LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SE ACENTÚA EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
La violación a los derechos humanos fundamentales es algo que se ha profundizado en Venezuela durante el período de gobierno de Nicolás Maduro. A partir de la cuarentena decretada debido a la pandemia del Covid19, estas violaciones se vienen acentuando pese a la disminución general de la actividad social, pública y privada, en todo el país.
Dos hechos recientes ejemplifican esta grave situación: la agresión cometida por miembros de la Guardia Nacional contra ciudadanos que hacían cola de gasolina en Aragua de Barcelona (Anzoátegui), que resultó en un muerto y varios heridos, y el desalojo decretado por el gobierno de las residencias estudiantiles "Livia Gouverneur" en Caracas, bajo el argumento de que van a ser utilizadas para alojar pacientes contagiados con el coronavirus.
El sábado 25 de julio varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon contra ciudadanos que reclamaban irregularidades en la cola para surtir gasolina en una estación de Aragua de Barcelona, resultando un fallecido y un herido de bala[i]. Ante esa agresión la fiscalía designó dos fiscales para investigar los hechos y posteriormente fueron detenidos cuatro miembros de la GNB[ii] .
Este asesinato se suma a la reciente muerte de otro ciudadano durante una protesta popular por irregularidades en el suministro de gasolina en Isla de Toas (Zulia) el pasado 15 de julio, en donde la GNB aparentemente causó la muerte de un pescador que reclamaba dichas irregularidades[iii]. Este asesinato, hasta donde sabemos, no ha sido investigado por la fiscalía y nadie ha sido detenido.
Toda Venezuela conoce y sufre las graves irregularidades que se están presentando desde hace meses en las estaciones de gasolina al momento de surtir combustible a la ciudadanía. Colas enormes que duran hasta varios días para poder echar gasolina, y una constante acción ilegal de los funcionarios militares en concierto con los trabajadores de dichas estaciones de servicio, los cuales ingresan muchos vehículos que no han hecho cola pero que sí han pagado la respectiva "coima", muchas veces en dólares. Las protestas son diarias a lo largo y ancho del país de los ciudadanos molestos y hartos de tanta burla en sus propias narices, y los casos de agresión física dentro de las estaciones de gasolina se presentan con mucha frecuencia. El rebaso de esta grave situación permitida y protagonizada por los mismos funcionarios militares que custodian las referidas estaciones, han sido estos dos casos de ciudadanos asesinados a balazos al momento de protestar estas enojosas irregularidades.
El desalojo de las residencias estudiantiles "Livia Gouverneur" en Caracas con el argumento gubernamental de que van a ser utilizadas para alojar pacientes del covid19 también significó una violación abierta de los derechos de los estudiantes afectados, al hacer un allanamiento a media noche, aplicando pruebas PCR cuya veracidad fue puesta en duda por los mismos estudiantes (como se observa su denuncia en numerosos videos)[iv]. Los estudiantes finalmente fueron desalojados por la fuerza, y algunos de ellos detenidos por corto tiempo[v]. No se tomó en cuenta que muchos estudiantes que provienen del interior del país trabajan a la vez que estudian (obligados por la grave crisis económica que afecta también a sus familias), que en Caracas tienen mejor acceso a internet que en sus lugares de origen, y que regresarlos a su casa puede significar simplemente el abandono definitivo de sus estudios. Resalta en este caso que los estudiantes desalojados son afines al PSUV y al gobierno de Maduro, y que pese al pronunciamiento de conocidos activistas del oficialismo, se continuó y culminó con el proceso de desalojo.
La violación reiterada de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, ha continuado también durante la pandemia. Nos referimos a las constantes muertes de ciudadanos en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. El pasado 11 de junio en la carretera vieja Caracas-La Guaira, fueron asesinados cinco ciudadanos por el FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana-PNB), destacando que uno de los muertos era escolta de una ministra. Ante el pronunciamiento público de la ministra denunciando ese asesinato[vi], en lo que calificó de "actuación aberrante de esos funcionarios", la fiscalía ordenó la detención de cinco integrantes del FAES, por "el exceso y uso desproporcionado de la fuerza"[vii].
La muerte de ciudadanos que supuestamente hacen "resistencia a la autoridad" se han multiplicado exponencialmente en la última década. Connotados investigadores universitarios[viii] han resaltado que, según las propias cifras aportadas por las autoridades, entre los años 2010 y 2018 "han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas". Sólo en el año 2018 los datos oficiales reflejan 5.287 muertes a manos de las policías[ix]. Provocando que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes aumentara de 2,3 % en 2010, hasta 16,6 % en 2018, un aumento del 622%. En comparación con países vecinos como Brasil, esa misma tasa de homicidios es de 7%, a pesar de que este país tiene décadas presentando una problemática delincuencial aparentemente incontrolada y sus cuerpos policiales han sido muchas veces denunciados por violación a los derechos humanos.
Este aumento exponencial de las muertes en supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales, ha llevado a que el porcentaje de muertes en acciones policiales en comparación con el total de homicidios en Venezuela, que en 2010 era apenas del 4%, haya llegado en 2018 al 33%, lo que implica que uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. De manera general son cifras más propias de un país en guerra civil, y no de un país en paz social, como se supone que estamos.
Las FAES, creadas por el gobierno de Maduro en julio de 2017, han terminado de consolidar una visión que concibe la actuación policial como una cuestión militar y de seguridad nacional. El resultado de esta visión son los miles de ciudadanos asesinados en la última década, cifra que hoy se acerca a las 30 mil personas.
En los hechos, el gobierno de Maduro ha implementado la pena de muerte mediante ejecuciones sumarias de supuestos delincuentes, una violación gravísima de nuestra Constitución Bolivariana, que viene generando un clima de terror en los barrios más humildes de todas las ciudades del país, en los cuales casi diariamente se asiste al asesinato selectivo de ciudadanos que afirman son delincuentes y hacen "resistencia a la autoridad", negando, mediante esta práctica criminal del propio Estado, los derechos jurídicos al debido proceso, a la defensa, y lo más sagrado, el propio derecho a la vida.
Esta violación de los más elementales derechos humanos ha sido denunciada incluso por diputados oficialistas de la Asamblea Nacional Constituyente[x].
El gobierno mantiene una constante persecución y represión hacia las organizaciones e individualidades que le hacen oposición política, o que simplemente ejercen sus derechos ciudadanos al denunciar irregularidades en la administración pública y exigir que las instituciones hagan su trabajo. Esta represión ha llegado hasta el asesinato de dirigentes opositores como el concejal Fernando Albán en octubre de 2018, que fue lanzado por una ventana del 10º piso del edificio del SEBIN[xi] en Caracas, luego de ser torturado mientras estaba detenido, como denunciaron sus abogados en base a evidencias observadas en el cadáver[xii]. Otro caso de asesinato de un detenido político es el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mediante torturas en junio de 2019[xiii], quien falleció luego de desmayarse en la audiencia del tribunal militar[xiv].
La represión política, las detenciones y torturas a los detenidos se extienden a dirigentes obreros y periodistas que ejercen sus derechos constitucionales en sus respectivas áreas laborales[xv]. Como es el caso de Rubén González, sometido a tribunales militares a pesar de su condición civil y de dirigente sindical en la empresa Ferrominera[xvi]. Rodney Alvarez, también trabajador de Ferrominera. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, ingenieros de PDVSA que denunciaban internamente casos de corrupción y fueron detenidos y torturados por el DGCIM[xvii], acusados de traidores a la patria y de ser "informantes de la CIA". Javier Vivas Santana, columnista de la página web aporrea.org quien fue detenido en marzo de 2020 por sus escritos críticos hacia el gobierno[xviii]. El dirigente político y comunicador Nicmer Evans, detenido en julio de 2020, acusado de "instigación al odio"[xix].
La llamada "Ley contra el odio" aprobada por la inconstitucional "Asamblea Nacional Constituyente" en noviembre de 2017[xx], ha permitido al gobierno perseguir y silenciar a espacios comunicacionales y dirigentes sociales que cuestionan de alguna forma las irregularidades en la acción gubernamental. Es una ley que se aplica únicamente contra los que de alguna forma hacen oposición política o social al gobierno. El mismo presidente Maduro y muchos de sus ministros y principales exponentes del PSUV permanentemente hacen pública apología al odio hacia sus opositores, sin que hasta el presente se haya levantado ninguna investigación contra ellos. Es una ley "ad hoc" utilizada como arma de control social y represión política de acuerdo a su conveniencia.
La persecución al periodismo crítico también se expresa en el bloqueo de páginas web que publican denuncias y opiniones sobre la política nacional, como ha sucedido por años con el bloqueo a la web aporrea.org y otras. Esta política contra todos los espacios de crítica y denuncia se manifiesta también en la campaña que el propio presidente Maduro[xxi] y Diosdado Cabello han generado contra la organización Provea[xxii], de relevante trayectoria por 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
La política ultraneoliberal de salarios de hambre (Salario Cero) que ejecuta desde hace años el gobierno de Maduro es otro escenario de violación de derechos humanos fundamentales y de la propia constitución nacional[xxiii]. La remuneración del trabajo ha desaparecido en la Venezuela supuestamente "socialista" de Maduro, pues hoy el salario mínimo más el bono de alimentación apenas superan los tres (3) dólares mensuales, contrastando esa dura realidad que vivimos todos los trabajadores en este país con los salarios mínimos del resto de países latinoamericanos[xxiv] que no se reivindican como "socialistas" ni "obreristas": Uruguay, 462 dólares mensuales; Chile, 431; Ecuador 394; Paraguay, 355; Argentina 298; Perú, 275; Brasil, 257; Colombia, 254; México, 156; y Haití, 59. La supervivencia de los trabajadores y sus familias en Venezuela está en grave riesgo debido a la imposibilidad de alimentarse y mucho menos de cubrir otros gastos básicos con un salario de tres dólares al mes.
La violación de los derechos humanos se extiende a múltiples expresiones de los derechos sociales consagrados en la Constitución, como lo son:
- El derecho a la salud. Señalando el déficit en médicos y enfermeras debido a la enorme migración debido a los bajos salarios; unido a las carencias de equipos, insumos médicos y medicinas para atender pacientes en los hospitales públicos y ambulatorios. La disminución de campañas preventivas de vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas desde hace décadas (como la malaria y la tuberculosis)[xxv].
- El derecho a la seguridad social, en donde resalta la casi desaparición del valor real de las pensiones, cuyo monto hoy apenas supera un (1) dólar mensual. Los ciudadanos pensionados, por razones obvias de su edad y en muchos casos sus condiciones de salud, no están en posibilidad de buscar otras fuentes de ingresos distintas a la pensión. Lo que ha colocado a centenares de miles de ancianos al borde de la inanición por la incapacidad de alimentarse ni siquiera un día con el ingreso que perciben del estado.
- El derecho a la educación, al reducir al mínimo y casi desaparecer los presupuestos destinados al sistema educativo en todos sus niveles. Resaltando la desaparición absoluta del financiamiento a la investigación científica en las universidades y de todas las actividades relacionadas (adquisición de equipos y materiales, compra de libros y otras publicaciones, asistencia a eventos nacionales e internacionales). Hoy en día Venezuela es un país en el cual ha desaparecido la investigación científica como tal, salvo contadas excepciones sustentadas en financiamientos privados y en el esfuerzo personal de los propios investigadores de las universidades públicas.
- Los derechos de los pueblos indígenas, en donde resalta todo un conjunto de violaciones ubicadas en la explotación del Arco Minero del Orinoco[xxvi] y en las recientes resoluciones del CNE eliminando el voto directo de los pueblos indígenas para elegir la Asamblea Nacional[xxvii]. Asimismo, rechazamos el discurso oficialista con el que se pretende justificar el atropello y violación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en particular los que habitan en el llamado "Arco Minero del Orinoco", exponiéndolos al odio público al acusarlos sin pruebas de secesionista y potenciales promotores del caos dentro del Estado.
- La violación de prácticamente todos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), resaltando el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018[xxviii], que desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. La política del gobierno ha sido la de "aplanar" las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
- La violación de derechos humanos también se viene presentando en el trato que el gobierno viene dando a los venezolanos que regresan de otros países debido a la pandemia. Al calificar como "bioterroristas" a los connacionales que regresan a través de pasos fronterizos ilegales[xxix] (trochas), se genera una instigación al odio y se abre la puerta a la represión policial-militar, se expone al desprecio público y se somete de hecho a malos tratos, a todos los ciudadanos que están regresando al país porque perdieron sus trabajos en los respectivos países adonde habían emigrado. Más aún cuando se constata que el ingreso "legal" al país por los pasos fronterizos está sumamente restringido y en algunos casos inexistente. El llamado "plan vuelta a la patria" de Maduro ha terminado en su contrario: "no regresen, que aquí no los queremos".
- En cuanto a los servicios públicos, existen deficiencias graves en el suministro de agua, electricidad, gas doméstico, telefonía fija y aseo urbano en buena parte del país, llegando hasta semanas, meses y años, el tiempo en que el Estado deja de suministrar dichos servicios. El transporte público urbano e interurbano también se ha reducido significativamente, dificultando la movilidad de la ciudadanía para sus actividades cotidianas y limitando la capacidad productiva de la población.
En resumen, la violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra constitución y las leyes de la República ha sido una constante durante el gobierno de Nicolás Maduro, y se ha mantenido y en algunos casos acentuado durante los meses de cuarentena decretados con motivo de la pandemia del coronavirus. De facto, el gobierno mantiene un estado de excepción permanente, suspendiendo garantías constitucionales que no pueden ser obviadas en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el debido proceso, el derecho a la información y demás derechos intangibles (artículo 337 de la Constitución).
Más allá de denunciar esta grave situación que está convirtiendo a Venezuela en un territorio donde no existe el imperio de las leyes, y el abuso contra los ciudadanos es una política de estado, consideramos que hoy más que nunca se plantea la necesidad de una solución urgente a la profunda crisis que en todos los órdenes atraviesa el país. Una solución que, como hemos propuesto reiteradamente en el último año, debe buscarse por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, a partir de acuerdos consensuados entre todos los sectores políticos y sociales del país.
República Bolivariana de Venezuela, 06 de agosto de 2020.
Santiago Arconada, Juan García, Edgardo Lander, Roberto López Sánchez, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos, Esteban Emilio Mosonyi, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio.
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[i] GNB presuntamente asesinó a un hombre e hirió a otro por reclamar abusos en estación de gasolina.
https://www.aporrea.org/ddhh/n357398.html
[ii] Detenidos 4 gnb que iban con el capitán investigado por muerte en 'bomba' de Anzoátegui.
[iii] Mataron a un pescador en isla de Toas en protesta por gasolina. https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-un-pescador-en-isla-de-Toas-en-protesta-por-gasolina-20200716-0076.html
[iv] https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1286900373031202816
[v] https://efectococuyo.com/la-humanidad/livia-gouverneur-del-icono-de-lucha-al-desalojo-de-estudiantes/
[vi] https://www.elnacional.com/venezuela/iris-varela-tras-asesinato-de-su-escolta-la-actuacion-aberrante-de-esos-funcionarios-no-quedara-impune/
[vii] https://twitter.com/irisvarela/status/1271897496927834113/photo/4
[viii] Homicidios en Venezuela: vamos de nuevo con las cifras. Keymer Ávila | Sábado, 28/03/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a288589.html
[ix] ¿Cómo se organiza la violencia desde el Estado en Venezuela? Por: Keymer Ávila | Lunes, 22/06/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a291996.html
[x] Diputado Chavista De La ANC Vivió En Carne Propia Atropello De La FAES. julio 18, 2020. https://monitordolarvzla.com/diputado-chavista-de-la-anc-vivio-en-carne-propia-atropello-de-la-faes/
[xi] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
[xii] https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/30/los-abogados-del-concejal-fernando-alban-difundieron-evidencias-de-las-torturas-que-sufrio-antes-de-morir-bajo-custodia-del-sebin/.
[xiii] https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/28/a-un-ano-del-asesinato-de-rafael-acosta-arevalo-la-esposa-del-capitan-detallo-la-brutal-tortura-que-sufrio-el-militar-por-parte-de-la-dictadura-chavista/
[xiv] Qué se sabe de Rafael Acosta Arévalo, el militar que murió bajo custodia en Venezuela. BBC News Mundo.
1 julio 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48824174
[xv] Existen hoy en Venezuela varios centenares de presos políticos, incluyendo un centenar de militares.
[xvi] https://eldiario.com/2020/07/31/ruben-gonzalez-simbolo-para-los-trabajadores-detenido-por-el-regimen/.
[xvii] Dirección general de contrainteligencia militar.
[xviii] https://talcualdigital.com/dgcim-detiene-a-periodista-javier-vivas-santana-aun-se-desconocen-los-motivos/
[xix] https://www.cinco8.com/periodismo/detenido-el-politologo-nicmer-evans/
[xx] https://cpj.org/es/2017/11/nueva-ley-contra-el-odio-de-venezuela-se-propone-s/.
[xxi] https://www.elnacional.com/venezuela/nicolas-maduro-acuso-a-la-ong-provea-de-ser-financiada-por-la-cia/
[xxii] Programa Venezolano de educación-acción en derechos humanos.
[xxiii] Venezuela: ¿Por qué tenemos el salario más bajo del mundo?. Manuel Sutherland. 03/05/2020. https://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-por-que-tenemos-el-salario-mas-bajo-del-mundo
[xxiv] https://es.statista.com/estadisticas/1077860/america-latina-salario-minimo-mensual-por-pais/.
[xxv] https://www.voanoticias.com/archivo/oms-sistema-de-salud-de-venezuela-sigue-en-ca%C3%ADda-libre#:~:text=GINEBRA%20%2D%20%2D%20La%20ONU%20y%20las,alguna%20vez%20se%20consideraron%20vencidas.
[xxvi] Informe: Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia. 17/07/2020. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/17/informe-situacion-de-la-amazonia-venezolana-en-tiempos-de-pandemia/
[xxvii] https://oevenezolano.org/2020/08/el-cne-continua-violando-la-constitucion/
[xxviii] Memorando-circular nº 2792. Lineamientos a ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. 11/10/2018. Publicado en: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-marcharon-en-Caracas-contra-el-plan-de-ajuste-de-Maduro-y-los-empresarios
[xxix] "Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos" afirmó el padre Numa Molina, muy vinculado políticamente al gobierno de Maduro. https://twitter.com/numamolina/status/1283375042081030146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283375042081030146%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aporrea.org%2Fmedios%2Fa293118.html Declaraciones similares las ha dado el mismo presidente Maduro y otros altos funcionarios como Freddy Bernal.
