Prometiendo que la dolarización acabará la hiperinflación, Francisco Rodríguez, abrió el debate sobre ese tema de trascendencia nacional que no debe circunscribirse al ámbito económico, ni a la opinión exclusiva de técnicos especialistas, porque la adopción de una medida de esa naturaleza, además de su discutible eficacia para Venezuela y de ser solo una de las estrategias posibles para lograr el equilibrio cambiario, su alcance rebasa la dimensión económica porque trastoca la esencia del sistema republicano y compromete la soberanía. Para aplicarse habría que transformar el Estado, además de las bases doctrinarias contenidas en el preámbulo y en los principios fundamentales de la carta magna. Por ello, es obligatorio que previamente el pueblo se pronuncie en un referéndum consultivo si quiere o no cambiar la Constitución.
Asumiendo la premisa de que la generación de dinero inorgánico por el BCV es lo que determina la hiperinflación, el proponente afirma que al cerrar el grifo del ente emisor y subrogar sus competencias a la Reserva Federal de EEUU, ésta se "frenaría en seco". Lo cierto es que, con la amputación de ese órgano, el Estado estaría reconociendo su incapacidad permanente para gestionar las políticas monetaria y cambiarias, renunciando a tener su propia moneda y una política económica independiente. Ese mismo razonamiento podría aplicarse también al TSJ, por ejemplo, si el Estado se declara "discapacitado" para administrar la justicia y acepta someterse a la tutela jurídica de las "cortes coloniales" que sería el paso siguiente. Pareciera que la ruta de la dolarización conduce inexorablemente a perpetuar la condición de Venezuela como neocolonia primario exportadora, al esposarse a los grillos del consenso de Washington bajo a los designios del gran capital corporativo transnacional.
En ese contexto, la dolarización del salario nominal podría ser fugaz como una "luz de bengala". Lo importante es que el salario real mantenga y mejore su poder adquisitivo progresivamente, lo cual no se garantiza con el solo hecho de expresarlo en dólares. El derecho a la indexación del salario mínimo con la canasta básica, establecido en la Constitución, tiene su fundamento en la justicia social, con independencia del tipo de cambio que se adopte. Esa debería ser la base para re-valorizar la remuneración salarial.
