Marino Alvarado es Abogado, activista de Derechos Humanos de larga trayectoria, ex Coordinador General de PROVEA, actualmente actúa como Asesor de PROVEA en su área Jurídica. Es colaborador del Observatorio Venezolano de Prisiones y experto en el equipo de Amnistía Internacional que trabaja el tema de Venezuela. Fue profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. Y participante de la Comisión Nacional para la Reforma Policial.

El jueves 22 presenciamos el asesinato de un joven frente a la Base Militar de la Carlota. Y otra vez frente a este caso, como frente a los 73 fallecidos en el contexto de las protestas que se iniciaron en abril pasado hay dos versiones sobre estas muertes. Una es la que la informaciones que da el Ministerio Público, que es coincidente con varias Organizaciones No Gubernamentales, y la otra la que organiza el Ministerio de Comunicación o laboratorios en las redes sociales. Cómo explicas tú estas dos visiones.

 El asesinato del joven Vallenilla hay que verlo en un contexto más general. PROVEA ha caracterizado toda esta protesta que se está dando en grandes y medianas ciudades y en pequeños poblados, como una rebelión popular  y frente a esta rebelión la respuesta del gobierno no es democrática. El gobierno ha priorizado la represión, antes que a  analizar y canalizar el descontento. Y este descontento muy bien podría haberse canalizado de manera democrática.

Al reprimir el gobierno ha usado distintas formas de represión. Ha usado las formas tradicionales como las bombas lacrimógenas o los carros hidrantes que disuelven la manifestación. Pero también hay nuevos patrones de represión que son incluso distintos a los del 2014. Si comparamos la actuación de los cuerpos policiales entre 2014 y 2017, vemos que hay una mayor brutalidad. Es decir los cuerpos policiales están actuando con más saña, también humillan y roban en el marco de las manifestaciones. Pero en esto de actuar con más saña, se está usando armas de fuego. Se están usando cartuchos de perdigones que llevan incorporadas metras, tuercas y balines. Pero hay una diferencia con otras oportunidades donde la policía ha usado estos elementos, y es que los está fabricando CAVIM[1].

La organización PUN PAZ y PROVEA presentamos ante el Ministerio Público[2]  en Barquisimeto, un cartucho que se le cayó a un Guardia Nacional en uno de esos ingresos arbitrarios que han hecho a las viviendas en Barquisimeto, y ese cartucho que yo pude tener en mi mano, decía fabricado por CAVIM. Ese cartucho estaba nuevo, tenía perdigones de plástico arriba, perdigones de plástico abajo y una metra en el medio. Ese es el tipo de armamento que está usando el gobierno para reprimir. Hay un cálculo de más o menos 700 personas heridas por estos objetos que son distintos a los perdigones. Algunas de las víctimas, de los fallecidos, han muerto como consecuencia del disparo de estos cartuchos.

En el caso del joven Vallenilla que fallece en La Carlota, la imagen muestra que el disparo proviene de una escopeta. Una escopeta que disparada a corta distancia, y que tenía según lo que pude leer en la autopsia, balines, tiene la misma potencia que cualquier bala. Es decir son tres impactos prácticamente de bala lo que le producen la muerte.

Frente a esta situación de responder con este tipo de represión a la protesta, el número de víctimas ha ido creciendo. Y el gobierno ha usado distintos argumentos. No ha tenido un solo discurso frente a las personas que han sido asesinadas. Por un lado el gobierno ha tratado de construir un discurso de que algunas de las personas que han fallecido como consecuencia de impacto de arma de fuego, han fallecido porque los propios manifestantes son quienes han disparado. Este es uno de los discursos que se ha tratado de construir, que afortunadamente en la medida en que se adelantan las investigaciones, se va estableciendo responsabilidades. Y así tenemos que sobre algunas de las víctimas que el gobierno ha presentado como actuación de los propios manifestantes, resultan en funcionarios militares o funcionarios policiales detenidos, como ha ocurrido en Carabobo, en Miranda y en el Estado Lara. Es decir que hay casos en que resultan funcionarios policiales o militares detenidos pero que el discurso inicial del gobierno fue presentarlos como consecuencia de actuación de los propios manifestantes. 

En segundo lugar, hay casos en los que ha sido muy evidentes la muestra  de la actuación militar, y acá hay que reivindicar la labor no solo de los medios de comunicación sino y sobre todo de ciudadanos que incluso arriesgando la libertad y hasta la vida, hacen una grabación con su teléfono. En este caso inscribe el del funcionario policial del estado Anzoátegui que introduce un objeto en su arma, la dispara y le causa la muerte a un manifestante, la detención de este funcionario policial fue a las pocas horas porque era muy evidente. El video mostraba la forma como introdujo ese objeto en el arma y posteriormente como cae el muchacho.  Al igual que los dos últimos asesinatos donde se ve tres Guardias Nacionales Disparando, y el del día jueves 22 en el cuál se ve claro cuando el militar dispara la escopeta, obligaron al gobierno a tener que reconocer que habían sido asesinados por las Fuerzas Armadas y a actuar con rapidez.  Si esos videos no hubiesen existido si esas fotografías no hubiesen existido, con seguridad afirmo, que el gobierno hubiese construido el discurso de que las muertes eran consecuencia de la actuación de los propios manifestantes.

Y esto es importante señalarlo porque cuando el gobierno se empeña en ocultar los homicidios alienta esta represión, alienta el uso indebido de armas de fuego por parte de la fuerza pública y es grave porque estamos hablando de más de 70 muertos como consecuencia de las manifestaciones.  No todos como consecuencia de la actuación de fuerza pública, porque también hay que decirlo hay asesinatos que han realizado particulares. Ya sean particulares que simpatizan con el gobierno o particulares que simpatizan con la oposición. Pero lo más importante es que el Alto Gobierno ha construido un discurso que alienta la represión.

Y por lo tanto hay una responsabilidad de los altos mandos pero sobre todo hay un responsable muy claro de esta represión que se llama Nicolás Maduro. No solamente es el Jefe de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional es un componente de la Fuerza Armada, sino que es el Jefe Político que está conduciendo la represión. Si aquí queremos establecer responsabilidades por los homicidios establecidos en manifestaciones, hay que hablar de los autores materiales pero también hay que hablar de los actores intelectuales que son Padrino López, el Ministro Reverol y sobre todo el Presidente Nicolás Maduro. Por eso es que ayer la organización PROVEA, lanzó la propuesta de que esta rebelión popular debe empezar a exigir la renuncia de Maduro. Mientras que Maduro esté en el gobierno, lamentablemente vamos a seguir teniendo una brutal represión. Maduro ayer prometió más represión y la cumplió. Es decir en el momento que estaba hablando por cadena nacional, diciendo que iba a reprimir más y que a la cárcel iban a ir todos los que siguieran protestando. O que intentarán obstaculizar la Asamblea Nacional Constituyente, a esas personas la iban a encarcelar y que iba a haber consecuencias. Bueno una de las consecuencias fue el asesinato de este joven Vallenilla.  En menos d e72 horas dos jóvenes que fueron asesinados por la Fuerza Armada con evidencia muy clara que obligaron al gobierno a tener que reconocer.

Entonces, el discurso que se construye, al que el ministro Villegas le da forma, es un discurso que tiene que ver con avalar la represión, encubrir la represión y justificar la represión. Lo que resulta en una paradoja y esto es importante destacarlo, este es un gobierno que tiene en su alta dirigencia gente que viene de la protesta social, gente que viene de haber sido reprimida y de haber sido perseguida, lo paradójico y lamentable es que los reprimidos de ayer son los represores de hoy. Los que condenaron los asesinatos de manifestantes, los que condenaron la represión brutal contra la protesta social, son los que hoy dirigen la represión a la protesta social. Esos mismos que fueron víctimas en la Cuarta República, ahora en la llamada Quinta República, no solamente reprimen sino que usan un discurso donde se pretende descargar en la víctima la responsabilidad. Es decir que: “saliste herido porque saliste a protestar”, “si no hubieses salido a protestar no estuvieses herido”. A los familiares les dicen “fueron asesinados tus hijos o tu hermano porque salió a protestar, si se hubiese quedado en la casa no le hubiese pasado nada”. Con este discurso resulta que quién sale a reclamar derechos termina siendo el responsable de ser víctima e incluso al victimario se le quiere poner como víctima, es decir: el Guardia Nacional que dispara, no es el victimario si no que es la víctima. Es un discurso muy perverso desde el poder y sobre todo de gente que se llama de izquierda, gente que viene de la lucha social, que sabe cómo es la represión, que la vivió, que la padeció y que la combatió son los mismos que hoy, no solamente reprimen sino que construyen este discurso.

Tú decías que hay una forma democrática que no está usando el gobierno para encausar la protesta. ¿Según tu punto de vista cuál sería esa forma?

En primer lugar, hay que recordar que hay una sentencia del Caracazo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dice expresamente al gobierno, el que estaba entonces pero que tiene validez para el gobierno actual, que no se puede militarizar las labores de Control de Orden Público. El último recurso, el último, en una situación de conmoción es usar la fuerza armada. Y aquí la protesta para ser reprimida ha tenido como principal actor a la Guardia Nacional Bolivariana, un componente de la Fuerza Armada.

Yo quiero decir que fui profesor de la primera y segunda promoción de la nueva Policía Nacional. Participé en el proceso de diagnóstico que hizo la Comisión Nacional de Reforma Policial. Aquí con el Ex Presidente Chávez del cuál reivindico esta iniciativa, se trató de construir un modelo policial distinto. Se trató de construir una forma distinta de afrontar la protesta social. Y por eso en la formación que se le daba a los funcionarios policiales se insistía mucho que frente a la protesta social lo primero que hay que plantearse es el dialogo con los manifestantes. Escuchar sus quejas. Ayudar a canalizar las quejas. Y que el último recurso es el recurso de la represión,  que si lo usa deber ser de manera proporcional. De acuerdo a la fuerza que está usando el manifestante. Las normas internacionales, pero además lo dicen también todos los instructivos que hay hacia la Policía y la Guardia Nacional que hay que diferenciar entre quien manifiesta pacíficamente y quien en esa manifestación puede asumir acciones violentas. Y frente a esa acción violenta, el instructivo y la norma internacional dice que se debe actual frente al foco de violencia respetando los derechos humanos y usando proporcionalmente la fuerza.

Todas esas normas y todos esos instructivos y toda esa capacitación y todo ese esfuerzo que se hizo para capacitar a los funcionarios policiales, fue mandado a la basura. Lo primero que hizo Nicolás Maduro una vez que asumió el poder fue echar para atrás todo el proceso que se venía haciendo con la UNES. Empezaron por militarizar la propia Universidad reemplazando a la Rectora por un Militar como Blanco La Cruz. Y con él se incorporaron todos los militares amigos de él. Y se empezó a violar la propia Ley de Policía Nacional y poner al mando de la policía a militares, cuando la propia ley de Policía Nacional lo prohíbe. Se comenzó a violar esa ley que surgió de un Proceso de Consulta con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones sociales, con partidos políticos, etcétera. Porque si algo yo reivindico desde la mirada de los derechos humanos del presidente Chávez es ese proceso de consulta que se hizo con la Reforma Policial. Toda esa normativa no se ha aplicado. Si para controlar las protestas se usaran las normas internacionales y la propia Ley de Policía otros serían los resultados.

Uno ve en muchas de estas protestas que la Policía Nacional ve 5 o 6 personas reunidas y le lanza una bomba lacrimógena. Porque ni siquiera es que las bombas lacrimógenas se lanzan a las grandes concentraciones que van en una manifestación, no, se lanzan a pequeños grupos. Yo he visto por ejemplo como en La Candelaria donde yo vivo, la Policía apunta y hace el esfuerzo de lanzar la bomba lacrimógena dentro de los apartamentos. Uno ve a los funcionarios policiales apuntando a la ventana abierta de un apartamento para ver si logra meter la bomba lacrimógena. Y en algunos casos lo logran, es decir hay una saña. Una actuación que es totalmente contraria a ese esfuerzo que se hizo por construir un modelo policial distinto apegado a los derechos humanos. Que está ahí y es teóricamente bueno y que en algún momento habrá que retomarlo porque creo que se hizo un gran y valioso esfuerzo.

Entonces hay una norma, una forma democrática de controlar la protesta social. Por más grande que la protesta sea. Yo siempre pongo el ejemplo, mira, las grandes protestas que se dieron en Venezuela pidiendo la renuncia del Presidente Chávez no fueron reprimidas. Y las que se reprimieron no se reprimieron con la brutalidad que ocurre actualmente y eran manifestaciones de miles y miles que se manifestaban. Y ahí se hizo un esfuerzo para actuar de una manera que no se generaran víctimas. Cuántas muertes se produjeron por la fuerza pública en esa época, muy pocas. En 2014 fueron muchas más y en la actualidad son muchísimas más. Y eso es un mensaje para esta dirigencia política que dirige el país.

 Aquí la criminalización de la protesta social empezó  en el 2005. Una advertencia que hizo PROVEA en su informe anual fue que empezamos a ver que el gobierno se desespera frente a la protesta social. Ya entonces empezábamos a ver que la gente que era detenida en las protestas se las pasaba al Ministerio Público y el Ministerio Publico aceptaba los regímenes de presentación.  La gente tenía que presentarse al tribunal cada semana. Entonces empezaban a ocurrir los primeros síntomas de criminalizar la protesta social. ¿Cuántas personas fueron presentadas al Ministerio Público en las grandes protestas que se dieron contra el presidente Chávez? Prácticamente ninguna.  Las personas que eran detenidas en las protestas a más tardar en 48 horas salían. Pero en 2005, cuando la protesta social era sobre todo de  trabajadores un 33% o de gente de las comunidades en un 29%, que reclamaba por servicios público, ahí se empezó a detener a la gente y presentarla al Ministerio Público.  Ahí empezó la criminalización de la protesta, la represión de los más pobres.

Pero ya en 2014 y aquí hablo como PROVEA teníamos registradas 3000 personas sometidas a procesos judiciales, dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos dirigentes obreros. Nada más del movimiento sindical, esa cifra la recuerdo con exactitud, fueron 136 dirigentes sindicales, sometidos a procesos penales por haber participado en huelgas o por haber convocado a las mismas. En todo ese periodo de protestas del 2014 más de 1000 personas quedaron sometidas a régimen de presentación. Y ahora tenemos un número importante pero no ya solamente a régimen de presentación sino a Tribunales Militares lo que es además totalmente ilegal. Este es un gobierno que se reivindica como un gobierno obrero y es un gobierno que ha reprimido a los obreros, que encarcela a los obreros, que ha desmejorado la calidad de vida de los sectores más pobres y que ante la exigencia de derechos solo ha usado la represión.

¿Hablamos de la aplicación de la Justicia Militar?

En Venezuela la aplicación de la Justicia Militar a los civiles no es nueva. Durante toda la Cuarta República se aplicó la Justicia Militar a activistas sociales y políticos. Se juzgaron diputados, dirigentes campesinos, dirigentes estudiantiles… 

El pueblo venezolano construyó un concepto de preso político que es interesante: todo civil que por cualquier circunstancia vinculada a la lucha social no a los grupos insurgentes que en ese momento había, sino a la lucha social, todas esas personas eran consideradas presos políticos.  Y por eso en los presos políticos de la Cuarta Republica vamos a conseguir: dirigentes políticos que hacían vida legal, dirigentes políticos que hacían vida en la lucha armada y muchos dirigentes sociales de todo tipo y sector, cuando uno ve la lista de los procesados por tribunales militares había de todo, dirigentes campesinos, estudiantiles, sindicales. Entonces la Cuarta República usó la justicia militar.

La Quinta República también ha usado la justicia militar. Fíjate en algo, insisto con esto, en 2012 en PROVEA, nosotros, así como advertimos en el 2005 que se empezaba a criminalizar la protesta social, en el 2012 advertimos que empezaba a usarse la justicia militar contra la protesta social. Qué ocurrió en el 2012, en ese año cinco dirigentes sindicales fueron procesados por la justicia militar y encarcelados en Santa Ana en el estado Táchira.  Eran dirigentes sindicales del sector construcción que realizaron una protesta en un fuerte militar porque tenían más de dos meses los trabajadores que no cobraban. Exigiendo cobrar hicieron una protesta dentro de ese fuerte militar y al final la dirigencia sindical fue procesada y encarcelada. En ese mismo año 2012, cinco capitanes indígenas, fueron procesados en la justicia militar porque se opusieron a que los militares explotaran ilegalmente la minería, y rodearon a un grupo de militares, le quitaron las armas y terminaron los cinco, procesados en la justicia militar, uno de ellos encarcelado en La Pica. Y también ese año un estudiante detenido en una protesta en el Tigre, en el Estado Anzoátegui, en una protesta donde no actuó la policía sino la Guardia Nacional, ese estudiante fue procesado por la justicia militar y enviado a la cárcel de La Pica.

Después en 2015 y 2016 vamos a tener algo nuevo. Y es que empiezan a procesar en la justicia militar a gente que discute en las colas que se hacen para comprar alimentos con guardias nacionales. Entonces nos vamos a conseguir, y en PROVEA hicimos un listado, con: Amas de casa y adultos mayores procesados en justicia militar porque se opusieron por ejemplo a que guardias nacionales sacarán comida para ellos cuando la gente estaba haciendo cola.  Gente que le protestaba a la Guardia Nacional porque vendían cupos en las colas de compra de alimentos, entonces empezaron a ser procesados en la justicia militar nada más en el 2015, en PROVEA contabilizamos 25 personas que fueron procesadas por protestas en las colas. Y esas protestas muchas veces eran simplemente alzar la voz contra el maltrato de un Guardia Nacional. Cuáles son los delitos que generalmente se les imputan: Asalto al Centinela y Ultraje al Centinela. Es decir alzarle la voz a un Guardia Nacional o reclamarle porque se está aprovechando para beneficio propio la situación, se le aplica justicia militar y se le imputan estos delitos. Pero pasado un año o un año y medio después, la propia justicia militar les da libertad plena porque consideraban que no hubo delito. Pero mientras tanto se sometió a la gente a días de prisión y después a régimen de presentación casi semanal.

En las protestas del 2014 no se usó la justicia militar, todos los procesos fueron en la justicia civil. Pero en las protestas de 2017, antes de empezar a aplicar el Plan Zamora pero sobre todo una vez que se comienza a aplicar el Plan Zamora, se usó, la justicia militar de una manera muy amplia. Estamos hablando en este momento de 380 personas procesadas en justicia militar, enviadas a Ramo Verde, enviada a la cárcel de La Pica, enviadas a la cárcel de Santa Ana, otros están enviados a la cárcel 25 de julio en San Juan de los Morros, que no es una cárcel militar. Algunos permanecen en recintos militares de la Guardia Nacional porque ya no hay capacidad en esas cárceles. En mi concepto todas las personas que han sido detenidas en las protestas y hoy están en la justicia militar son presos políticos y así debemos calificarlos.

Ahora el gobierno amenaza con más justicia militar, y lo hace porque ya la Fiscalía no se presta a mantener una actitud que le cuestioné personalmente a la Fiscal General. Yo celebro que la Fiscal haya cambiado su actitud. Yo quiero aclarar que siempre he tenido una buena relación con ella a pesar de esos señalamientos. Pero hay que decir que el Ministerio Público se convirtió sobre todo con Isaías Rodríguez pero continúo con Luisa Ortega usando desde mi punto de vista el Ministerio Publico, como un instrumento para la represión de la protesta social.

Y desafortunadamente el gobierno de Maduro, no solo está aplicando la justicia militar sino que está anunciando que la seguirá aplicando. Lo cual quiere decir que esta lista de presos políticos desafortunadamente va a seguir aumentando.

Para mí, todos aquellos que son procesados por protestar, por reclamar un derecho, inclusive aunque revistan bajo régimen de presentación o son presos políticos o son perseguidos políticos. Y estamos hablando de una cifra aproximadamente del orden de las 6000 personas. Hay casos por ejemplo: hay 7 sindicalistas de Sidor que estuvieron más de 6 años bajo régimen de presentación. Pero además tienen otras restricciones porque no pueden salir de las jurisdicciones o hasta se les prohíbe declarar en la prensa.

Danos una definición del Plan Zamora, desde la visión de los derechos humanos

Mira, el Plan Zamora, que tuve la oportunidad de leer su contenido, es un plan contra la protesta social. El Plan Zamora dice que no se puede hacer ningún tipo de paralización en los servicios públicos. Eso traducido a términos del derecho quiere decir que está prohibido el derecho a huelga. Dice que no se puede interrumpir el transporte de alimentos ni de ningún bien básico para la ciudadanía. Eso es la criminalización del cierre de calles. Que además es una forma de protesta histórica en el continente. Yo siempre pongo como ejemplo al presidente Evo Morales. Evo Morales hizo política cerrando, no las calles, sino grandes autopistas, con el movimiento social cocalero.

El plan Zamora ordena prácticamente la toma militar de aquellas zonas que puedan poner en peligro el orden público y el funcionamiento normal de las instituciones. Es decir, si una persona realiza una protesta frente a la Defensoría del Pueblo porque está protestando contra la violencia de los operativos OLP, a esa propuesta que puede ser muy pacífica, el Plan Zamora dice que se debe responder con la Fuerza Armada. Porque además le da preponderancia a la Fuerza Armada para que asuma todo el control del orden público, violando la ley de Policía Nacional y violando la Constitución, que dice explícitamente que el control de orden público deber ser exclusivamente de las policías civiles. El Plan Zamora es la militarización completa de las labores de control de la protesta social.

Y lo es porque el gobierno está reprimiendo la protesta social bajo la lógica de que está combatiendo a un enemigo interno. Y entonces, cuando mi lógica es que yo combato un enemigo interno, ese enemigo hay que aniquilarlo y contra ese enemigo yo despliego toda mi capacidad operativa para aniquilarlo. Por eso mientras el gobierno siga con esa lógica, siga viendo la situación como que está combatiendo a un enemigo, no sólo seguirá generando situaciones como estas, la cantidad de muertos, la cantidad de detenidos, la justicia militar, sino que abre a mayores posibilidades de más represión, y más violencia, porque para combatir al enemigo usas todos los mecanismos que tengas a disposición.