSJ, relativas a lo de asumir las funciones de la AN y la suspensión de la inmunidad parlamentaria, pese a que como han dicho Herman Escarrá e Isaías Rodríguez, pudieran ser impecables desde el punto de vista jurídico, a mi humilde parecer, el de un maestro de escuela y hombre de la multitud, constituyen un garrafal disparate desde la óptica política e histórica nacionales e internacionales. Pero además, esa decisión que metió en un disparadero al presidente, acabando de salir relativamente airoso de la OEA, pareciera ser resultado de excesivo e innecesario gesto de “lealtad”.
Los elementos ahora manejados en este trabajo, hacen confuso la cabal interpretación del gesto de la señora Luisa Ortega Díaz. Lo hace difícil para uno que carece de la formación jurídica de ella misma y de los antes nombrados Escarrá y Rodríguez. Pese sabemos que, en lo relativo a la inmunidad, no veo la necesidad de suspenderla cuando está claro que esta no ampara delitos contra las personas, la propiedad y la legalidad toda. Entiendo, que la intención del TSJ de asumir las funciones de la Asamblea Nacional, fundamentándose en el estado de desacato de esta, según decisión de aquel, tiene el fin específico de allanarle el camino al Ejecutivo para determinadas acciones y negociaciones que requieren del mandato del poder legislativo. Pero, parodiando a Isaías Rodríguez, también digo que jurídicamente pudiera que dos más dos son cuatro, pero contando desde la óptica de la política y el momento histórico concreto, la cuenta pudiera ser otra.
Viendo así las cosas y aún, considerando que la Fiscal haya venido discrepando de los otros poderes que integran el Poder Moral, e incluyendo al Ejecutivo, esa discrepancia no está montada sobre lo sustancial; su posición de denunciar como fuera de lo constitucional las decisiones del TSJ, pudiera estar inspirada más bien en la buena fe y deseo de ayudar al gobierno a salir del embrollo en el que lo metió el exceso de “celo y lealtad” de quienes ese órgano legislativo componen.
Para empezar es cierto, como dijo el propio Maduro, la posición de Luisa Ortega Díaz, objetivamente considerada, más allá de otras interpretaciones que pudieran estar inspiradas en supuestos, como que actuó en concordancia con el presidente para sacarlo del embrollo, es un mensaje que desdibuja el argumento opositor acerca de la dependencia de los Poderes Públicos venezolanos del Ejecutivo o Presidente de la República.
Isaías Rodríguez, según el breve reporte de Aporrea, afirmó que la decisión “está ajustada a derecho”, pero es “como una decisión controversial”. Justamente, eso mismo pudo pensar la Fiscal y también por lo mismo que “dos más dos podrían ser cuatro en derecho, pero no en política”, midiendo o pesando con equilibrio la coyuntura, se “jugó a Rosalinda” y optó por asumir esa posición de denunciar por inconstitucional el proceder del TSJ, porque ella, Luisa Ortega Díaz, tiene su particular, equilibrado y armónico sentido de la lealtad. Pudo ser su manera de “resolver ese entuerto”
Para este escribidor, los hechos lo revelan, dicha decisión del máximo tribunal de la República revivió a Almagro y sus aspiraciones de aplicarnos la Carta de la OEA, cuando todavía el gobierno no acababa de celebrar lo que creyó un triunfo. Digo así, “creyó”, porque sostengo el criterio, como al parecer sostiene Samuel Moncada, al permitir la OEA la sola discusión en su seno, por petición de otros países, se discuta sobre los asuntos internos de Venezuela, hirió hondamente la soberanía de los países miembros y sobre todo la seguridad de los débiles. Y eso es una derrota para casi todos y un triunfo de Estados Unidos y Canadá. Fue como si los países, los 18 que acompañaron a Estados Unidos y Canadá para llegar a veinte, se hubieran hecho un “harakiri”.
Observe el lector del lado opositor, mida eso con racionalidad, como los embajadores de los países denunciados por Samuel Moncada, cuando argumentaba a favor del gobierno de Venezuela, haciendo alusión a las desigualdades en Colombia y México, la producción y contrabando de drogas, la violencia, desigualdad, reaccionaban con furia. Lo hacían precisamente como un rechazo a la idea que ellos mismos habían apoyado.
Pero también, esa decisión del TSJ dio aliento a quienes no están interesados en el diálogo y avance rápido hacia la realización de las elecciones, para optar de nuevo por acciones violentas e ilegales. Y hablo de avanzar rápido a las elecciones porque por mucho que uno desee esto se componga, “los buenos deseos no preñan”.
Hay más por decir, como un llamado al gobierno a revisar su discurso. Pues en veces uno observa alguno como demasiado amenazante que, no sólo alienta a los opositores a sentirse fundamentados en ello para sus intenciones fuera de la legalidad, sino que en general pudiera servir para expandir el deseo de violencia hacia todos los rincones.
Hay cabida para pensar que, advierto que reconozco la subjetividad de esto, pese “a las aparentes diferencias” que Luisa Ortega pudiera tener desde cierto tiempo apara acá con el gobierno, lo que no es extraño, pues esos casos abundan entre gente buena, honesta, revolucionaria que todavía sueña que el gobierno coja el carril, Maduro pudo recurrir a ella para que lo sacase de ese berenjenal en que lo metió el TSJ por ese “exceso de lealtad” que adorna a mucha gente que ha hecho carrera a la carrera.
Como lo anterior es muy subjetivo y lo que se percibe son los hechos, la posición de Luisa Ortega, al llamar a “conseguir caminos institucionales, que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la voluntad de vida que reclama la población” y su manifestación “en contra de cualquier injerencia y de cualquier hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela”, distinto a quienes alientan la violencia desde distintas posiciones, sin medir con exactitud el escenario, luce como ajustada, equilibrada y racional.
Fue tan sensata que indujo al gobierno a ponderar el asunto en sus justos términos y solicitar al TSJ una revisión y hasta corrección, que este admitió. Pero ya causó este Poder del Estado un grave daño, cuyos efectos están por verse.
