Recientemente el Comandante Chávez, en el discurso inaugural de un foro organizado por el TSJ, con motivo de los Diez (10) años de vigencia de nuestra actual carta magna aprobada en referéndum popular por el pueblo venezolano, hablo sobre el constitucionalismo popular, el cual no es otra cosa sino la aplicación de la constitución directamente, lo que implica la máxima felicidad social posible que incluye no solo la calidad de vida (Derechos) sino el desarrollo de las fuerzas productivas (Obligaciones o deberes), en otras palabras, una revolución permanente.
Este constitucionalismo popular no es otra cosa sino el proceso constituyente, el cual debe ser constante y perpetuo, para con este fin hacer la revolución espiritual, social, económica y política que requiere el país, que no es otra cosa sino el socialismo. Nuestra revolución tiene que ser nacional (Anti-imperialista) y social (Socialista), y el plan de vuelo está inscrito en la constitución, que es de avanzada.
Ahora bien, para aplicar el constitucionalismo permanentemente, que es el constitucionalismo con apellido de popular, tenemos que cambiar y de raíz, el actual sistema de justicia son resacas de la constitución partidocrática y washingtoniana de 1961, por lo que requiere un sacudón.
El sacudón en el poder judicial, que no es otra cosa sino adaptarlo a la constitución bolivariana, cosa que aun no se ha hecho después de Diez (10) años, debe ser reformando las leyes sobretodo el código penal y los códigos procesales, tanto para imponer sanciones penales a la burguesía vende patria, conspiradora y golpista, como para que los procesos sean orales y públicos y de verdad, verdad el pueblo ejerza la soberanía de sentenciar o impartir justicia.
Todo lo anterior se puede resumir en la creación de los tribunales populares o comunales, los cuales serán dirigidos por jueces profesionales, egresados de universidades públicas, quienes rectorizaran a la jurisdicción popular o comunal pero las decisiones corresponderán al pueblo administrando justicia (Jurados escogidos entre los vecinos), y su competencia serán integrales, o sea, en todas las materias, ya sea penal, civil, mercantil, administrativa, laboral, transito, niños y adolescentes, agrario, familia, etc.
Los juicios comunales serán orales y públicos con participación popular en las decisiones y el ámbito de cada tribunal, por ahora, será el de una parroquia. En la materia penal tendrán competencia en los delitos hasta de Diez (10) años de pena promedio y en los delitos contra la propiedad y el patrimonio público, así como en la materia civil y afines su competencia será hasta la cuantía equivalente a SETECIENTOS CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIA (750 U/T), e incluirán a la economía popular (Cooperativas, consejos comunales, prestamos de pobrecía, etc.) y las acciones administrativas de respuesta oportuna, rendición de cuentas y transparencia de funcionarios públicos.
Estos tribunales populares tendrán una fiscalía popular, un sistema de defensa pública comunal, una policía propia, que ya existe y seria las policías comunitarias dependientes de la policía nacional, unas prisiones o retenes propios y un sistema de doctrina bolivariana revolucionaria y socialista que estará motorizado por las Universidades Bolivarianas anticapitalistas y anti-imperialistas.
REFORMAR LOS CODIGOS PENALES
Nuestramerica, que está despertando a un nuevo amanecer anti-imperialista y socialista, y está llegando a ser gobierno por intermedio de procesos pacíficos bajo las reglas de juego del consenso de Washington (El enemigo), se está encontrando con una burguesía, aunque pasa a ser “oposición”, conserva mucho poder y privilegiadas. Esta burguesía, en la supuesta oposición, está jugando muy duro, con conductas netamente subversivas y desestabilizadoras por intermedio de la especulación económica tanto de las finanzas como de productos, impulsa guerras psicológicas nocivas y claramente insurreccionales de desconocimiento a los gobiernos progresistas legítimamente constituidos.
Estas conductas perjudiciales socialmente, provocan la ingobernabilidad y conducen a estados de pre-guerra civil o que desembocan en golpes de estados, mal llamados suaves, caso de Venezuela, Haití, Bolivia y Argentina y hoy Paraguay, cuando no impulsa, con el amo yanqui, cuartelazos al estilos de los 70, como en Honduras
Es hora de adaptar nuestros códigos penales a la realidad del siglo XXI, por ejemplo el delito de traición a la patria, hoy es aliarse, ser cómplice o favorecer, las acciones injerencistas y agresoras de la única superpotencia (El Imperialismo Yanqui), único factor de guerra y agresión externa existente en el mundo actual de la globalización neoliberal. Por otro lado, los medios de comunicación, amparados en una supuesta libertad de expresión se dan a la tarea de difamar y descalificar a los gobiernos de izquierda, por medio de verdaderas campañas desestabilizadoras y generadoras de disociación colectiva; no siendo jamás ni objetivos, ni veraces, ni imparciales, como debe ser un medio de comunicación, pero ellos siguen, no el respeto a las leyes y la constitución sino la línea que les traza el dueño, un capitalista felón.
Por otro lado, la burguesía que controla la economía, aun en la “oposición”, se da a la tarea de especular con la banca y con el dinero de la gente, creando caos macro-económico y acapara y desaparece los productos, sobretodo de primera necesidad, y especula permanentemente con ellos, aumentándole el precio todos los días, creando desestabilización económica y malestar social.
Todas las conductas anteriores son de carácter delictuales y solo pueden ser cometidas por la burguesía o sus cómplices (Delitos de cuello blanco), por su posición de poder y por la afinidad que tiene con el imperialismo yanqui. Estas conductas deben catalogarse como delitos graves y castigarse con penas largas (25-30 años) y deben ser procesadas por tribunales populares nacionales.
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