¿Qué va a pasar en Venezuela? Esta es la pregunta que se hace el ciudadano de a pie, el funcionario público, el empresario nacional, el inversionista extranjero, los ministros del gobierno, los diputados a la Asamblea Nacional y hasta el propio Presidente de la República.

La crisis económica que se manifiesta a través de la escasez de alimentos y medicinas, la especulación e inflación; el desempleo y empobrecimiento generalizado de la población como consecuencia inevitable de una pésima gestión de gobierno, genera un creciente malestar social. Las tensiones en el liderazgo opositor han impedido amalgamar el malestar social para convertirlo en una poderosa fuerza transformadora, capaz de impulsar los cambios políticos que se requieren para superar la crisis económica y social.

Si el descontento social no se expresa en una contundente crisis política que le quite el margen de maniobra que mantiene con vida al Gobierno, la actual inercia continuará. Inicialmente se creyó que el fulminante triunfo de la Oposición en las parlamentarias del 6-D sería el detonante de un conflicto de poderes que inmovilizaría al Gobierno y lo obligaría a negociar. Pero en el pulso de la confrontación de poderes, el Gobierno le ha doblado el brazo a la AN, la cual prácticamente ha quedado anulada al ser declarada en desacato por el TSJ, sin que pueda hacer valer los mandatos de la Constitución que la habilitan para controlar los actos del Poder Ejecutivo.

Las torpezas tácticas de la Oposición han prologado la esperanza de vida de un Gobierno que parecía tener los días contados si se activaba a tiempo el Referendo Revocatorio (RR). Sin embargo, la MUD perdió un valioso tiempo mientras decidía entre Enmienda Constitucional, Asamblea Nacional Constituyente, Renuncia de Maduro y RR. Con ese retraso dio una excusa perfecta al oficialismo para demorar el revocatorio para el 2017, con las consecuencias que ya todos conocemos.

Al tanto de que las salas constitucional y electoral del TSJ fueron colonizadas por el oficialismo, y que ante cualquier consulta para dirimir las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo el TSJ siempre se pronunciaría a favor del Gobierno, aun así la dirigencia de la MUD ha pisado ingenuamente todas las conchas de mango que con más audacia y malicia le ha tirado el oficialismo.

La MUD: estrategia sin táctica

El peor error táctico de la MUD fue incorporar a los diputados del estado Amazonas, cuya elección fue invalidada por el TSJ. Convirtió en un punto de honor la juramentación de los diputados de Amazonas, cuando lo estratégico era preservar la AN que ya había sido sentenciada por el Gobierno a comienzos del año. En lugar de incorporarse a la AN, estos han debido recorrer el mundo para denunciar la arbitrariedad cometida en contra de la representación indígena en el Parlamento. Pero su reincorporación sirvió de pretexto para declarar a la AN en desacato y anularla para efectos prácticos, ya que ahora el Gobierno puede actuar sin pasar por el control parlamentario. A su vez, el TSJ tiene una razón adicional para declarar inconstitucionales las decisiones de la mayoría opositora en la AN.

A pesar de que la Oposición logró el control de la AN con una abrumadora mayoría, no fue capaz de evitar la aplanadora con la que una y otra vez le ha pasado por encima un Gobierno precario con bajísimo respaldo popular. Ni siquiera pudo impedir el tiro de gracia que significó la decisión del TSJ de declararla en desacato y disolverla en la práctica. Con tantos errores tácticos, la MUD desaprovecho la mayoría parlamentaria para acumular más fuerzas a través de la reinstitucionalización del CNE, el BCV, la CGR y otros entes del Estado. Las torpezas cometidas por algunos factores de la MUD en su desesperación por revocar el mandato de Nicolás Maduro le ha costado muy caro a toda la Oposición y ha defraudado las expectativas de diálogo y entendimiento que tenía el electorado cuando les dio el control de la AN por abrumadora mayoría.

Escenarios ante la crisis

Movilizar el descontento para calentar la calle y provocar la caída del Gobierno, tal como se intentó con las guarimbas del 2014, desencadenaría una represión masiva e indiscriminada. Y en ese escenario la Oposición lleva las de perder, ya que el Gobierno cuenta con el apoyo militar y policial como fuerzas represivas del Estado.

Descartado un escenario violento que desemboque en una salida militarista y dictatorial, la solución negociada a la actual crisis nacional está condicionada por parte de la Oposición a la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el cese de las persecuciones y la represión, la autonomía de los poderes públicos y el reconocimiento de la AN para la renovación del CNE y la reinstitucionalización del Estado. Aquí el juego está trancado a pesar de la mediación de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández.

Ante la barrida que sufrirían el chavismo en las elecciones de gobernadores y alcaldes si estas se realizan después del RR, otro escenario que se maneja es el de la renuncia de Maduro para convocar una mega-elección de presidente, gobernadores y alcaldes, de tal forma que el oficialismo pueda aprovechar la plataforma del gobierno central, antes de que esta caiga en manos de la Oposición. Este escenario fue adelantado por Juan Barreto, ex alcalde metropolitano y coordinador nacional de REDES, quien aseguró que se está negociando la renuncia de Maduro para evitar la desaparición del chavismo:

"al presidente le han recomendado que renuncie para que no se mida, porque si se mide podría perder hipotéticamente el Revocatorio y de perderlo con 80% podría sepultar al chavismo".

Otro escenario se refiere a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, lo cual implica que el Secretario General o un Estado miembro soliciten nuevamente la convocatoria del Consejo Permanente para verificar la "alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". Los estados miembros tendrían que pronunciarse en la Asamblea General o en la consulta a los cancilleres para determinar si finalmente se aplicará la suspensión de Venezuela en la OEA, lo cual terminaría en su aislamiento internacional. Luego de los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, Venezuela prácticamente ha sido anulada en el Mercosur desde donde sopla viento a favor de la aplicación de la Carta Democrática, cuestión que obligaría a Maduro a sentarse en la mesa de negociación para acordar al menos un Gobierno de Coalición.