I

El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH-, a cargo de la Dra. Michelle Bachelet, ex-presidenta de Chile, cuyo número es A/HRC/44/20, según la resolución 44/20 o 44/25, ya que imprecisamente nombra a ambas resoluciones como las provocadoras de este informe, debería tener dos partes; la primera versa sobre "La Independencia del Poder Judicial y el Acceso a la Justicia", en la resolución que lo impulsa, ya mencionada, dice que esta parte debe incluir violaciones a los derechos económicos y sociales, pero habla muy poco de estos derechos socioeconómicos y agrega dos literales, un literal "A" referente sobre "Violaciones de los Derechos a la Vida y la Seguridad Personal" y un literal "B" sobre "Violencia por Motivo de Genero" y luego es que viene un literal "C" que versa sobre "Violaciones de los Derechos Económicos y Sociales", que por cierto habla muy poco o casi nada de la violación de estos derechos que son los que más afectan a la población venezolana en general producto de la aplicación de medidas neoliberales por parte del gobierno de Maduro, esto se debe, indiscutiblemente, a la naturaleza burguesa imperialista a la que pertenece la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH- y evidencia el carácter prevaricador del socialismo chileno, con razón ese pueblo en octubre del 2019, estalló como un volcán en erupción por la represión y la subyugación acumulada de la era pinochetista y la supuesta transición a la democracia, que ha sido la continuidad del régimen militar, en donde esta ex–reformista, hoy ya agente abierta de la ultraderecha imperialista yanqui, al tener tan alto cargo, ocupó la presidencia en dos oportunidades, es decir, que tanto ella como Pinochet y el pinochetismo son culpables y autores de la gran crisis de democracia y de violación de los derechos humanos y militarismo que sufre nuestra hermana Chile.

El tercer o segundo punto, ya que del segundo hizo dos puntos distintos, es la situación de violación de derechos humanos en la zona denominada del "Arco Minero del Orinoco", en el Estado Bolívar.

Podemos decir, como conclusión adelantada, que este es un informe sesgado, netamente político, de política anti-Venezuela, en su condición de país disidente del imperialismo yanqui o en rebeldía circunstancial en contra la globalización monetarista, buscando, primero desprestigiar mas a Venezuela y su gobierno, que no es para nada pila de agua bendita y su claudicación al bolivarianismo revolucionario y socialismo, es el culpable que el imperialismo yanqui utilice los derechos humanos para atacarlo y con ello desprestigia mas al país y fortalecer la invasión que se prepara desde Colombia, pero ese gobierno débil y prevaricador, lamentablemente, representa la institucionalidad, existente, prosigo, todo esto como parte de una guerra hibrida que tiene los nor-atlánticos en contra de quienes representamos la dignidad de la América del Mediodía, en concreto la guerra psicológica o mediática, con miras a justificar mas agresiones y la invasión referida pero esta conclusión a medias adelantada es producto de un análisis, vamos a entrar ahora al análisis siguiendo la secuencia del documento, arriba descrita.

SOBRE LA INTRODUCCION:

Está contenida en los numerales del 1 al 5, ambos inclusive, y en ella se describe, o mejor dicho se hace apología a la forma como según cuenta que se confeccionó el informe, para colocarlo como algo muy objetivo, muy científico, a algo que es netamente político y tendencioso.

Los numerales 1 y 2, dicen que el informe es producto de la resolución 42/25, en otra parte, a la misma resolución provocadora la menciona como 42/20, del Consejo de Derechos Humanos, en donde se le solicitaba a la Alta Comisionada Bachelet, para que en el periodo de la 44ª ronda de sesiones, que se hizo este año 2020 del 15 de junio al 3 de julio, presentara un informe escrito, dedicado a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia, incluyendo la violación de los derechos económicos sociales y el otro punto seria la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco/AMO. El número del informe es "A/HRC/44/20", y es en base a la resolución ¿42/4?, en donde se describe la situación de los derechos humanos, ya mencionados, desde junio 2019 a mayo 2020, en Venezuela.

Los 3 siguientes numerales de la introducción, explican, como según se hizo la supuesta investigación; dicen que son informaciones recopilada y analizada por la ACNUDH, en donde se incluye entrevista con víctimas, testigos y otras fuentes; se examinaron leyes, documentos judiciales y oficiales del gobierno e informaciones de la sociedad civil. Igualmente se entrevistaron fiscales y jueces activos y retirados, abogados, académicos y defensores de los derechos humanos, víctimas y familiares, para la elaboración de la sección sobre la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia; y para la situación de los derechos humanos del Arco Minero del Orinoco/AMO, se entrevistaron a mineros, indígenas, profesionales de la salud y del medio ambiente, periodistas, representantes de la sociedad civil y otros actores locales.

Dice la Bachelet que las conclusiones presentadas en su informe las documentó y corroboró con ¿"la metodología ACNUDH"?; se evaluó la credibilidad y fiabilidad de las fuentes y se cotejó la información recopilada para verificar su validez. Igualmente se hizo, dice, con la legislación venezolana a la luz de la legislación en derechos humanos comparada.

SOBRE EL PUNTO "II" QUE TRATA: LA INDEPENDENCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA:

Dentro de este capítulo están comprendidos los numerales del 6 al 16, ambos inclusive y con respecto a la independencia del sistema de justicia, la ACNUDH de Bachelet, manifiesta que sigue preocupada por la falta de independencia del poder judicial en Venezuela tal y como lo ha manifestado en informes anteriores; pero veamos a cual independencia del poder judicial se refiere; ¿a la independencia del gobierno, a la independencia de los patrones, del sistema capitalista fondomonetarista, a la independencia del socialismo que es de rango constitucional? Veamos.

En los numerales del 7 al 12, ambos inclusive, de este informe prejuiciado, es que se habla de "la independencia del poder judicial", y prácticamente "la falta de independencia" alegada se refiere única y exclusivamente a la estabilidad laboral de jueces y juezas, es decir, que su nombramiento los haga inamovibles del cargo, al menos que sea por delitos o falta grave, bajo un procedimiento administrativo o judicial disciplinario.

Pero porque la Bachelet, que en este caso representa a la derecha y al imperialismo se preocupa tanto por la estabilidad y hasta del sueldo de los jueces, y no se preocupa y escrudiña e indaga más sobre el contenido de las sentencias del poder judicial que cada día son más conservadoras, menos progresistas y favorecen al sistema capitalista neoliberal; por ejemplo la sala de Casación Civil, es quien autoriza la dolarización del país que descuartiza la economía del venezolano, la sala especial agraria de la sala social del TSJ, ha venido devolviéndoles las tierras a latifundistas y terratenientes que fueron legal y debidamente expropiados conforme a la ley de tierras, una sentencia de la sala constitucional hizo que Venezuela se incorporara en la CIADI, el tribunal de la globalización neoliberal de naturaleza imperialista yanqui, violando el principio de soberanía jurisdiccional contemplada en la carta magna, en donde nos han "robado" a CITGO; en materia laboral se ha venido cercenando derechos y conquistas de los trabajadores contenidas en la constitución y la ley del trabajo-LOTTT-, por ejemplo la jurisdicción de estabilidad laboral o inamovilidad de trabajadores, que tanto le preocupa ala Bachelet en los jueces, ha desaparecido para los trabajadores y se le ha otorgado a las Inspectorías del trabajo órganos administrativos pro-gubernamentales, el dirimir este asunto tan importante que permiten toda clase de atropellos y despidos, favoreciendo al patrono-estado y al patrono privado "aliado soterrado" de la boliburguesía con quien tiene una alianza estratégica y un pacto de no agresión que parte de la liberación de precios extremistamente ultra-liberal y la dolarización del país, en detrimento del gran pueblo; en materia electoral vemos como la sala respectiva toma decisiones permanentemente a favor del bipartidismo /PSUV-G-4/ y el caso más emblemático y más actual, es la solicitud de un amparo laboral por la fijación del salario en base a la canasta básica o coste de la vida, establecido en el artículo 91 de la constitución, introducido, hace más de dos años, el 18 de julio del 2018, expediente 499/2018, ante la sala constitucional, y aun ni siquiera se ha pronunciado sobre su admisión; aun ni siquiera la sala social se ha pronunciado sobre suadmision y paremos de contar, la derechización y retrogradación de la progresividad del TSJ "bolivariano revolucionario" y "socialista", primero de Chávez y ahora peor en la era Maduro; pero a la Alta Comisionada solo le interesa la estabilidad de los jueces en su cargo. Y a eso lo denomina "Imparcialidad del Poder Judicial".

En una oportunidad le pregunte a unos de estos "genios" de los organismos internacionales, el porqué no se pronunciaban sobre ciertas decisiones judiciales que violaban la constitución y tratados internacionales, me acuerdo que me refería a que la sala social había tarifado a cantidades pírricas, las indemnizaciones por daño moral y daños y perjuicios del patrón, y me contesto que ellos no se podían involucrar en las decisiones de los jueces, que los jueces eran autónomos y ellos no podían violar esa autonomía; pero si se pueden inmiscuir en la forma como el estado, que goza por igual del principio de autodeterminación según la carta de la ONU, nombra a los jueces o gestiona la administración de justicia. Yo creo que es tanto inmiscuirse en asuntos internos, violando principios de autonomía, el pronunciarse sobre la falta de estabilidad en el cargo de jueces, en contra de un gobierno disidente de la globalización fondomonetarista; como pronunciarse sobre las sentencias que violan los principios de progresividad de los derechos humanos y favorecen a la burguesía, el capitalismo y los patrones, o a la burocracia por parte de esos jueces; si respetas a uno, o no lo respetas, debes de respetar, o no respetar, a lo otro. Lo que pasa que la ACNUDH dada su naturaleza de ser un órgano al servicio de la globalización neoliberal jefaturada por el imperialismo anglosajón-franco-germánico, tiene un doble rasero para ver la cosa y en donde la salsa que es buena para el pavo, en determinados casos, no lo es para la pavita.

Pero esta "preocupación por la estabilidad de jueces y juezas" por parte de un organismo de naturaleza imperialista como la ACNUDH, no es gratuita ni inocente, para nada. Veamos.

La preocupación de la Bachelet, la derecha y el imperialismo por la estabilidad de jueces en el cargo, en Venezuela, es producto de la formación pro-burguesa de abogados desde las escuelas de derecho, empezando por las principales, las que marcan la pauta y construyen la doctrina patria, aun en revolución "socialista" y de "izquierda" como la Universidad Católica, la Universidad Central, la Santa María, etc.; todas ellas casi con los mismos profesores y con un grupo de juristas que son "las vacas sagradas del derecho" y por supuesto ideológicamente se ubican en el plano de la derecha, a favor del capitalismo monetarista de financierización.

Esta formación ideológica de nuestras facultades de ciencias jurídicas, hacen a un profesional de la abogacía, que es el futuro juez, el futuro fiscal o jefe policial, cuadro o manager, hoy se dice "CEO" del capitalismo financiero o como digo yo aquí del derecho burgués; él sin querer o queriéndolo mucho y a veces "sin querer queriendo" va expresar el derecho liberal que aprendió en pregrado porque de paso es lo único que sabe, es lo único que conoce, y ya vemos como los demás jueces y juezas de la sala civil, social, constitucional, etc., aun siendo nombrados por la burocracia chavista o boliburguesía que gozan de la confianza de un gobierno supuestamente de izquierda o revolucionario, y lo que exhalan de su pluma, en las sentencia, es puro derecho burgués, dolarización, favorecimiento al capital en detrimento del desposeído, inclusive entrega de la soberanía nacional como la sentencia de la sala constitucional que en la década pasad nos entregó en la CIADI, culpable que hoy hayamos perdido a CITGO y a una chorrera de decisiones en contra del país o no hacer justicia con los trabajadores y ante la hiperinflación y el salario más grande y el más bajo del mundo, aplanar o nivelar ese salario de esclavitud, equivalente a cero a la canasta básica, un índice expresado en cantidad de bolívares, equivalente al coste de los principales productos, bienes y servicios, mínimo para que una persona sobreviva o viva suficientemente.

LA BOLIBURGUESIA CULPABLE DE ESTA SITUACION POR NO HABER CONCLUIDO EL PROCESO CONSTITUYENTE EN SU FASE DE EJECUCION.

Entre finales del año 1.999 y 2.000, decíamos que el proceso constituyente se conformaba de tres fases, una previa a la constituyente, la segunda, era la constituyente, en sí, en donde se aprobaba la nueva constitución; y la tercera fase, que decíamos, y con razón, que era la etapa más dura porque era la etapa de la ejecución de la carta magna; se trataba de crear las nuevas leyes, las nuevas instituciones y los nuevos procedimientos y hombres; a esto lo llamamos, proceso constituyente de ejecución o de actualización a la constitución, ya que había que reformar todas las leyes y las instituciones a la constitución bolivariana. El problema fue que prácticamente nos quedamos ahí, el proceso revolucionario no logró arrancar y concretar la fase de ejecución o de actualización constitucional.

El culpable de esta falla ha sido siempre la vanguardia del proceso bolivariano revolucionario o socialista, encabezado por el Comandante Hugo Chávez; pero hasta el 15 de agosto del 2004, esta falta o debilidad, tiene una gran justificación y fue la acción golpista y desestabilizadora de la derecha criolla y el imperialismo yanqui su amo, toda revolución tiene una reacción o contrarrevolución y esa contra se hizo efectiva a partir del 11 de abril del 2002, en si comenzó el 10 de diciembre del 2001 y esa reacción fue dominada el 15 de agosto del 2004, con el referéndum aprobatorio, en donde la derecha fue derrotada militarmente, quedando desarmada, económicamente, la revolución bolivariana tomo las joyas de la corona, PDVSA, y fue derrotada políticamente en referéndum. A partir de allí la vanguardia bolivariana quedó con el camino despejado para hacer la revolución, para profundizarla, radicalizarla.

Pero no lo hizo, como he dicho en anteriores oportunidades "se las echó al hombro" y empezó a guabinear y retardar los cambios y resulta que los cambios nunca llegaron, personas como Hermann Escarra, Iván Rincón, Alfredo Mora Díaz, Luisa Estela Morales, Luisa Ortega Díaz, Gladys Gutiérrez, Isaías Rodríguez, quienes ocuparon y ocupan, la cúpula del poder judicial y fiscalía no eran aptos para hacer una transformación profunda del poder judicial y actualizar la justicia a nuestra carta magna de avanzada; tampoco desde la cúpula político-militar, encabezada por Chávez, primero, y ahora por Maduro, hubo una orientación o lineamiento de socializar el derecho y si había deficiencia de juristas de izquierda en el país, se buscaban en el extranjero, que los hay y muy buenos, y en aquella época había dólares para tirar para arriba, se trataba de hacer un contrato con estos juristas y nada más, lo demás lo poníamos nosotros los venezolanos, pero se prefirió dejar las cosas como estaba porque la historia, muy pronto reseñará que hubo una prevaricación de la revolución bolivariana, que es la que nos tiene aquí a punto de colapsar y perderse el siglo XXI, que amenazó, amaneciendo con ser muy bueno.

En materia judicial, ha debido adaptarse las leyes y las instituciones judiciales y los funcionarios a la nueva constitución; ha debido hacerse una reforma integral del código penal y actualizar la materia delictual a la nueva constitución, es decir, perseguir mas los delitos de cuello blanco y económicos, susceptibles de ser cometidos por los ricos que los delitos comunes o de pobrecía, esto contiguamente a un proceso de liberación y auto sostenimiento económico, haber actualizado los delitos de traición a la patria y subversión o delitos políticos, en donde existe un solo factor de violencia y desestabilización mundial como lo es el imperialismo anglosajón-franco-germánico quien hoy utiliza el terrorismo y la guerra no convencional como fórmula de desestabilizar y derrocar gobiernos que no le son incondicionales o disidentes; en materia de nombramiento de jueces, fiscales y funcionarios públicos ha debido regularse de manera clara y diáfana los "Comité de Postulaciones Judiciales" para seleccionar jueces y fiscales y los concurso de oposición para los altos y medios funcionarios públicos y haber establecido la doctrina judicial y fiscal, incluida la renovación de los pensum académicos en las escuelas de derecho y policiales y haber creado códigos de éticas para el cabal cumplimiento de los funcionarios públicos. Hoy tuviéramos jueces bastante probos y no como hoy, que necesitan un seguimiento cercano para que condenaran a los terroristas y traidores a la patria de la derecha, lo harían por convicción y formación de un derecho de izquierda.

De la boliburguesía haber hecho, lo anteriormente descrito a grosso modo, existen otras tareas no mencionadas, aunque aquí resumo las más esenciales; en materia criminal, hoy no tuviera el asedio tan pertinaz y efectivo de un organismo que es un agente del imperio nor-atlántico que busca desestabilizar a Venezuela, como parte de una guerra no convencional con miras a derrocar al gobierno bolivariano y recolonizarla, apropiándose de nuestras riquezas y destruirnos no solo como gobierno en funciones sino como sociedad organizada, balcanizandonos y sembrando la barbarie en nuestro territorio para tenernos fácilmente sometidos.

SEGUNDA ENTREGA

En la próxima segunda entrega hablaremos sobre la "justicia militar enjuiciando civiles" y sobre la misma "estabilidad" planteada para jueces hacerlo para fiscales y defensores públicos y analizaremos los puntos metidos de "contrabando", en donde hay muchos refritos, sobre las violaciones del derecho a la vida y la seguridad personal y sobre la violencia en contra la mujer, por presión de grupos talibanes, ultrosos de derechas, como el Foro Penal y otras ONGs., subsidiadas en dólares y profundizaremos sobre los tres numerales, referente al pírrico y sesgado análisis del informe Bachelet a los derechos económicos y sociales.