"El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes (sic), siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública." Art. 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 30/10/1999
Mucho se ha reclamado la responsabilidad patrimonial del Poder Público sólo en favor de víctimas que hayan sido asesinadas o presas indebidamente. No mucho se ha logrado al respecto, pero, en cambio,
no así
la responsabilidad de ese Poder por los daños materiales que sufran los particulares en cualesquiera de sus bienes y derechos como lo han sido el deterioro progresivo del salario y la pérdida de sus ahorros y concretamente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional, a pesar de que esas lesiones vienen ocurriendo desde hace varios años y sean perfectamente imputables a la incompetencia, desidia o negligencia que sin lugar a dudas ha mantenido hasta ahora el Banco Central de Venezuela.
Desde luego, y en corroboración del derecho que asiste a las víctimas de la actual crisis en cuanto a inestabilidad de la economía y el acelerado deterioro del valor de nuestra moneda ante los comerciantes de todo rango, los numerosos ajustes salariales que el propio Ejecutivo vine haciendo para paliar el daño patrimonial que está sufriendo la población trabajadora venezolana y los pensionados responde a esa obligación del Estado.
Sin embargo, ninguno de esos ajustes ha logrado compensar las cuantiosas pérdidas patrimoniales que han sido trasegadas al comerciante especulador sin que la población todavía vislumbre justo castigo al comerciante ni la recuperación de sus ahorros perdidos, ni se aminore el hambre y el empobrecimiento que en masa está abarcando casi toda la población del país.
Es urgente que el Estado declare una cuota extra de compensación directa a los consumidores, en lugar de subsidios y subvenciones.
No se trataría de multas ni de comisos que se están prestando para nuevas matracas; de lo que se trata es de que los comerciantes y fabricantes deben realizar compensaciones directas semanales o quincenales a sus trabajadores con el mismo porcentaje salarial que indique el índice de crecimiento de los precios al consumidor colocados arbitrariamente por toda la cadena comercial distributiva y fabril, habida cuenta de que todos esos especuladores han coparticipado es este saqueo al bolsillo del consumidor.
Los Claps pueden ser asimilados a esa compensación por parte del Estado, pero falta que los comerciantes de alguna manera vayan reintegrando el monto que han venido robándole a los consumidores en su colectivo empeño político por derrocar al presente gobierno.
El trabajador venezolano debe ir recuperando por esa vía su patrimonio ya dañado durante los últimos 2 años, y esa nueva carga presupuestaria debe ser cofinanciada por lo menos entre todos los comerciantes y el Estado.
El decreto en cuestión podría contemplar que cada comerciante debe cancelar con la mayor brevedad un estimado de dinero que permita compensar cada porcentaje de los incrementos semanales de precios injustificados hasta ahora.
Nos hemos conformado, por ahora, con responsabilizar sólo a los comerciantes por sus inicuas actuaciones como especuladores, que lo son y siempre lo han sido, pero se trata de actividades comerciales reñidas con nuestra Constitución y las leyes, y es allí donde radica la coparticipación que en este daño patrimonial ha tenido la Administración Pública y concretamente es responsabilidad del Banco Central de Venezuela.
Por ejemplo, la expresa prohibición de los monopolios descansa, precisamente, en que lo primero que caracteriza a una empresa monopolista es vender al precio que se le antoje de la manera más descaradamente especulativa. Esta prohibición sirve para orientar a dicho banco en la aplicación de los correctivos oportunos de la posible desestabilización que algún empresario o grupo de ellos intente, así como cualquier suba injustificada de precios.
Para las administraciones públicas de corte abiertamente aburguesado siempre fue expedito recurrir a los ajustes salariales, al Crédito Público, para compensar el llamado alto costo de la vida, aunque este sólo fuera causado por la impune especulación comercial.
7/2/2017 5:45:25 p.m.
