23-11-20.-La oposición venezolana denunció este domingon 22-N que las autoridades de Trinidad y Tobago deportaron a 16 menores, entre ellos un bebé de cuatro meses, tras negarles el refugio y separarlos de sus padres, que ya estaban en el territorio caribeño.
"El Gobierno de Trinidad y Tobago acaba de deportar a 16 niños venezolanos, entre ellos un bebé de 4 meses. Están devolviendo a los menores de edad en bote a Venezuela, negándoles el refugio y separándolos de sus padres que ya estaban en Trinidad. Una atrocidad", escribió en Twitter el político David Smolansky.
"La deportación de los 16 niños venezolanos ocurrió a las 12:00 del mediodía. Salieron en bote desde Cedros, Trinidad. La defensa de estos menores demás había introducido un 'habeas corpus' y las autoridades trinitarias ignoraron la petición de no deportarlos. Un acto cruel y muy grave", añadió.
Según recordó, Trinidad y Tobago "ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951", dos instrumentos que "protegen a migrantes y refugiados contra la devolución".
Smolansky subrayó que los 16 deportados corrieron "un gran peligro" porque la ruta que hizo el bote en que los montaron "es utilizada por grupos irregulares que se dedican a la trata y tráfico de personas", lo que calificó de "dantesco".
"Muchos trinitarios emigraron a Venezuela por décadas en busca de trabajo y estudio para superar la pobreza que padecían en su isla. Se les recibió con los brazos abiertos. No hay el mismo trato para los 40.000 refugiados venezolanos que han huido a esa isla por la dictadura", concluyó.
Las autoridades de Puerto España, debido a la pandemia del covid-19, han endurecido los controles de entrada al país, donde, como en otros territorios de la región, el número de contagiados por coronavirus ha aumentado en los últimos meses y semanas.
El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció en junio de 2019 la puesta en marcha de un proceso de registro de 14 días para permitir a los venezolanos permanecer hasta un año con el derecho a trabajar y estar protegidos por las leyes locales contra los abusos de los empleadores, especialmente en relación con el salario mínimo.
El proceso, que estuvo abierto para los que permanecían legal o ilegalmente, también fue una medida que permitió recopilar datos sobre el número de venezolanos que llegaron y viven en Trinidad y Tobago.
