Las leyes de la oferta y la demanda son aplicadas al consumidor consuntivo (consumidor final), no así al consumidor productivo (fabricantes e intermediarios).
Esto se traduce en que mientras el consumidor final debe sacrificar su renta e inclusive reducir su cesta básica ante precios elevados, el comerciante se limitaría a trasladar los precios de compra, aun los más elevados, al costo de producción y en consecuencia al precio de venta y someter así al consumidor precios que posiblemente no pueda cubrir sin menoscabo de su confort.
De partida, pues, el consumidor es el gran perdedor o la parte débil en la relación vendedor-comprador, razón por la cual, ante tal indefensión de mercado, el Estado debe actuar en su defensa.
Los comerciantes también se someten a la oferta-demanda, al precio de mercado, pero, dado éste, si a todas luces resulta impagable por el consumidor, si lo hace ya sería con fines que ya no encajan en las condiciones normales para las que fue autorizado y permisadado para ejercer el comercio.
De allí que el Estado deba intervenir cada vez que los comerciantes opten por subir los precios para mantenerse abierto al consumidor, en lugar de presionar a su proveedor o al fabricante para que baje los precios ya, que de otra manera, la ley oferta-demanda se estaría aplicando sólo al consumidor final, no a los fabricantes ni a sus correspondientes distribuidores, intermediarios o comerciantes en general.
